MinEducación busca sacar a rector de la UdeA y avanzar en solución de crisis financiera

Con el paso de los meses y la compleja crisis financiera que afronta la Universidad de Antioquia, también se agudizan las tensiones de la institución con el Ministerio de Educación en el marco del proceso de inspección y vigilancia que inició desde finales de julio de 2025.Y es que a acciones adelantadas ,como la recopilación de informes técnicos y el nombramiento de una inspectora in situ para verificar procesos administrativos en la Alma Mater, una nueva decisión que está en etapa de notificación podría generar nuevas polémicas.Se trata de la solicitud del Ministerio para apartar del cargo hasta por un año prorrogable al rector John Jairo Arboleda conforme avance la recuperación financiera de la universidad. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, explicó que la información solicitada en las últimas semanas ha evidenciado asuntos como dificultades en la fluidez de caja y el deterioro financiero."Estas medidas se desarrollan cumpliendo el debido proceso, la argumentación por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia y las competencias que le atribuyen al ministro de Educación por delegación del presidente de la República. Las mismas tendrán su ejecutoria en los términos que define la ley", advirtió el funcionario.El Ministerio aclaró que la decisión de reemplazo del directivo, quien contó con el respaldo del Gobierno nacional para su reelección, aún no se encuentra en firme, pues está en etapa de notificación, la cual se adelanta a través de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía.También, destacó el Ministerio, que con la notificación personal remitieron una copia de la misma decisión al Consejo Superior Universitario.Esta decisión se conoce en medio del rechazo que la institución de educación superior ha mostrado a pronunciamientos del Ministerio frente a temas como el reciente ultimátum para presentar un plan que le permita salir de su crisis financiera.La Universidad de Antioquia calificó como “preocupante” el tono usado por el Ministerio en sus comunicaciones porque “además de perentorio, deja abierta la posibilidad de sanciones y decisiones administrativas subsecuentes que, más que ayudar a resolver la crisis que nos aqueja, generan un clima de zozobra”.