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Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades, denunció seguimientos y hostigamientos durante los últimos días a su residencia en el occidente de Medellín. Asegura que hubo omisión de la policía durante procedimiento a un vehículo sospechoso de estas acciones
Concejales y funcionarios de la administración distrital en Medellín no serían los únicos que tienen en riesgo su seguridad por cuenta de posibles atentados en su contra, pues un reconocido presidente de una ONG y analista del conflicto denunció una situación similar en las últimas horas.
Se trata de Fernando Quijano, presidente de Corpades, quien destacó que aparte del desmonte progresivo en los últimos meses de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección para él y otro integrantes de la entidad, ahora se han sumado seguimientos y hostigamientos con movimientos sospechosos en inmediaciones de sus viviendas, en el occidente de la ciudad.
Una de las situaciones que genera mayor inquietud para Quijano tiene que ver con el presunto seguimiento de un vehículo aún no identificado desde hace cerca de una semana. El afectado destacó que la fuerza pública ha sido lenta en su respuesta para atender las alertas, pero además tras requerir a los ocupantes del carro sospechoso los habrían dejado ir sin cumplir con algunos requisitos legales.
“Los vecinos muy preocupados, obviamente nosotros totalmente apenados, una familia en su sobre y con susto y una Policía que se queda callada ante lo más grave que está pasando. Hoy un carro ilegal se les pasó por las narices, lo miraron, lo dejaron pasar”, aseguró Quijano.
Quijano no descarta que tras estos movimientos que generan zozobra se encuentren miembros del Tren de Aragua ante las denuncias que Corpades ha hecho sobre este grupo criminal y su injerencia en Medellín o incluso miembros de la fuerza pública involucrados con grupos criminales.
“Si son ilegales, entonces, miraremos hacia el tren. Si no son los ilegales, pero son uniformados que actúan como ilegales, podríamos mirar los magníficos que se vienen a ser oficiales de la policía que trabajan en lo ilegal, que desafortunadamente así se llama la carpeta en la Fiscalía”, agregó.
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Varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han expresado su solidaridad con Quijano y han solicitado a la UNP brindar las garantías necesarias para su seguridad y el ejercicio de su labor.
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