“Necesitan poner personas en ese contrato”, dijo la directora del Jardín Botánico en Medellín, Claudia García, durante una audiencia preparatoria del juicio por presunta corrupción en contrato para el mantenimiento de zonas verdes en la ciudad.
Aseguró que le quitaron recursos para ese fin por presuntamente haber negado a realizar acciones ilegales
El inicio de la audiencia de imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento contra el exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio, y otros tres exfuncionarios más no fue la única que se llevó a cabo recientemente por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración de Medellín.
Y es que, ante el Juzgado Décimo de Conocimiento, se llevó a cabo la primera audiencia preparatorio del juicio por posibles irregularidades en un contrato de 12.000 millones de pesos para el mantenimiento de zonas verdes en la capital antioqueña y que involucra a Metroparques, la Secretaría de Infraestructura y la Reforestadora El Líbano.
En medio de un dossier de 200 pruebas y 21 testimonios, en la primera sesión fue escuchada la versión de la directora del Jardín Botánico, Claudia García, entidad que por años se encargó de esas labores y que fue entregado durante la administración de Daniel Quintero a Metroparques.
Durante su intervención, García recordó una serie de comunicaciones que en mayo de 2020 tuvo inicialmente con la subsecretaria de Infraestructura, Jennifer Quiceno, sobre cómo eran los procesos de contratación en el Jardín Botánico.
La directiva recordó que le explicó a Quiceno cómo se llevaban a cabo estos procesos con convocatorias abiertas y diferentes filtros, pero posteriormente recibió una llamada de la supervisora de ese contrato, Astrid Elena Barrera, quien habría sido mucho más clara sobre las intenciones de la subsecretaria.
"Me preguntó que yo qué le había dicho a la subsecretaria, le expliqué cómo lo acabo de hacer en este momento, el contenido de esa conversación. Me dijo que es que a mí me faltaba experiencia, que yo no había entendido lo que me estaban pidiendo. Que me dijo, esta gente está muy endeudada y necesita poner unas personas en ese contrato", reveló.
Luego de ese cruce de mensajes, la directora del Jardín Botánico advirtió que fue notificada dos días después frente a la disminución en 5.000 millones de pesos del contrato que tenían, pues la administración distrital debía “atender la emergencia del Covid-19”.
En el caso en el que son procesados Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano SAS, se investiga un presunto direccionamiento de ese contrato favoreciendo a tres empresas de un mismo núcleo familiar mediante estrategias como invitaciones privadas.
Como precedente en el actual juicio, la Procuraduría General de la Nación ya destituyó e inhabilitó por nueve años a Urrego y Liévano por la celebración y modificación de ese contrato sin los estudios técnicos requeridos acerca de las dificultades derivadas de la pandemia.
Además no hubo justificación adecuada para su extensión e inyección de más recursos a los 5.200 millones de pesos iniciales.
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