Violencia en Antioquia ya deja unas 1.800 personas desplazadas y confinadas

Con tres municipios afectados por la violencia, el panorama humanitario se sigue agravando en Antioquia por cuenta de la persistencia de acciones de grupos armados, con especial injerencia en el Norte y Nordeste del departamento.Entre desplazamientos y confinamientos ya son unas 1.800 las personas afectadas por cuenta de esta situación atendida no solo desde la seguridad por parte de la fuerza pública, sino desde lo humanitario por las administraciones locales y la propia Gobernación de Antioquia.El panorama más complejo se registra en el Nordeste del departamento donde 47 familias ya se han desplazados desde la vereda Los Toros de Amalfi, 32 de las cuales han llegado por facilidad logística hasta el vecino municipio de Anorí.Allí también hay otros 22 núcleos familiares en una situación similar que han tenido que huir de sus hogares por la situación que se reporta en el corregimiento de Liberia. El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, explicó que sigue siendo insuficiente la capacidad de la fuerza pública para hacer frente a la amenaza armada que se desarrolla en un extenso territorio inclusive limítrofe con el Bajo Cauca."Es insuficiente porque es que es un territorio bastante vasto, muy grande, y sí hace mucha más falta, más presencia, porque yo diría que en este momento se encuentra en desventaja la fuerza pública. No hay suficientes unidades para atender esta emergencia", advirtió.A propósito del Bajo Cauca, autoridades departamentales de seguridad reportaron en el municipio de El Bagre el confinamiento al que se han visto obligadas 638 familias de 12 veredas, además de la recepción en los últimos días de 11 núcleos provenientes del Sur de Bolívar que han llegado hasta territorio antioqueño buscando refugio de las confrontaciones entre grupos como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.En toda la subregión el Ministerio de Defensa ordenó evaluar la estrategia de seguridad y en menos de un mes revisar avances en esta materia. Disputas por el control de rentas ilegales y zonas estratégicas de movilidad hacen parte de los intereses de los grupos al margen de la ley para permanecer en estas zonas.