Cundinamarca hace práctica ilegal para quedarse con impuestos de bogotanos: concejal David Quintero

El concejal y vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, ha denunciado públicamente una "práctica ilegal" por parte de Cundinamarca que, según sus declaraciones, busca apropiarse de los impuestos que legítimamente corresponden a los ciudadanos de la capital. Quintero aseguró que esta situación, que él denomina una "guerra de matrículas", ha generado una competencia desleal y un significativo desfalco a las finanzas de Bogotá.Descuentos ilegalesLa práctica ilegal denunciada por el concejal Quintero inicia con la matrícula de vehículos en municipios de La Sabana, donde los costos iniciales son más baratos. Posteriormente, Cundinamarca otorga descuentos anuales que inicialmente alcanzan el 50% y luego el 20% sobre el impuesto vehicular.El concejal enfatizó que estos descuentos son manifiestamente ilegales. Para institucionalizar esta práctica, el gobernador de Cundinamarca y la Asamblea Departamental crearon la Ordenanza 002 del 2024. Quintero anunció que presentará una demanda contra esta ordenanza para "nivelar la cancha" y eliminar lo que considera una competencia desleal entre municipios.La ilegalidad de estos incentivos se fundamenta en la Ley 488 de 1998, la Ley 748, y sentencias previas del Consejo de Estado. Según Quintero, el impuesto vehicular es un tributo de creación nacional, establecido por el Congreso con una tarifa única. El Consejo de Estado ya ha emitido sentencias específicas sobre este tema, incluyendo una del 10 de marzo de 2022 y otra del 10 de julio de 2014, ambas de la Sección Cuarta.Pérdida millonaria para BogotáEl impacto financiero de esta práctica en las arcas de Bogotá es cuantioso. Desde el año 2015, la capital ha dejado de recibir cerca de 1.1 billones de pesos. Para ilustrar la magnitud de esta pérdida, el concejal Quintero comparó la cifra con el costo de seis grandes obras sociales: los Centros de la Felicidad de Chapinero, los dos de Suba, San Cristóbal y El Tunal.Esta situación no es nueva. En 2008 existió un acuerdo entre Bogotá y Cundinamarca para no aplicar tales descuentos, el cual fue respetado hasta 2015, cuando Cundinamarca empezó a reintroducir y publicitar incentivos para llevarse el recaudo. Quintero señaló que Cundinamarca tiene prácticas reiterativas para aprovechar el mercado de Bogotá y quedarse con los tributos, mencionando también el caso de la estampilla del trago.El rol de los ciudadanos y la necesidad de mediaciónAunque muchos ciudadanos registran sus vehículos donde los impuestos son más baratos, Quintero aclaró que la discusión no recae sobre ellos, ya que actúan legítimamente al buscar ahorrar dinero. El problema fundamental son los incentivos ilegales creados.Además de los descuentos, existe otra práctica recurrente: los vendedores de concesionarios en Bogotá ofrecen registrar vehículos en municipios lejanos, incluso en lugares como San José del Guaviare, debido a que el trámite puede hacerse por internet y resulta más económico.El concejal sugirió que la Agencia Regional de Movilidad o la Región Metropolitana deberían prestar sus buenos oficios para mediar en el conflicto tributario y lograr acuerdos. No obstante, cualquier acuerdo debe basarse en el respeto a la ley y exige que Cundinamarca derogue la Ordenanza 002.Escuche aquí la entrevista: