Secretaría de Integración Social interpuso denuncia por amenazas de muerte en contra de comisarios

La Secretaría de Integración Social denunció las amenazas de muerte, en contra de comisarios de familia, que fueron recibidas por medio de correo electrónico. Frente a los hechos, la institución se vio en la obligación de activar el protocolo de atención de amenazas en contra de funcionarios, quienes anuncian que fueron vulgares y atentaron en contra de la vida de los comisarios de familia.Tras conocer los hechos, la secretaría comenzó con el proceso de indagatoria, con el objetivo de salvaguardar la integridad y brindar seguridad a los funcionarios adscritos al despacho. La institución se contactó directamente con los comisarios de familia para poder conocer los hechos y saber cómo proceder con la investigación.“La Secretaría de Integración Social no tolera y rechaza de manera tajante cualquier acto de intimidación contra quienes protegen los derechos de las familias. Nuestra prioridad es su seguridad y la continuidad de la atención a la ciudadanía”, aseguró, Roberto Angulo, secretario de Integración Social.De inmediato, la entidad abrió un proceso jurídico interponiendo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, activando las rutas de protección con otras entidades, como: estación de Policía de Ciudad Bolívar – Policía Metropolitana de Bogotá, Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar – Unidad de Derechos Humanos.“Acompañaremos a nuestro equipo con acciones inmediatas y pertinentes en articulación con las autoridades que nos permitan salvaguardar la vida de nuestros funcionarios”, afirmó el secretario de Integración Social.Con las entidades, desde un primer momento, se revisó y analizó la situación de las amenazas de muerte y finalmente, se coordinaron las acciones a realizar y estrategias para mitigar estos casos que ponen en riesgo la vida de funcionarios que cumplen con su labor.Además, se tomaron medidas con la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar una supervisión en los contratos de transporte para generar acciones de apoyo inmediato a los funcionarios.