Un matadero clandestino en Bogotá y el rastro que llevó a bienes de $4.350 millones

Una vieja casa en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, parecía abandonada. Sin embargo, desde hace años había sido convertida en un matadero clandestino. Allí, sin ningún control sanitario, se sacrificaban reses robadas en municipios del oriente de Cundinamarca como Une, Chipaque, Ubaque y Cáqueza. Era parte del engranaje de “Los Pelones”, una banda delincuencial desarticulada en 2022.Aunque el grupo ya había sido golpeado por las autoridades, el inmueble seguía bajo su control. No solo lo usaban como punto de sacrificio, sino también como centro de operaciones para mover la carne robada. Las denuncias de la comunidad ayudaron a que la Policía confirmara que el lugar había reincidido en esa práctica. Esta vez, no bastaba con allanar: había que quitarles el poder económico.Por eso, el predio fue ocupado esta semana en una operación con fines de extinción de dominio. No fue el único. En total, fueron tres inmuebles y un establecimiento de comercio en Bogotá, Viotá y Tocaima, Cundinamarca, avaluados en más de 4.350 millones de pesos. Ahora pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).Uno de los otros casos está vinculado a una red de microtráfico que usaba menores de edad para distribuir drogas. La banda fue desarticulada en 2023, con la captura de nueve personas. Aunque los cabecillas estaban tras las rejas, algunos de los bienes que usaban para operar seguían intactos.El coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, explicó que estas acciones buscan afectar de forma directa las estructuras económicas de las organizaciones criminales. “No se trata solo de capturas, sino de atacar los bienes que les permiten sostenerse en el tiempo. Estos operativos se realizaron gracias al trabajo articulado con la Fiscalía y a la colaboración de la ciudadanía”, señaló.Ambos casos, aunque distintos, tienen un punto en común: los inmuebles eran herramientas clave para mantener a flote las actividades ilegales. Las autoridades, con apoyo de la Fiscalía y gracias a la información ciudadana, lograron cerrarles el camino económico.Más allá de las investigaciones penales, esta vez el golpe fue directo a los bolsillos. Y la Policía advierte que vendrán más acciones de este tipo para desmantelar las estructuras que, incluso tras su desarticulación, siguen dejando huella en los territorios.