Falta de pie de fuerza agrava violencia armada en Chiriguaná, Cesar: esto dijo su alcalde
“Tenemos la necesidad de ampliar a otros cuadrantes y poder hacer presencia en estos corregimientos", indicó el alcalde de Chiriguaná.
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La Defensoría del Pueblo emitió recientemente la alerta temprana 009 de 2025 para el municipio de Chiriguaná, en Cesar, debido a la grave situación de violencia que protagonizan el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual vulnera los derechos fundamentales, como a la vida, libertad, integridad y seguridad, de su población urbana y rural.
La confrontación armada entre las dos estructuras se deriva de la lucha por el territorio, mientras que hay agregar la presencia del Frente 41 Cacique Upar, disidente de las extintas Farc que no formaría parte de ningún grupo mayor de las actuales disidencias con resonancia nacional; teniendo interés en consolidarse en el lugar.
Juan Carlos García, alcalde de este municipio, aclaró que la falta de pie de fuerza agrava la atención del conflicto, sobre todo, en zonas rurales.
“Tenemos la necesidad de ampliar a otros cuadrantes y poder hacer presencia en estos corregimientos. Al principio lo estábamos haciendo, pero existe una limitación en parte por la misma Policía que no puede moverse de manera oportunista por la zona corregimental”, dijo a Blu Radio.
“Estas dinámicas afectan seriamente a la población civil, la expone a homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, cobro de extorsiones y restricciones a la movilidad y libertad. Las poblaciones más vulnerables a la actual situación son las personas socialmente estigmatizadas, pescadores ancestrales artesanales, el campesinado, afrodescendientes, personas que ejercen liderazgos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes del pueblo indígena Zenú”, expresó la Defensoría en un comunicado.
“Entre febrero del 2023 y enero del 2025, la Defensoría tuvo conocimiento de al menos 20 homicidios en Chiriguaná. De estos, 11 son atribuidos al EGC (como método de la mal llamada ‘limpieza social’), cinco fueron cometidos en contextos de criminalidad, de tres sería responsable el ELN (cuyas víctimas fueron un exmilitar, un ex-Farc y, presuntamente, un exparamilitar) y uno tendría como autor a un grupo disidente (la víctima, un exparamilitar)”, agregó.
El municipio, con una población de 32.291 habitantes (19.041 en el área urbana y 13.250 en la zona rural), comparte con la Jagua de Ibirico las ecorregiones estratégicas de la Serrranía del Perijá, de alta atracción para los intereses ilícitos de los grupos armados ilegales. El riesgo está para su zona urbana y sus corregimientos Poponte, con 15 veredas; Rinconhondo, con ocho veredas; La Aurora, con cinco veredas, y La Sierra, con 11 veredas.
Dado el nivel de riesgo extremo, la Defensoría del Pueblo les formuló 31 recomendaciones a los entes estatales competentes, como los Ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Chiriguaná, entre otros, con el propósito primario de que pongan en marcha acciones urgentes, bajo la perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).
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Las recomendaciones, contenidas en el documento de prevención y advertencia, parten de nueve enfoques: coordinación de la respuesta rápida, acciones de paz para la prevención, disuasión del contexto de amenaza con enfoque de seguridad humana y protección para las comunidades, investigación y acceso a la justicia, medidas de prevención y protección, medidas para la asistencia y acción humanitaria integral, acciones de política pública para la mitigación y superación de vulnerabilidades sociales, fortalecimiento comunitario y organizativo, así como acompañamiento y gestiones preventivas del Ministerio Público.