En el Atlántico se están llevando a cabo las investigaciones alrededor de la cesión gratuita de dos lotes en el municipio de Puerto Colombia, que estaban destinados al uso público, pero que terminaron en manos de particulares luego de que Steimer Mantilla Rolong los entregara a particulares cuando era alcalde del municipio entre los años 2016 y 2019.
El caso ya ha sido denunciado ante la Fiscalía y ahora el presidente Abelardo de la Espriella también puso sus ojos en él.
Durante la posesión de Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general, el jefe de Estado se refirió a la corrupción relacionada con el robo de tierras y puso de ejemplo lo ocurrido con estos terrenos, que fueron donados por el Grupo Argos en 2009 y 2017. Sin embargo, nueve años después siguen sin ser convertidos en lo que inicialmente se quería para ellos: un parque infantil y zonas verdes.
“Un terreno destinado a un parque infantil en Barranquilla fue apropiado irregularmente con la permisividad de funcionarios del ejecutivo. Cuando un servidor público permite que un inescrupuloso se adueñe ilegalmente de un espacio, de un contrato, de una posición destinada al bien común, está lesionando el vínculo moral entre los ciudadanos y quienes tienen el deber de servirles”, dijo inicialmente.
El presidente aseguró que así como combatirá a los criminales en las calles, también buscará a los funcionarios que se estén adueñando del dinero de los colombianos.
Le puede interesar: Imputan cargos a capturados por robo de tierras en Atlántico
Publicidad
“Los voy a identificar donde sea que estén, los voy a individualizar, los voy a denunciar y dentro de mis competencias legales y constitucionales los perseguiré hasta entregarlos a la administración de justicia como en derecho corresponde”, agregó.
Uno de los lotes objeto de la controversia, el cual tiene 5.082 metros cuadrados quedó en manos de un hombre identificado como Francisco Javier Pizarro Guerra y el segundo, de 33.637 metros cuadrados aproximadamente, fue puesto a nombre de Alfredo Manuel Montoya Hoyos.
Por estos episodios, hay una denuncia penal del exalcalde Wilman Vargas Altahona, quien vino después de Steimer, en la que se habla de falsedad en documento público y fraude procesal al informar presuntas irregularidades en la matrícula de uno de los terrenos y otra del actual alcalde Plinio Cedeño, en la que piden pide dejar sin efecto ambas entregas.