Garantizan atención médica y alojamiento en Barranquilla para usuarios de la Nueva EPS
Las alarmas se encendieron la semana anterior cuando estos mismos pacientes denunciaron por redes sociales que los estaban “devolviendo para morir”.
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Luego de una mesa de trabajo que fue solicitada por la misma Gobernación de San Andrés y Providencia, la Procuraduría General de la Nación decidió garantizar la prestación de los servicios de alta complejidad para los pacientes isleños trasladados a Barranquilla por la Nueva EPS, así como unas condiciones más adecuadas de alojamiento y transporte en el Hotel Fontamar, ubicado en el centro de esta ciudad.
Las alarmas se encendieron la semana anterior cuando estos mismos pacientes denunciaron por redes sociales que los estaban “devolviendo para morir”, haciendo referencia a la imposibilidad de tener atención en procedimientos como radioterapia y quimioterapia en San Andrés.
Así las cosas, el ente de control recibió desde la Nueva EPS, y la Superintendencia Nacional de Salud, las razones administrativas que originaron la situación y validó caso por caso para asegurar la prestación de los servicios.
“En mesa de trabajo con la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud, el ente de control reiteró la obligación de garantizar sin interrupción los tratamientos, así como condiciones dignas de alojamiento y transporte para pacientes y acompañantes. La empresa de salud explicó las razones administrativas que originaron la situación y validó caso por caso para asegurar la prestación de los servicios”, se puede leer en el comunicado de la Procuraduría.
“Posteriormente, en visita al hotel, la Procuraduría acompañó a los usuarios y constató que la EPS confirmó que no serán desalojados y que cuentan con autorizaciones vigentes para continuar con el hospedaje y traslado, garantizando así la continuidad de la atención en procedimientos como radioterapia y quimioterapia”, agregan.
Finalmente, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de velar por el goce efectivo de los derechos fundamentales, propiciar escenarios de diálogo entre las entidades y la ciudadanía, y prevenir vulneraciones a la salud y dignidad de los pacientes.