El Parque Nacional Natural Tayrona volvió a convertirse este miércoles en el epicentro de la tensión en Santa Marta. Pese a la resolución 091 del 17 de febrero, con la que Parques Nacionales Naturales ordenó el cierre temporal del área protegida por riesgo para visitantes y funcionarios, autoridades del cabildo kogui en Magdalena decidieron abrir el acceso y asumir, por su cuenta, el cobro de ingreso y del seguro que normalmente se paga en las taquillas oficiales.
La escena se vivió en el sector de El Zaino, principal puerta de entrada al Tayrona. Allí, líderes indígenas instalaron su propio control de paso como parte de lo que llaman una “protesta pacífica” contra la Unidad de Parques Nacionales.
“Estamos aquí en protesta pacífica, porque no han querido reconocernos como autoridad en el territorio y eso ha afectado a la comunidad indígena, vulnerando sus derechos al trabajo y a la vida”, explicó Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, al justificar la decisión de permitir el ingreso de turistas pese a la medida nacional.
El inconformismo indígena se agudizó después de las demoliciones ordenadas por Parques a estructuras turísticas levantadas dentro del área protegida. Según Moscote, se trataba de adecuaciones para que las comunidades tuvieran un espacio de trabajo.
“Las locaciones que se estaban haciendo para la comunidad fueron demolidas. Hoy estamos en contra de eso y pedimos que el director de Parques, el Ministerio de Ambiente, la Presidencia y los entes de control vengan al territorio y se sienten a garantizar los derechos de campesinos, indígenas y del mismo Estado”, reclamó.
Del lado institucional, Parques Nacionales sostiene que la decisión de cierre responde a un escenario de riesgo que se salió del plano administrativo. En la resolución 091 se advierten bloqueos en los accesos, cobros no autorizados, intimidaciones al personal y el ingreso de visitantes por rutas afectadas por las lluvias recientes, sin las garantías mínimas de seguridad. Por esas razones, el Gobierno ordenó suspender temporalmente el ecoturismo mientras se restablece el control pleno del área y se coordinan acciones con los ministerios de Ambiente y Defensa.
La crisis golpea de frente al sector turístico de Santa Marta. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, recordó que el Tayrona no es solo un destino emblemático, sino el sustento de miles de familias.
“Cada cierre, cada bloqueo y cada conflicto nos afecta como ciudad. Hay comunidades ancestrales, campesinos, prestadores de servicios, operadores turísticos, proveedores, transportadores y comercio que dependen de esa zona. El camino no puede ser la confrontación, tiene que ser el diálogo, los acuerdos y compromisos verificables”, advirtió.
García también señaló que muchos visitantes compraron paquetes luego del anuncio de reapertura parcial del parque y hoy se encuentran con un nuevo cierre decretado por el Gobierno, al tiempo que se enteran de que el ingreso está siendo controlado por las comunidades.
“Proteger el parque es proteger el empleo y el sustento de las familias. Se necesita unidad y presencia articulada de las autoridades civiles, militares, policiales y de control para garantizar seguridad e institucionalidad”, añadió.
Mientras el Gobierno mantiene oficialmente clausurado el Tayrona y refuerza su presencia en la zona, los koguis insisten en que no se irán hasta que haya acuerdos claros sobre el manejo del territorio y las oportunidades económicas para las comunidades vecinas.
En medio de ese pulso, el parque natural más famoso del Caribe colombiano permanece atrapado entre la conservación, las reclamaciones históricas y la incertidumbre de un turismo que, por ahora, no sabe con certeza si está entrando a un destino abierto o cerrado.
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