La Corte Suprema de Justicia precluyó la investigación que se adelantaba contra los magistrados del Tribunal Superior de Santa Marta Carlos Milton Fonseca Lidueña, José Alberto Dietes Luna y Juan Bautista Baena Meza, indiciados por los presuntos delitos de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público y cohecho propio.
El caso se originó por la pérdida del cuaderno de segunda instancia dentro del proceso penal contra Hugo Quintero Cervantes, condenado en 2010 por peculado por apropiación, involucrado en el millonario desfalco al Instituto de Seguros Sociales en Ciénaga, Magdalena. En octubre de 2011, el Tribunal confirmó la condena y revocó el beneficio de prisión domiciliaria, ordenando su captura.
Sin embargo, posteriormente se advirtió la desaparición del cuaderno que contenía la decisión de segunda instancia. A raíz de ello se promovió una investigación penal en contra de los magistrados.
La Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema solicitó la preclusión al concluir que, tras el análisis de los elementos materiales probatorios, no existía evidencia que demostrara la intervención de los magistrados en la pérdida del expediente ni en un eventual pago para propiciar su desaparición.
La Sala Especial determinó que el expediente fue remitido a la Secretaría del Tribunal el mismo día en que se profirió la sentencia y que, a partir de ese momento, los magistrados perdieron control material sobre el proceso. Según el análisis judicial, las irregularidades se produjeron con posterioridad, en la fase administrativa.
La Corte también cuestionó la credibilidad del testimonio que originó los señalamientos, al advertir ausencia de corroboración objetiva y circunstancias que afectaban su imparcialidad. En consecuencia, la Sala resolvió precluir la indagación a favor de los magistrados, decisión contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación.