La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y al agente interventor de la Essmar, Herney Velásquez, detallar las medidas que se han implementado para acatar un fallo judicial que ordena solucionar el rebosamiento de aguas residuales en la capital del Magdalena.
La orden judicial, emitida en 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena y ratificada en 2023 por el Consejo de Estado, obliga al Distrito y a la empresa de aseo a realizar un estudio técnico del sistema de alcantarillado pluvial y ejecutar las obras necesarias para evitar que, durante las lluvias, las aguas residuales colapsen y se mezclen con el agua de escorrentía, poniendo en riesgo la salud pública y contaminando el medio ambiente.
De no cumplirse, advierte el ente de control, la ciudad seguirá expuesta a emergencias sanitarias y daños ambientales de gran magnitud, que no solo afectan a los barrios más vulnerables, sino que también comprometen ecosistemas estratégicos y generan un riesgo latente de enfermedades asociadas al contacto con aguas contaminadas.
En su comunicación, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios del Ministerio Público también requirió información sobre las estrategias adoptadas para prevenir inundaciones, especialmente en las zonas identificadas como de alto riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Este llamado llega en medio de la temporada de lluvias y de recientes emergencias que han dejado cientos de familias afectadas por las precipitaciones en Santa Marta, lo que para la Procuraduría evidencia la urgencia de cumplir con las medidas ordenadas y evitar que la situación siga afectando a la ciudadanía.
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