“Son grupos políticos”: Estefanel Gutiérrez sobre amenazas por apoyo a candidatos en Barranquilla
El candidato aseguró que está siendo víctima de presiones e intimidaciones sistemáticas para afectar el desarrollo de su campaña política.
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La zozobra en la que se encuentran los habitantes del suroccidente de Barranquilla, a causa de las amenazas que los obligaron a quitar las publicidades políticas que tenían en las fachadas de sus casas, al parecer no vendría de bandas criminales, sino de grupos políticos, según la más reciente denuncia de Estefanel Gutiérrez, exconcejal y candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.
El aspirante aseguró que está siendo víctima de presiones e intimidaciones sistemáticas para afectar el desarrollo de su campaña política.
“Hay unos indicios muy claros por las formas y los mensajes que también me han llegado personalmente. Les molesta el discurso y que digamos lo que estamos haciendo, que llevemos un mensaje a Barranquilla. En muchos de ellos me dicen ‘negro vendido’, me quieren obligar a que yo piense distinto”, dijo a Blu Radio.
Del mismo modo, indicó que ya elevó el clamor ante la Policía para garantizar la seguridad, tanto suya como de la comunidad.
“El mensaje es claro para todas las autoridades. Le hemos pedido acompañamiento a la Policía, a las autoridades locales y nacionales para que brinden todas las garantías. Estamos frente a una de las decisiones más importantes de nuestro país. Se toma el próximo 8 de marzo. Necesitamos que brinden las garantías; no se pueden volver a repetir episodios de violencia en los que el Estado no pudo ni siquiera garantizar la seguridad a un senador de la República, como Miguel Uribe Turbay. Hay que dejar que la gente vote libremente, que escuche las propuestas y decida a quién va a acompañar”, agregó.
Cabe recordar que las amenazas mencionadas en Barranquilla tomaron relevancia este fin de semana, cuando residentes de barrios como La Manga, Me Quejo y Las Malvinas, entre muchos otros, escucharon audios en los que eran declarados objetivo militar por tener en las fachadas de sus viviendas publicidad política.
Según los involucrados, la única forma de mantenerlas era mediante el pago de dos millones de pesos como “multa” o, de lo contrario, matarían “hasta al más pequeño de sus casas”.