Traslado de cabecillas de 'Pepes' y 'Costeños' a Barranquilla no fue avisada a la Alcaldía

En un comunicado la administración distrital, que lidera el alcalde Alejandro Char, se mostró sorprendida por la decisión del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, de querer firmar el traslado a la ciudad de los cabecillas de las estructuras criminales de los Costeños y los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Cástor', y 'Digno Palomino', en coherencia con la política de paz urbana del Gobierno nacional y con los objetivos de proteger a la ciudadanía y evitar que se rompa la tregua entre ambos bandos, que se vence este 20 de enero.Afirma la Alcaldía que siempre ha apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de 'Digno Palomino' y alias 'Cástor', hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad.Frente a esta reacción el politólogo y analista Luis Trejos precisó que una de las falencias de este proceso de pre-diálogo entre 'Pepes' y 'Costeños', además de una futura negociación, es la no inclusión de las autoridades de Barranquilla y el Atlántico en esa mesa.“Tanto de la fase de prediálogo como del eventual diálogo que posiblemente se iniciaría después del 20 de enero, día en el que termina la tregua, de ese escenario han sido marginadas las autoridades distritales, y son precisamente esas autoridades las que han venido librando la lucha contra 'Pepes' y 'Costeños' en los últimos años”, argumentó el profesor Trejos.Mientras los traslados a la cárcel del Bosque de los cabecillas de las bandas criminales 'Pepes' y 'Costeños' se materializan, desde el Distrito hicieron un llamado a establecer canales de comunicación permanentes entre la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades distritales con el fin de anticipar o reaccionar rápidamente ante cualquier eventual alteración de la convivencia y la seguridad de los habitantes en el territorio y de las elecciones de Congreso y Presidencia que se avecinan.