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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó el derecho colectivo al uso y goce del espacio público de los habitantes del municipio de La Calera, por actuaciones y omisiones de entidades del orden nacional y del concesionario del corredor vial Perimetral de Oriente.
La sentencia se dio tras estudiar una acción popular interpuesta por ciudadanos que denunciaron la falta de aplicación de tarifas diferenciales en la operación de los peajes Los Patios y La Cabaña. Según los demandantes, las tarifas cobradas no reflejan las condiciones reales de la vía, que presenta deficiencias de mantenimiento, falta de señalización, riesgos de seguridad y es una zona de alto valor ambiental con más de 200 manantiales.
El Tribunal concluyó que tanto las entidades del orden nacional como el concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. incumplieron su deber de garantizar el uso equitativo del espacio público, generando una carga económica desproporcionada para los habitantes de La Calera.
Esta situación, indicó el fallo, contrastaba con otros municipios donde sí se han aplicado tarifas preferenciales, afectando su derecho colectivo al acceso equitativo a los bienes públicos. “Esta situación no solo repercute en la economía familiar, sino que genera un trato inequitativo frente a otros usuarios eventuales de la vía, configurándose así una vulneración de derechos colectivos”.
Como medida principal, la sentencia ordena exonerar durante un año del pago del peaje Los Patios a los residentes de La Calera, tanto del casco urbano como de las zonas rurales. Además, dispone la creación de mesas de trabajo entre la ANI, el concesionario, la Alcaldía Municipal y las Juntas de Acción Comunal para escuchar propuestas de la comunidad sobre la tarifa diferencial en el peaje La Cabaña.
El fallo también exige la elaboración de un estudio en tres meses que determine cuántos vehículos no pudieron acceder a los beneficios de tarifas diferenciales y los montos pagados en exceso, así como el diseño de un plan de mantenimiento para atender los puntos críticos del corredor vial.
El Tribunal reiteró que la función pública del urbanismo debe garantizar la equidad, transparencia y proporcionalidad en el manejo de las vías concesionadas.
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