Contraloría alerta sobre descalabros financieros y elefantes blancos en Buenaventura
En medio de la visita al municipio, el ente de control advirtió de posibles pérdidas cercanas a los 90 mil millones de pesos. Esto se sabe.
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En medio de una visita a Buenaventura, Valle del Cauca, la Contraloría General de la República alertó de tres situaciones puntuales que podrían afectar el patrimonio del municipio.
La primera de ellas es un presunto detrimento patrimonial del Estadio Marino Klinger, el cual presenta un avance del 30% con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos. Desde el ente de control evidenciaron que la obra se mantiene en completo abandono y no son nada funcionales para la ciudadanía.
“El contrato, cuyo valor total asciende a $39.945 millones, contempló un anticipo del 30%, equivalente a $11.983 millones y 5 solicitudes de avance de desembolso de obra pagadas por valor de $7.971 millones. Al estar vencido el plazo contractual, el contratista no puede amortizar el valor pendiente del anticipo, lo que representa un riesgo fiscal y compromete la recuperación de los recursos públicos entregados, en una obra que no genera ningún beneficio para la comunidad”, dice la Contraloría.
La segunda advertencia es un incumplimiento por parte de la Concesión Puerto Solo, quien dejó de pagar hasta 66.000 millones de pesos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La Contraloría evidenció que este contrato permitía que el operador usara de manera temporal un espacio del Estado para que construyera y administrara un terminal marítimo de uso público en ese municipio.
“Resulta importante destacar que el daño fiscal está representado en la imposibilidad de que Invías y el municipio de Buenaventura puedan recibir, adecuada y oportunamente, lo que les corresponde por el pago del concesionario de esta contraprestación portuaria que, por ley, se distribuye en un 80% para aquel y un 20% para este, ocasionando así una disminución importante en sus ingresos”, dice el organismo.
Desde la Contraloría advirtieron, por último, de los riesgos fiscales y jurídicos que enfrenta la Nación por la situación del Muelle 13, un puerto que se encuentra paralizado por un pleito entre el Gobierno nacional y el operador del sitio.
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“La Contraloría ha venido acompañando este proceso, alertando oportunamente a las entidades responsables para prevenir posibles impactos económicos, jurídicos e incluso logísticos, en un sector que es estratégico para el adecuado desempeño del comercio exterior del país”, finalizó el pronunciamiento del ente de control.