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Otro capítulo tiene la novela de la concesión Covimar y la ANI sobre la vía Mulaló - Loboguerrero. En esta ocasión, Covimar emitió una carta aclarando que todavía hay disposición para continuar con el desarrollo de la vía, pero advirtió que, con el pasar de los años, la concesión ha tenido que asumir los aportes económicos del proyecto, relacionados con el pago al personal, el proceso de licencia ambiental y la compra de predios, superando el monto estipulado en el contrato.
Entre tanto, en el documento, que contiene más de cinco puntos de explicación, afirman que desde el 12 de agosto de 2021 solicitaron al Tribunal de Arbitramento la terminación del contrato. Sin embargo, la respuesta de la ANI fue que aún había disposición para alcanzar acuerdos sobre el proyecto. Dos años después, en 2023, se expidió un documento en el que se negaba la terminación del contrato, argumentando que, si había costos mayores para el concesionario (Covimar), debía hacerse el restablecimiento del equilibrio económico por parte de la ANI, pero no la finalización de la concesión.
“Por lo anterior y, una vez más, ante la indefinición por parte de la ANI, con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en julio de 2023 fue necesario convocar a un nuevo tribunal, buscando que este ordenara el restablecimiento de la ecuación económica del contrato y, de no ser posible, que se declarara su terminación anticipada”, afirmó Covimar.
No obstante, en fechas recientes, mencionando el año 2024, la concesión informó que la ANI se ha negado a reconocer la existencia de un desequilibrio económico en el contrato, aún cuando han pedido recursos adicionales al Ministerio de Hacienda, solicitud que fue negada.
“Ante esto, el concesionario acordó con la ANI y el Ministerio de Transporte tratar de conciliar, en el Tribunal de Arbitramento actualmente en marcha, la terminación del contrato, para que los recursos que están actualmente disponibles en un patrimonio autónomo, que a la fecha alcanzan la suma de $2,2 billones de pesos, fruto de las vigencias futuras aportadas por la Nación, pudieran utilizarse para la construcción de la carretera por cualquier otro licitante, en la modalidad de obra pública o para otro proyecto de infraestructura del país”, manifestó Covimar.
Por último, la concesión reiteró que, de las vigencias futuras asignadas para el proyecto, no han recibido un solo peso, enfatizando que han desarrollado labores con el dinero de los socios, que asciende a más de $2,2 billones de pesos.
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