Familias de diputados del Valle secuestrados por las Farc, inconformes con sentencia de la JEP

Las familias de los diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados por las Farc en abril del 2002, y asesinados cinco años después, hoy están viviendo un sinsabor, tras conocer la sentencia de ocho años que impuso la Jurisdicción Especial para La Paz al secretariado de esta extinta guerrilla.Después de casi 20 años de haber perdido a sus seres queridos, estas familias indican que aún no conocen la verdad de lo que sucedió con los once diputados y que el compromiso de poner a las víctimas cómo una prioridad en el proceso de paz no se cumplió."Vemos que esas demandas de verdad no fueron dadas, los relatos que hicieron los comparecientes fueron muy básicos, fueron mentiras, eso en realidad no es un aporte significativo al proceso de reparación que planteaba que las víctimas eran el centro. Lo que pase o no con relación a los ocho años, en mi caso no me aporta en absoluto, ya el daño fue ocasionado, el sufrimiento fue vivido y todo lo que se haga no traerá de vuelta a mi padre", expresó Laura Charry, hija del exdiputado Carlos Alberto Charry. Por su parte, Sigifredo López, quien es el único sobreviviente de los 12 diputados secuestrados, asegura sentirse burlado por la JEP, pues el trabajo social que se les ordena a los comparecientes no representa una verdadera reparación, ni un esclarecimiento de la verdad."No se conoció la verdad, en el caso de los diputados, de quienes estaban detrás del secuestro. ¿Quiénes fueron los que contribuyeron para que pudieran ingresar a la Asamblea del Valle y realizar el secuestro? Dijeron un nombre de alguien que no existía, de alguien que murió, en cambio yo estuve preso por eso. Callaron la verdad, en conclusión nos sentimos burlados. Las Farc no cumplieron su compromiso de verdad plena, ni de reparación de las víctimas", aseguró López.Las familias de los diputados aún cuentan con un recurso legal de la apelación de esta sentencia, para continuar en la búsqueda de la verdad que por dos décadas han estado exigiendo, sin embargo, aseguran que la reparación no está al alcance ni disposición de los comparecientes.