María José Ardila, de 23 años, participaba en una celebración con amigos cuando aceptó un reto que ofrecía un premio de 1,5 millones de pesos a quien lograra beber varias dosis de licor en tiempos cada vez más cortos: tres shots en cinco segundos, una cerveza sin parar y 13 segundos de aguardiente sin derramar una gota.
Minutos después, la mujer empezó a vomitar, se desplomó y sufrió una broncoaspiración. Tardó 17 minutos en llegar a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales.
Su padre relató que el establecimiento no contaba con ambulancia, ni personal médico ni protocolos de emergencia, pese a que promovía retos que implicaban un riesgo evidente. “Era una locura, nadie debía permitir eso”, dijo.
Para el abogado penalista José Moreno Caballero, este no es un accidente fortuito, sino una consecuencia directa de la negligencia y la imprudencia. En su análisis, el caso podría configurarse como un homicidio culposo, conforme al artículo 109 del Código Penal colombiano, que sanciona con prisión de 32 a 108 meses a quien cause la muerte de otra persona por culpa o descuido.
“El establecimiento creó un riesgo previsible y evitable. Promovió un reto que incitaba al consumo desmedido de alcohol sin control médico ni medidas de seguridad, con fines de lucro. En el derecho penal, eso no es diversión, es negligencia”, señaló.
El abogado recordó que el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016) obliga a los bares y discotecas a garantizar la seguridad de sus asistentes, y que la Ley 124 de 1994 prohíbe expresamente concursos o promociones que induzcan al consumo excesivo de licor.
Además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, según la cual el consentimiento de la víctima no excluye responsabilidad cuando el riesgo es creado por quien lo promueve.
“La discoteca no mató con un arma, sino con una imprudencia. La omisión también mata”, enfatizó Moreno Caballero. A su juicio, el caso debe ser investigado por la Fiscalía como homicidio culposo, no solo por las consecuencias penales sino por las implicaciones civiles que conlleva.
El caso deja al descubierto una falla recurrente en la cultura del entretenimiento: la delgada línea entre el negocio y la vida. La pregunta que queda abierta es quién debe responder: ¿el dueño del bar, los organizadores del reto o las autoridades que permiten estos escenarios? Mientras tanto, una familia llora a su hija y exige justicia para que la tragedia no se repita.
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