El Juzgado Primero Penal Municipal de Garantías, en audiencia y tras las declaraciones del fiscal que investigó las llamadas "casas de tortura", ordenó la detención en centro carcelario de 11 personas y dejó en libertad a otras 10 vinculadas al proceso.
Durante la audiencia, el fiscal narró situaciones de extrema crueldad. Reveló que, el mismo día en que se intervino una de estas casas, falleció un joven, Abraham Chía Robles, de 27 años, quien estaba recluido en uno de los llamados centros de rehabilitación. Se encontraba en un cuarto de 2 por 2 metros junto a otras nueve personas, confirmó el fiscal del caso.
Algunos jóvenes, durante la intervención, fueron encontrados esposados por la espalda y amarrados de pies, tirados en el suelo; varios de ellos eran menores de edad que, tras ingresar a estos centros, habrían sido víctimas de abuso sexual.
El fiscal aseguró que en uno de los centros encontraron un "cuarto de reflexión", un espacio “de 2×2 metros”, en el cual ingresaban simultáneamente internos con problemas psiquiátricos y adicciones, sin distinción alguna. A pesar del reducido tamaño del espacio, se introducía a gran cantidad de personas que debían permanecer de pie indefinidamente.
El 10 de septiembre de 2021 murió Abraham Chía Robles, de 27 años, un interno de una corporación ubicada en la carrera 21 con calle 41 de Bucaramanga. El joven fue golpeado y asfixiado mientras compartía el espacio con otras nueve personas. Los dos responsables de este hecho fueron capturados en flagrancia.
Esa misma noche, la Alcaldía de Bucaramanga realizó un operativo de inspección en el que se evidenciaron aparentes violaciones de derechos humanos y se encontraron 75 personas hacinadas en el lugar.
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La Fiscalía, con la colaboración de la Quinta Brigada del Ejército, capturó a 21 personas, 7 mujeres y 14 hombres, quienes utilizaban fundaciones como fachadas para cometer graves delitos como tortura, secuestro y tráfico de estupefacientes en Bucaramanga y el área metropolitana. Esta red criminal se enfocaba en vulnerar la libertad de personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y habitantes de calle.
El coronel Oswaldo Alexander Forero Moreno, comandante de la Quinta Brigada, informó que las capturas son el resultado de más de un año de trabajo de inteligencia por parte del Gaula Militar Santander, en conjunto con el Batallón de Ingenieros de Combate No. 5: “Estas personas operaban a través de ocho fundaciones, cada una con diferente razón social, ubicadas en el área metropolitana de Bucaramanga. Su modus operandi incluía la comisión de vejámenes inhumanos contra sus víctimas", destacó el coronel.
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La red, conocida como "Casa de Tortura", estaba compuesta en su mayoría por miembros de una misma familia y es acusada de múltiples delitos, entre ellos concierto para delinquir, secuestro, homicidio, desaparición forzada, tortura, acceso carnal violento y tráfico de estupefacientes.
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