El Juzgado Veintiséis Penal Municipal con función de Conocimiento de Bucaramanga falló a favor del concejal de Bucaramanga Carlos Parra en una acción de tutela contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. (AMB), ordenando a la empresa entregar la información sobre el contrato de los medidores con el que se pretende cambiar 150.000 en el área metropolitana de Bucaramanga
.
El concejal Parra interpuso la tutela luego de que el Acueducto se negara a responder completamente dos derechos de petición presentados el 12 de febrero de 2025, en los que solicitaba “informes de ejecución y evidencias del contrato No. 000083 de 2023 con Centroaguas S.A. E.S.P. sobre ensayos de medidores de agua, copia del informe de Centroaguas sobre la consultoría contratada mediante el contrato No. 025 de 2023, información sobre las empresas que realizaron el cambio de medidores de agua entre 2010 y 2024 y documentos sobre la selección de Centroaguas como laboratorio de referencia para ensayos de aptitud”, dice el fallo en los hechos.
El AMB respondió parcialmente alegando que parte de la información estaba bajo reserva legal según la Ley 142 de 1994 y el Código de Comercio y omitió información clave sobre los contratos y estudios técnicos.
Parra sostuvo que esta negativa obstruía su labor de control político y violaba su derecho fundamental de petición.
El Juzgado determinó que la negativa del AMB no era válida, pues al ser una empresa de servicios públicos con recursos públicos, está obligada a garantizar transparencia. En consecuencia, ordenó a la entidad suministrar la información requerida en un plazo de 48 horas
El concejal celebró la decisión y reiteró sus denuncias sobre presuntas irregularidades en la compra de los medidores de agua.
“El Acueducto se niega a entregarnos los estudios que justifican la compra de 150.000 medidores. Lo absurdo es que los estudios son posteriores a la compra, primero los compraron y luego hicieron los estudios, lo cual es un sin sentido absoluto”, afirmó Parra.
Según el concejal, la Ley 142 de 1994 permite que el Acueducto defina su propio régimen contractual, pero eso no lo exime de cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Al ser una empresa pública de servicios públicos, tiene la obligación de rendir informes al Concejo y cumplir con sus deberes de administración de recursos públicos”, indicó.
El próximo 11 de marzo, en una jornada que realizará la Superintendencia de Servicios Públicos
en Bucaramanga, los ciudadanos afectados por el cambio de medidores sin previo aviso podrán presentar sus denuncias. El evento se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en el auditorio de la biblioteca Gabriel Turbay.
“Esperamos que todas las personas que les cambiaron el medidor sin aviso, sin derecho de oposición, cuyo medidor no presentaba fallas, se acerquen para que la Superintendencia conozca las arbitrariedades que se están cometiendo”, afirmó el concejal.
Parra también denunció que el Acueducto compra los medidores a un precio y los impone a los usuarios a un costo mayor. “El negocio del Acueducto no es vender medidores, sino agua”, concluyó.