Gobernación de Santander autoriza venta de aguardiente Superior tras lío jurídico
La autorización para la comercialización del aguardiente Superior es por 10 años, prorrogables por el mismo tiempo.
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Después de todo el lío jurídico relacionado con la comercialización del Aguardiente Superior, fabricado por la Empresa Licorera de Santander, la Gobernación de Santander finalmente autorizó la introducción y venta del producto en los 87 municipios del departamento.
La autorización se formalizó mediante la Resolución 12030 del 25 de junio de 2025, con la cual la Secretaría de Hacienda otorgó el permiso a la Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC – ELS S.A.S. BIC en calidad de productor y distribuidor, para la introducción, distribución y comercialización de licores destilados de origen nacional dentro del departamento.
El producto autorizado es el Aguardiente sin azúcar, marca Aguardiente Superior Empresa Licorera de Santander, con un permiso de vigencia de 10 años, prorrogables por un periodo igual.
Cabe recordar que el departamento había expedido el decreto 823 de 2024, que suspendía por seis años la expedición de permisos para la comercialización de aguardientes. Sin embargo, esta medida fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-032 de 2025, al considerar que vulneraba la libre competencia y la libertad de empresa.
En marzo de 2025, la Empresa Licorera de Santander S.A.S. presentó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Gobernación, y anunció una demanda administrativa y disciplinaria por la negativa, en dos ocasiones, en abril de 2024 y marzo de 2025, a otorgar el permiso de introducción y comercialización del Aguardiente Superior.
Frente a esta situación, la empresa también interpuso una denuncia penal contra Nelson Javier López, exdirector técnico de ingresos de la Secretaría de Hacienda de Santander, quien firmó la primera resolución de negativa del permiso.
Actualmente, el Aguardiente Superior cuenta con autorización para su comercialización en Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Armenia, y se encuentra en proceso de aprobación en Norte de Santander, Cesar y otros departamentos de la Costa.