A ocho días del inicio de la huelga en la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, el sindicato de trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos de empleados que participan en el cese de actividades.
De acuerdo con el sindicato Sintraelecol, las cancelaciones se habrían realizado sin previo acuerdo y afectarían principalmente a personas próximas a pensionarse y a mujeres cabeza de familia, lo que -según advierten- incrementa el impacto social del conflicto laboral.
Juan Carlos Terán, presidente de Sintraelecol Bucaramanga, señaló que estas decisiones elevan la tensión en medio de una huelga que, hasta el momento, no ha logrado avances en la mesa de negociación. Los trabajadores sostienen que el paro se originó por desacuerdos relacionados con estabilidad laboral, condiciones contractuales y garantías para el ejercicio sindical.
El sindicato también manifestó su preocupación por la programación de mantenimientos preventivos que, según afirman, podrían derivar en suspensiones del servicio de energía en distintos sectores del departamento.
Aseguran que esta medida contraviene lo pactado en mesas técnicas con los ministerios de Minas y Trabajo, donde -según indican- se acordó garantizar la prestación continua del servicio esencial y realizar únicamente mantenimientos correctivos durante la huelga.
Pese al conflicto, los voceros sindicales aclararon que el suministro de energía no se ha interrumpido y que los servicios esenciales continúan operando con normalidad.
Ante la situación, solicitaron la intervención y vigilancia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos y proteger tanto los derechos laborales como el acceso de la ciudadanía a un servicio público esencial.
En medio de la controversia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado a las partes para que cedan en sus posiciones y permitan una salida negociada.
El jefe de la cartera energética incluso planteó la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitramento como mecanismo institucional para resolver el conflicto si no se alcanza un acuerdo directo.