La Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación penal contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por la pérdida de la chatarra de alumbrado público de Bucaramanga.
El ente acusador comunicó el traslado del expediente a los denunciantes del caso, Emiro Arias Bueno y Édgar Mauricio Díaz Millán.
Investigación contra minvivienda, Jaime Andrés Beltrán, por la supuesta pérdida de 60 toneladas de chatarra de alumbrado público y adornos navideños cuando fue alcalde de Bucaramanga, pasó a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema por actual fuero del investigado pic.twitter.com/W41Qi47RHn
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 15, 2026
El daño fiscal por el presunto robo de postes y luminarias de la Oficina de Alumbrado Público del municipio de Bucaramanga, ocurrido en 2024 en la Alcaldía de Jaime Andrés Beltrán, fue tasado por la Contraloría Municipal en 46.626 millones de pesos.
La cifra representa un incremento significativo frente al cálculo inicial de 21.000 millones, tras los avances de la investigación. El beneficiario de la chatarrización de ese inventario fue Óscar Ramírez Luquerna, cuñado de Beltrán y hermano de su esposa Paula Ramírez Luquerna.
Justamente, la Contraloría de Bucaramanga adelanta la investigación fiscal de este caso y, tras la elección de Yazmín González Vega como titular del despacho, su sobrino Wilson González Vargas fue nombrado por el Ministro de Vivienda como su asesor.
Publicidad
La investigación se sustenta, entre otros elementos, en tres CD que contienen más de 40 folios, así como en bitácoras de ingreso a los depósitos donde se almacenaban las luminarias. De acuerdo con el ente de control, el material, que no estaba registrado en el inventario oficial desapareció de dos bodegas y está avaluado en cerca de 46.000 millones de pesos.
El proceso también vincula a los exsecretarios de Infraestructura Jorge Alejandro García Henao e Iván José Vargas, así como a la actual titular de esa cartera, María del Rosario Torres. Igualmente, fueron incluidos los asesores Robin Castro y Jhon Fernando Larrota.
Este caso tuvo origen en una denuncia instaurada en 2025 por el entonces concejal Carlos Parra, lo que dio paso a las actuaciones del organismo de control que hoy avanzan en la determinación de responsabilidades fiscales.
Publicidad
Según el informe, el presunto detrimento patrimonial se compone de 760 postes avaluados en 2.500 millones de pesos, 27.102 luminarias por 1.600 millones, 431 reflectores por 2.130 millones y un transformador valorado en 26.000 millones de pesos.