El Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Sintraemsdes, denunció presuntas irregularidades administrativas en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y pidió la renuncia del gerente de la entidad, Juan Carlos Suárez, al cuestionar, entre otros aspectos, que desde hace cerca de un mes estaría realizando sus labores de manera remota desde Bogotá.
En un comunicado, la organización sindical aseguró que la ausencia física del gerente genera preocupación por la dirección de una empresa considerada estratégica para la ciudad y pidió a los organismos de control investigar lo que calificó como un posible abandono de funciones.
Óscar Estupiñán, integrante del sindicato del Acueducto de Bucaramanga, aseguró que esta situación se suma a una serie de decisiones de la actual administración que, según dijo, han generado inconformidad entre los usuarios.
“Venimos denunciando el acumulado ya de malas decisiones, de malas prácticas por parte del actual gerente”.
Entre los antecedentes mencionados por el sindicato está el anuncio de cambio de 100.000 medidores en un año y el posterior intento de aplicar un incremento tarifario de hasta 25%, medidas que, según Estupiñán, provocaron rechazo entre los usuarios y afectaron la imagen de la empresa.
A esto se suma la preocupación por una posible modificación de la estructura organizacional del Acueducto. Sintraemsdes sostiene que se estarían planteando cambios en algunos cargos que podrían representar incrementos salariales para funcionarios de la alta dirección. El sindicato pidió suspender esta modificación hasta que se conozcan sus alcances y se revise su conveniencia.
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Estupiñán cuestionó que mientras los trabajadores de base, según afirmó, han recibido respuestas relacionadas con falta de presupuesto cuando solicitan ascensos o nivelaciones, ahora existirían recursos para modificar algunos cargos y salarios.
Sobre la ausencia del gerente, el representante sindical señaló que el trabajo remoto puede ser válido, pero cuestionó que se mantenga durante varias semanas sin presencia en las instalaciones de la empresa.
Sintraemsdes además se refirió a la sanción de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que, de acuerdo con la información entregada por el sindicato, ascendería a más de $8.000 millones y estaría relacionada con decisiones tributarias adoptadas hace aproximadamente 18 años en torno al proyecto Piedras Blancas.
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Estupiñán aseguró que el sindicato ya puso el caso en conocimiento de la Contraloría para que se determinen las posibles responsabilidades administrativas. Según explicó, el organismo de control respondió que el asunto fue incluido dentro del plan de acción para 2027.
“Los usuarios somos los que terminamos pagando las malas decisiones de las administraciones”, sostuvo el dirigente sindical al referirse al impacto que, según su consideración, tienen este tipo de sanciones sobre las finanzas de la empresa.