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Rodolfo Hernández no aceptó cargos por financiación ilegal de su campaña presidencial

Rodolfo Hernández tampoco aceptó cargos Socorro Oliveros, esposa del excandidato presidencial, quien fue la gerente de su campaña.

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Rodolfo Hernández
Foto: AFP

En audiencia que se realizó la mañana de este viernes 12 de enero, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas aRodolfo Hernández y su esposa Socorro Oliveros, quienes no aceptaron la comisión del delito.

Para la Fiscalía, tanto Hernández como su esposa incurrieron en el delito. El excandidato, por aportar dineros propios a su campaña cuando estaba acusado en un proceso penal por presunta corrupción, hecho prohibido por la Ley 1475 de 2011 y Socorro Oliveros, quien fue la gerente de la campaña, por permitir el ingreso de los recursos que sumaron $127.654.500.

El proceso inició por una denuncia interpuesta en junio de 2022, tres días antes de la segunda vuelta presidencial, por los abogados vallecaucanos Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada, con el argumento de que Rodolfo Hernández habría violado la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas.

"La denuncia se presenta ante la Fiscalía General de la Nación porque hay una prohibición en la cual incurrió la campaña de Rodolfo Hernández y es que en nuestro Código Penal se advierte que no se pueden financiar con recursos prohibidos. Ninguna campaña puede recibir dinero ni ingresar en su presupuesto recursos que están prohibidos por la ley", sostuvo el jurista.

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Fuentes aseguró en su momento, en Mañanas Blu, que la destinación de recursos propios de Rodolfo Hernándezen la campaña presidencial incurre en la prohibición debido a que él fue imputado y tiene en su contra un escrito de acusación, el cual estaba en etapa de juicio.

"Cuando una persona está haciendo procesada en este caso en juicio como él y esa persona va a invertir en una campaña, no lo puede hacer si el delito por el cual se le investiga es un delito contra la administración pública. En este caso, el candidato está imputado, en juicio, por un delito contra la administración pública, por lo tanto, enmarca perfectamente en la prohibición. Él no puede utilizar sus propios recursos para financiar la campaña", declaró Fuentes.

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