La crisis por el suministro de agua en Barichara se profundiza. La Veeduría del Agua denunció que un reciente informe del Instituto Nacional de Salud que conocieron a través de la Superintendencia de Servicios Públicos confirma que la calidad del agua en el casco urbano se encuentra en un nivel de alto riesgo.
Según explicó el veedor del agua, Daniel Forero Quintanilla, en entrevista con Blu Radio, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) se ubica en 60, una cifra alarmante.
“Cero es agua potable y 100 es agua impotable. El agua en Barichara en el casco urbano es de alto riesgo porque el IRCA está en 60”, afirmó.
Forero aseguró que este pronunciamiento se logró tras semanas de presión ciudadana y cuestionó a las autoridades locales por minimizar la situación. Además, convocó a la comunidad, entes de control y autoridades a un encuentro público en el parque principal del municipio para socializar el informe.
El veedor también advirtió que el problema ha impactado la vida cotidiana de los habitantes. “Todo está paralizado porque nadie está usando el agua. La gente se está bañando con agua en bolsa o con agua lluvia hervida”, señaló, al tiempo que hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para intervenir la situación.
La crisis, según la veeduría, no es nueva. Recordó que desde enero de este año el Tribunal Administrativo de Santander ordenó medidas cautelares por el suministro de agua contaminada en zonas rurales, donde el IRCA alcanzaría niveles cercanos a 95, sin que hasta ahora se haya dado cumplimiento.
El alcalde de Barichara, Milton Chaparro, explicó días atrás que el cambio en el color y olor del agua se debe a dificultades en el tratamiento tras el uso de una nueva fuente hídrica.
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Según el mandatario, el suministro proviene actualmente de la represa El Común, donde el agua ha permanecido estancada por varios meses, con baja oxigenación y presencia de elementos como hierro, lo que complica su tratamiento.
“Cuando se le aplica el cloro, el agua toma un color naranja o café. Eso fue lo que se presentó al hacer el cambio de la represa de La Laja a la represa del Común”, indicó.
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Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reconoció la problemática y señaló que se trabaja en soluciones estructurales, aunque advirtió que estas tomarán tiempo.
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El mandatario departamental indicó que se proyecta la construcción de una planta de tratamiento con una inversión cercana a los $15.000 millones, mientras se continúan evaluando alternativas para mejorar el abastecimiento.
Entre tanto, la comunidad sigue a la espera de soluciones inmediatas que garanticen el acceso a agua potable, en medio de una crisis que ya completa tres semanas.
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