Contraloría advierte sobre billonario hueco financiero en la Nueva EPS

La Contraloría General de la República advirtió sobre graves irregularidades financieras y administrativas en Nueva EPS, tras un completar una veeduría en la que analizó información de 2022 a junio de 2025.Entre los hallazgos se destacan un aumento desmesurado de anticipos por $15,27 billones, facturas sin procesar por $22,1 billones, contratos incompletos, cuentas por pagar que superan los $21 billones y reservas técnicas subestimadas.La entidad enfrenta riesgos de liquidez y sostenibilidad, y la Contraloría evaluará posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.Lo hallazgosOperativo de policía judicial: la Contraloría recaudó 4.524 archivos de Nueva EPS, abarcando la vigencia 2022 hasta el primer semestre de 2025, incluyendo información técnico-asistencial, administrativa, jurídica y financiera.Incremento de anticipos: Los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones (2023) a $15,27 billones (junio de 2025), lo que representa un aumento del 155%, comprometiendo la liquidez institucional y aumentando el riesgo de detrimento patrimonial, especialmente los anticipos mayores a dos años por $143 mil millones.Facturas sin procesar: Existen 22,7 millones de facturas por $22,1 billones pendientes de revisión; 9,1 millones están duplicadas ($8,9 billones). Esto genera inconsistencias contables y financieras.Concentración de riesgo: 36 prestadores de 2.700 concentran el 40% del valor total pendiente ($5,2 billones), elevando el riesgo fiscal en caso de incumplimientos.Contratos incompletos: Falta documentación mínima exigida por la normativa (Decreto 441 de 2022), incluyendo copias de contratos, anexos y notas técnicas.Cuentas por pagar: Al corte de marzo de 2025, el saldo acumulado es de $21,37 billones, con $10,5 billones en anticipos y $8,7 billones en facturas pendientes, amenazando la sostenibilidad financiera de la EPS y la cobertura de la población afiliada.Reservas técnicas subestimadas: Se identificó un déficit de $11,1 billones en reservas técnicas, con falta de soporte de autorizaciones y facturas, reflejando baja liquidez.Riesgo general: La situación financiera y administrativa evidencia un deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. La Contraloría alertará sobre posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.