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El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) presentó la tercera edición de su informe “De Muerte Lenta”, un estudio independiente que analiza la evolución del derecho a morir dignamente en Colombia a partir de cifras oficiales, testimonios y revisión de barreras de acceso. El documento coincide con la conmemoración de diez años desde la reglamentación de la eutanasia en el país, vigente desde 2015.
De acuerdo con el informe, entre 2015 y 2024 se realizaron 1.044 procedimientos de eutanasia, con un incremento significativo en la última década: de 4 casos en 2015 a 352 en 2024, lo que representa un aumento del 29,9 % frente al año anterior. A pesar del crecimiento, el balance señala que en 2024 solo se aprobaron el 30 % de las solicitudes, la tasa más baja desde que se tiene registro en el Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia.
En cuanto a diagnósticos, el 74,6 % de los casos correspondió a pacientes con cáncer, especialmente de estómago, páncreas, recto y pulmón. No obstante, los diagnósticos no oncológicos han ganado terreno desde 2021, cuando la Corte Constitucional eliminó el requisito de enfermedad terminal. Entre estos se encuentran esclerosis lateral amiotrófica (ELA), dolor crónico intratable, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e insuficiencia renal crónica.
El informe también muestra avances en el uso de los Documentos de Voluntad Anticipada (DVA), que pasaron del 23 % en ediciones anteriores al 49,8 % en el período 2015-2024. Sin embargo, la baja difusión de esta herramienta continúa siendo una barrera para garantizar el cumplimiento de las decisiones de los pacientes.
Otro hallazgo es la concentración territorial de los procedimientos, pues el 85,5 % se realizó en Bogotá y Antioquia, mientras que solo 35 instituciones prestadoras de salud han llevado a cabo algún procedimiento en el país. Además, en 2024 el tiempo promedio de respuesta de los comités fue de 33,5 horas, superando el límite legal de 24 horas.
El estudio concluye que, aunque Colombia es pionera en América Latina en el reconocimiento del derecho a morir dignamente, aún persisten obstáculos normativos, institucionales y culturales que limitan un acceso pleno y equitativo.
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