Un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud aseguró que la desfinanciación progresiva y el desacato institucional están poniendo en riesgo la vida de los pacientes en Colombia. A través de un comunicado fechado el 19 de febrero de 2026, los exfuncionarios afirmaron que la muerte del niño Kevin Acosta Pico debe analizarse en el contexto de un deterioro estructural que, según indican, viene siendo advertido desde 2023.
En el documento expresan su solidaridad con la familia del menor y señalan que su caso “no es un hecho aislado”, sino el reflejo visible de una crisis que afecta a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y huérfanas, quienes enfrentan interrupciones en tratamientos, desabastecimiento de medicamentos y mayores barreras de acceso.
Los exministros sostienen que desde finales de 2023 alertaron que la reforma al sistema de salud propuesta por el Gobierno incumplía mínimos constitucionales, debilitaba el aseguramiento individual y no contaba con fuentes sostenibles de financiación. En particular, advierten que la insuficiencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha generado una crisis operativa en EPS, IPS y proveedores, reflejada en aumento de tutelas, quejas, cierre de servicios y acumulación de deudas, especialmente en entidades intervenidas.
Asimismo, indican que durante 2025 insistieron en que persistían fallas estructurales en la metodología actuarial para fijar la UPC y que el incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional profundizó la incertidumbre financiera del sistema. Señalan que cuando la insuficiencia de recursos se traduce en la interrupción de tratamientos, el deterioro financiero se convierte en un riesgo vital.
En el comunicado proponen corregir de inmediato la desfinanciación estructural mediante un cálculo técnico y transparente de la UPC, cumplir las decisiones judiciales, sanear pasivos acumulados y convocar una mesa amplia de concertación nacional con carácter técnico. También reiteran la necesidad de preservar el aseguramiento individual como eje de la gestión del riesgo en salud.
Finalmente, hacen un llamado al Gobierno Nacional para reconocer la magnitud de la crisis, adoptar correctivos técnicos y reconstruir la sostenibilidad del sistema. Según concluyen, aún es posible corregir el rumbo si se actúa con rigor, responsabilidad y enfoque en la protección efectiva del derecho a la salud.
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