La Nueva EPS se encuentra sumida en una crisis de facturación que ha desbordado las finanzas de la entidad y puesto en entredicho la gestión de recursos públicos. Así lo manifestó el agente interventor de la entidad, Julio Alberto Rincón Ramírez, ya que, según los hallazgos, estas facturas corresponden a los años 2008, 2009, e incluso a los años más recientes de 2020, 2021 y 2023, han llegado con montos que suman hasta 500.000 millones de pesos, generando una situación de sobrecarga administrativa y financiera que resulta difícil de manejar.
La complejidad del problema radica en la verificación de estas facturas. El proceso de evaluación para determinar si estas facturas están autorizadas y si son legítimas resulta arduo debido al volumen y a la antigüedad de los documentos. El desafío es mayor cuando se trata de servicios prestados en años anteriores, ya que la falta de claridad sobre su autenticidad complica aún más la gestión.
Uno de los principales problemas que enfrenta la Nueva EPS es cómo pagar estas facturas cuando los fondos disponibles no son suficientes. Los prestadores de salud están ejerciendo una presión creciente, reclamando el pago de servicios antiguos y generando conflictos que afectan la atención a los pacientes. La situación se agrava con la peculiaridad de que algunos prestadores han incrementado sus facturas de un año para otro de manera significativa, lo que genera sospechas sobre la legitimidad de estos cobros.
“La presión que recibo, al manejar recursos públicos, es asegurar que el dinero no se despilfarre. Los prestadores reclaman el pago total de sus facturas, y eso complica nuestra capacidad de gestionar las finanzas adecuadamente”, comentó el agente interventor.
El funcionario también destacó que, en algunos casos, se ha pagado a los prestadores más de lo que corresponde a este año, debido a la necesidad de abonar deudas anteriores. Esta situación ha llevado a que algunos prestadores, insatisfechos con el pago, hayan comenzado a negarse a prestar servicios a los pacientes, afectando gravemente la calidad de la atención.
Además, la acumulación de quejas, peticiones y reclamos (PQR) ha aumentado considerablemente, lo que refleja el descontento de los pacientes y la ineficiencia en la gestión de las cuentas. La Nueva EPS ha manifestado su intención de clarificar las cuentas y evitar que los pacientes sufran las consecuencias de estas deudas.
En un intento por resolver la crisis, el agente interventor ha estado negociando con 1.574 IPS hasta agosto, con el objetivo de llegar a acuerdos de pago y aclarar las cuentas. Asimismo, se está evaluando si el problema radica en errores administrativos internos o en la presentación incorrecta de las facturas.
El agente interventor también afirmó que, en los últimos seis años, se ha documentado que algunos prestadores de salud han recibido pagos superiores a los montos facturados. Esta información surge en medio de una profunda investigación liderada por el agente interventor Julio Alberto Rincón, quien enfrenta una serie de desafíos en su labor.
Rincón ha señalado que no solo se han detectado inconsistencias en las facturas, sino que también ha surgido una presunta red de fraude. Según sus hallazgos, algunas instituciones de salud están facturando hasta 300 pañales mensuales por persona, una cifra que considera absurda e injustificable.
Además, Rincón ha destapado casos graves en los que cuidadoras contratadas para brindar atención médica domiciliaria están siendo utilizadas como empleadas domésticas en hogares con recursos significativos. Lo alarmante es que estos gastos están siendo cubiertos con dinero destinado por la Nueva EPS, desvió que ha suscitado gran preocupación.
Frente a esta situación, Rincón ha declarado que es necesario tiene metas por cumplir para resolver estas deudas y corregir las irregularidades detectadas. Aseguró que tiene la intención de pasar las pruebas ante la Corte, con el objetivo de que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas adecuadas.
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