Hasta por acetaminofén y cita médica general sufren hoy los colombianos, dice Contraloría sobre EPS

La Contraloría General de la República presentó su más reciente y contundente informe sobre el estado financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y evidenció un deterioro progresivo del modelo sanitario. Con una deuda acumulada que supera los $33 billones de pesos con clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos, la situación se ha tornado crítica. El documento, liderado por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, advierte que el actual sistema de salud es fiscalmente inviable y ya afecta gravemente a los usuarios.“Hoy los colombianos estamos reclamando no por una cirugía, sino por una cita médica general o un acetaminofén”, declaró Zuluaga en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.Las intervenciones no han servido: EPS en deterioro progresivoEl informe, con corte al 31 de diciembre de 2024, se basa en los estados financieros certificados de 28 de las 29 EPS operativas. De ellas, solo seis cumplen con los tres indicadores clave de sostenibilidad: capital de trabajo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Incluso las EPS intervenidas por el Gobierno no han mostrado mejoría sustancial, según el vicecontralor.“Las intervenciones, ni en este Gobierno ni en los anteriores, han servido. La atención se ha deteriorado y los pasivos han aumentado”, sentenció. Este deterioro financiero se traduce en una creciente siniestralidad del 110 %, es decir, por cada $100 que reciben, las EPS gastan $110. Esta dinámica ha llevado a que se proyecte que, de mantenerse el modelo actual, en una década el déficit del sistema podría superar los $100 billones.Un modelo inviable: entre la falta de control y la desfinanciaciónUno de los aspectos más alarmantes del informe es que, aunque los recursos de la salud son públicos, los controles siguen siendo débiles y la trazabilidad del gasto es limitada. Zuluaga explicó que, aunque legalmente la Contraloría tiene hoy acceso a la información, las herramientas para auditar plenamente el uso de los recursos siguen siendo insuficientes.“No se trata solo de poner más plata. Se trata de auditar mejor, controlar el gasto médico y tener trazabilidad del dinero desde el Ministerio de Hacienda hasta el paciente”, enfatizó. En cuanto a la posición del Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha sostenido que la deuda hospitalaria es privada porque las EPS son privadas. Sin embargo, la Contraloría señala que, aunque el pasivo está registrado en los balances de las EPS, la deuda corresponde a servicios prestados a ciudadanos colombianos, lo que convierte el tema en una cuestión de interés nacional.PQRs aumentan: menos acceso a medicamentos y atención básicaEl informe también alerta sobre el deterioro en la atención directa a los ciudadanos. Las peticiones, quejas y reclamos (PQR) crecieron en 300 mil casos entre 2023 y 2024, alcanzando un total de 1,6 millones. De estos nuevos casos, el 40 % está relacionado con la negación de medicamentos esenciales del Plan Básico de Salud o con la imposibilidad de acceder a una consulta médica general.“Ya no se trata de demoras en tratamientos especializados. Ahora los colombianos ni siquiera consiguen un analgésico básico”, denunció Zuluaga.El informe concluye que el modelo ha llegado a un punto de no retorno: las EPS siguen contratando con la red privada, haciendo giros anticipados y tercerizando servicios, sin generar mejoras sustanciales en la atención.La salida: rediseño del sistema y discusión colectivaFrente al panorama, la Contraloría propone un acuerdo nacional multisectorial para rediseñar el sistema de salud. Esto incluye revisar desde la distribución de los recursos en el presupuesto nacional (94 billones de los 594 asignados en 2025 a salud) hasta la contratación derivada de las EPS con prestadores médicos.“Lo que está en juego es la posibilidad real de proteger la vida de los colombianos. No se trata solo de insuficiencia de recursos, sino de ineficiencia en el gasto”, remarcó el vicecontralor.Finalmente, Zuluaga subrayó que el responsable de liderar esta transformación es el Gobierno Nacional, que debe proponer un nuevo modelo, con acompañamiento y aprobación del Congreso. Sin embargo, advirtió que no es viable mantener el status quo.