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Una nueva discusión se abrió en el sector salud tras la expedición del Decreto 0182 de 2026 por parte del Ministerio de Salud, que contempla el traslado de más de tres millones de afiliados dentro del proceso de reorganización del aseguramiento. La mayoría de estos usuarios serían asignados a la Nueva EPS, en un contexto marcado por múltiples EPS intervenidas por el Gobierno.
Frente a la medida, Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, expresó su preocupación por el momento en el que se adopta la decisión. Si bien reconoció que los procesos de reorganización pueden ser necesarios dentro del sistema, aseguró que el panorama actual es distinto al de años anteriores, debido a las intervenciones y a la concentración de afiliados en pocas entidades.
“Hoy, pretender hacer una reorganización del aseguramiento con EPS intervenidas y trasladar la mayoría de la población a una sola entidad genera inquietud no solo en los usuarios, sino en todos los actores del sistema”, señaló. Según explicó, la preocupación radica en que se asigne mayor población a una EPS que, según el gremio, registra indicadores críticos en calidad, oportunidad y acceso a los servicios.
Toro advirtió que la preocupación no se limita a los afiliados que serían trasladados, sino también a los que ya hacen parte de la entidad. “No solo es el impacto para los que llegan, sino para los que están”, afirmó, al insistir en que el aumento de usuarios podría profundizar las dificultades en la prestación.
En el frente financiero, el directivo señaló que existe incertidumbre sobre el tamaño real de la cartera. Indicó que establecer con precisión la deuda de la Nueva EPS es complejo debido a la falta de publicación reciente de estados financieros. Sin embargo, recordó que la Superintendencia Nacional de Salud mencionó en días pasados que la entidad podría tener pasivos cercanos a los 15 billones de pesos.
A esto se suma, según explicó, que varias EPS intervenidas no estarían postulando la totalidad de las facturas bajo la figura de giro directo y que los montos reconocidos no corresponderían plenamente a lo radicado mensualmente por las IPS. Por ello, el gremio adelanta el cierre de cifras para determinar el saldo definitivo de la cartera al finalizar 2025.
Otro de los puntos señalados es la reorganización de la red de prestadores. De acuerdo con la Unión de las IPS, la entidad estaría retirando de su red a instituciones con infraestructura y trayectoria reconocida, mientras vincula nuevos prestadores. “Reorganizar la red implica dejar de contratar con algunas IPS, manteniendo deudas pendientes, y abrir contratos con otras, con el riesgo de repetir incumplimientos”, afirmó Toro.
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