“No se puede trasladar a la gente de una EPS buena a otra donde lo dejarán morir”: Acemi

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, lanzó una fuerte advertencia frente al Decreto 182 expedido por el Ministerio de Salud, que ordena la redistribución de más de 6,5 millones de afiliados entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En entrevista con Mañanas Blu, la dirigente gremial aseguró que la medida, en el marco de la reforma al sistema de salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, representa un riesgo para la continuidad de los tratamientos y para el derecho de libre elección de los usuarios.“Usted no puede hacer un movimiento para llevar a la gente de una EPS buena a una EPS donde lo van a dejar morir”, afirmó Vesga, al advertir que cerca de cuatro millones de usuarios serían trasladados a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que actualmente enfrentan graves problemas financieros y operativos.Redistribución de afiliados y libertad de elecciónEl Decreto 182 establece que el Gobierno podrá asignar afiliados a EPS según criterios territoriales y de capacidad operativa. En la práctica, esto implicará que personas afiliadas a una EPS en un municipio donde esta no cumpla con un umbral mínimo de afiliados deberán ser trasladadas a otra aseguradora con mayor presencia en ese territorio.Según Vesga, la medida elimina en la práctica el derecho a la libre elección. “En más de 700 municipios solo estará una EPS disponible. Allí no hay libertad de elección porque solamente tendrá una opción”, explicó. Aunque el decreto contempla un plazo de 60 días para solicitar traslado si existe más de una alternativa en el territorio, en amplias zonas del país la oferta sería limitada.Desde ACEMI se insiste en que una reforma estructural al sistema de salud debe realizarse por vía legislativa y no mediante decreto. “El Consejo de Estado ya le suspendió al Gobierno un decreto anterior por esta misma razón. Hoy lo que está haciendo es repetir un acto que está suspendido”, señaló Vesga, aludiendo al Decreto 858.EPS intervenidas y riesgo de colapsoUno de los puntos más críticos es el fortalecimiento de EPS intervenidas, especialmente Nueva EPS, que pasaría de 11 millones a cerca de 15 millones de afiliados. La entidad, intervenida desde abril de 2024, enfrenta un patrimonio negativo cercano a los 15 billones de pesos, según cifras citadas por el gremio.“Tenemos un sistema frágil, fragmentado y con muchas dificultades. Lo que vamos a ver es una crisis mayor”, advirtió la presidenta de ACEMI. Añadió que estas EPS presentan “una situación patrimonial muy crítica, una fragilidad operativa y un incremento de quejas, reclamos y tutelas”.Para Vesga, el problema no es únicamente jurídico, sino humano: “Lo que se están moviendo son vidas”. La dirigente explicó que el traslado masivo de afiliados implica que la EPS receptora deberá contratar rápidamente redes de clínicas, hospitales y dispensadores de medicamentos en territorios donde puede no tener capacidad instalada suficiente.Continuidad de tratamientos y pacientes de alto costoEl decreto establece la obligación de garantizar la continuidad de tratamientos, especialmente en casos de enfermedades de alto costo, pacientes maternas y patologías catastróficas. Sin embargo, ACEMI duda de la viabilidad operativa de esa garantía.“En el papel está la obligación de continuidad, pero si la EPS no logra contratar red con rapidez, lo que vamos a ver es interrupción en tratamientos y atención general”, afirmó Vesga. Recordó que las EPS intervenidas mantienen deudas con hospitales y proveedores, lo que dificulta la contratación de nuevos servicios.La dirigente comparó la situación con crisis anteriores del sistema de salud en Colombia, como el traslado de afiliados de Café Salud a Medimás, donde se registraron fallas en la atención y retrasos en procedimientos médicos.Impacto en el sistema de salud colombianoEl debate sobre el Decreto 182 se produce en un contexto de profunda discusión sobre la reforma a la salud en Colombia, uno de los ejes centrales del gobierno Petro. Mientras el Ejecutivo argumenta que la reorganización territorial busca eficiencia y racionalización del sistema, los gremios advierten sobre improvisación y debilitamiento institucional.La redistribución de afiliados afectará a todas las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. “No hay ninguna que no esté perdiendo población”, aclaró la presidenta de ACEMI.En términos prácticos, los usuarios deberán ser notificados del cambio por su nueva EPS y recibir información sobre su red de atención. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre pacientes con tratamientos en curso y enfermedades graves.Un debate abierto sobre la reforma a la saludEl Decreto 182 reaviva la discusión sobre la reforma estructural al sistema de salud colombiano y el alcance de las facultades del Ejecutivo para implementar cambios por vía administrativa. Para ACEMI, la preocupación central es la sostenibilidad financiera y la garantía efectiva del servicio.“La solución no está en mover pacientes. La solución está en resolver la fragilidad estructural financiera y administrativa del sistema”, concluyó Vesga.