Organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, gremios médicos, universidades y otros actores del sector salud hicieron un llamado al Gobierno nacional para que se revise y ajuste la Unidad de Pago por Capitación (UPC) prevista para 2026. En un comunicado conjunto, los firmantes manifestaron su preocupación por la situación financiera del sistema de salud y por las consecuencias que, aseguran, ya se reflejan en la atención a los usuarios.
De acuerdo con el pronunciamiento, la falta de recursos suficientes ha generado interrupciones en tratamientos, dificultades para el acceso a medicamentos y un aumento sostenido de quejas y acciones judiciales presentadas por los pacientes. Las organizaciones citan reportes de entes de control y de la Corte Constitucional para respaldar sus alertas, y señalan que estas problemáticas afectan con mayor fuerza a poblaciones vulnerables.
El documento también hace referencia a advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre el deterioro financiero del sistema y la vulneración del derecho a la salud. Según las cifras mencionadas, las deudas acumuladas ponen en riesgo la continuidad de los servicios, mientras que el número de reclamos y tutelas ha crecido de forma significativa en los últimos años.
Asimismo, los colectivos recuerdan que la Corte Constitucional, mediante el Auto 2049 de 2025, ordenó al Gobierno garantizar que la UPC sea suficiente y que los recursos fluyan de manera oportuna. En ese sentido, insisten en que el ajuste para 2026 debe reflejar los costos reales de la atención y el aumento en el uso de los servicios de salud.
Finalmente, las organizaciones firmantes reiteraron la necesidad de proteger las condiciones laborales del personal de salud y de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.
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