¿Qué viene para los usuarios de la Nueva EPS? Contraloría hace seria advertencia

La situación financiera de la Nueva EPS, la entidad más grande del sistema de salud colombiano, ha encendido las alarmas de la Contraloría General de la República. En entrevista con Mañanas Blu, el contralor delegado en Salud, Julián Niño, advirtió que la deuda acumulada de la entidad no solo compromete su estabilidad, sino que podría tener un efecto dominó sobre todo el sistema de salud en el país.Una deuda que no deja de crecerSegún el informe preliminar presentado por la Contraloría, la Nueva EPS acumula un pasivo de 21,5 billones de pesos, cifra que podría superar los 26 billones a finales de 2025 si no se corrigen los problemas de gestión. Niño explicó que esta deuda impacta directamente la operación de la red prestadora de servicios, generando demoras en pagos, cierres de servicios y dificultades en el acceso a medicamentos.“Estamos viendo cierre de servicios, problemas en el acceso a medicamentos y un incremento de tutelas y PQRs. Esto es un síntoma claro de que la situación financiera ya está golpeando a los usuarios”, aseguró el contralor delegado.La falta de estados financieros oficiales de 2023 y 2024 agrava el panorama. A diferencia de otras 28 EPS, la Nueva EPS no ha entregado la información, lo que dificulta tener un diagnóstico completo y transparente de su situación.El riesgo de un efecto dominó en el sistema de saludLa Nueva EPS concentra a casi 11 millones de afiliados, más del 20 % de la población colombiana. Su magnitud la convierte en un actor determinante. Si la entidad llegara a colapsar, el resto del sistema no tendría capacidad para absorber de manera inmediata a todos sus usuarios.“Una sola EPS no podría recibir a los 11 millones de usuarios de la Nueva EPS. El tamaño de la entidad hace que cualquier quiebre se convierta en una amenaza para el sistema en su conjunto”, advirtió Niño.El funcionario comparó la situación con la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, que desencadenó una crisis financiera global en 2008. El paralelismo busca dimensionar el impacto que tendría la caída de la mayor EPS del país.La raíz del problema: decisiones de política públicaDurante la entrevista, Niño recordó que parte de la crisis del sistema se originó en una decisión tomada en 2016, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos eximió a las empresas de aportar a la seguridad social, trasladando esa carga al presupuesto público.“Ese fue un enorme error. Mientras una familia que contrata una empleada doméstica paga la contribución a salud, una empresa con 200 trabajadores no lo hace. Eso generó inequidades y redujo los recursos del sistema”, subrayó. Este desfinanciamiento estructural, sumado al aumento en las órdenes judiciales de la Corte Constitucional para garantizar tratamientos y medicamentos, ha llevado a una presión insostenible sobre los recursos disponibles.Los anticipos bajo la lupaUno de los hallazgos más delicados del informe tiene que ver con el manejo de anticipos. Entre 2024 y 2025, estos pasaron de 8,6 a más de 15 billones de pesos, pero muchos de esos giros no han sido legalizados.“No sabemos contra qué se pagaron esos recursos: si fueron contratos, servicios efectivamente prestados o simples transferencias sin soporte. Ese es el gran riesgo, porque no podemos confirmar que los giros se tradujeron en atención a los usuarios”, explicó Niño.La Contraloría advirtió que la EPS deberá entregar soportes contractuales y técnicos que respalden el uso de estos recursos, pues de lo contrario se estaría frente a un posible desvío o mal manejo de fondos públicos.¿Qué pasará con los usuarios?Aunque la Contraloría no tiene facultad de coadministrar la entidad, sí lanzó una alerta para que la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud tomen decisiones inmediatas.“No podemos permitir que un tema administrativo o financiero limite el acceso de los ciudadanos a servicios de salud. Ese es el foco de nuestra vigilancia”, afirmó Niño. Sin embargo, las opciones no son sencillas. Una inyección de recursos estatales sería necesaria para evitar el colapso, pero aún no se ha definido el monto ni la viabilidad de esa medida.