Tras la publicación de los estados financieros de Nueva EPS, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, se pronunció sobre la situación financiera de la entidad y sostuvo que la información conocida confirma que el deterioro económico de la EPS ya era considerable antes de la intervención ordenada por la Superintendencia en 2024.
Según explicó, cuando se tomó la decisión de intervenir la entidad ya se habían reportado pérdidas por $4,8 billones, aunque en ese momento no existían estados financieros aprobados correspondientes a 2023. Con la información revelada recientemente, indicó que las pérdidas de ese año finalmente superaron los $6,5 billones, lo que, a su juicio, evidencia que la situación financiera era más compleja de lo que se conocía al momento de la intervención.
Respecto a los resultados de 2024, Quintero señaló que Nueva EPS registró pérdidas cercanas a los $4,8 billones, cifra que representa una reducción frente al año anterior, aunque advirtió que el resultado sigue reflejando un escenario financiero delicado para la entidad.
El funcionario también informó que la Superintendencia otorgó un plazo de 15 días para que Nueva EPS presente los estados financieros definitivos de 2025. De acuerdo con los reportes preliminares, las pérdidas podrían ubicarse alrededor de los $2 billones, aunque aclaró que el organismo esperará la información oficial antes de emitir una evaluación sobre esos resultados.
En su pronunciamiento, Quintero aseguró además que durante su gestión se ha avanzado en la publicación y actualización de la información financiera de la EPS y afirmó que se ha registrado una disminución en la radicación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), especialmente en los casos relacionados con la entrega de medicamentos y la atención de menores de edad.
Finalmente, el superintendente se refirió al futuro de Nueva EPS y advirtió sobre los efectos que, según él, tendría una eventual liquidación de la entidad. Señaló que trasladar los afiliados a otras EPS podría afectar el pago de las deudas pendientes con clínicas, hospitales y demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), situación que, afirmó, pondría en riesgo la estabilidad financiera de numerosos prestadores, particularmente de hospitales públicos.
Asimismo, indicó que la Superintendencia continuará evaluando los estados financieros conocidos y los que están pendientes para adoptar las decisiones que considere necesarias en protección de los afiliados.
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