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La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar de cesación provisional por tres meses al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, y a la Fiduprevisora, ante el aumento de quejas en el servicio y la administración de los recursos.
Esta medida suele aplicarse cuando hay una situación que pone en riesgo derechos fundamentales, en este caso el de la salud, durante el desarrollo de un proceso judicial o administrativo. El objetivo es evitar un daño irreparable mientras se toma una decisión de fondo.
Es decir, que el Fomag y la Fiduprevisora no podrán, por ejemplo, postergar o negar la autorización de exámenes, procedimientos, asignaciones de citas, entrega de medicamentos, entre otras, a los docentes del magisterio, pensionados y sus familias y/o beneficiarios.
Justamente, la medida se toma tras una serie de auditorías, seis de ellas aplicadas entre 2024 y lo que va de 2025, que evidenciaron el aumento de presuntas fallas y que no habían aplicado las recomendaciones de la Supersalud.
Entre los problemas hallados está la falta de garantía en la oportunidad y accesibilidad de los servicios y medicamentos, incumplimiento en los pagos a prestadores y proveedores de salud, información incompleta y tardía que dificulta la vigilancia y el control y los hallazgos previos en auditorías que no fueron corregidos adecuadamente.
La Superintendencia ha requerido a la Fiduprevisora para que informe sobre las acciones adelantadas con la red de prestadores, gestores farmacéuticos y operadores logísticos en materia de depuración, conciliación y pago respectivo; sin embargo, la información suministrada no ha cumplido con los criterios de calidad, oportunidad y pertinencia, lo que ha obstaculizado el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de esta entidad
La medida estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2025 y las entidades implicadas deberán entregar una serie de reportes e informes sobre su operación y control de las finanzas y adoptar un plan de contingencia.
Durante la vigencia de la medida cautelar (23 de septiembre a 23 de diciembre de 2025), las entidades afectadas tienen que cumplir obligaciones específicas:
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El FOMAG y su Consejo Directivo deben presentar en cinco días ese plan con las estrategias para superar los problemas ya explicados, así como garantizar que la red nacional de servicios de salud esté disponible cerca de la vivienda o lugar de trabajo de los afiliados.
La Fiduprevisora implementará ese plan una vez sea aprobado y estará a cargo de vigilar que sí se entreguen a tiempo los medicamentos y servicios requeridos, responder oportunamente las quejas y reclamos y conciliar las cuentas pendientes con prestadores y proveedores.
Una vez terminen los tres meses de vigencia de la medida cautelar, la Superintendencia de Salud evaluará si el FOMAG, la Fiduprevisora y el Consejo Directivo cumplieron con las órdenes impartidas y sí se han logrado superar los graves problemas de atención. Si es así, se levanta la medida para continuar la vigilancia ordinaria.
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Pero, si persisten incumplimientos o riesgos para la salud de los afiliados, la Supersalud podrá prorrogar la medida o adoptar correctivos más fuertes, como una intervención administrativa o el reemplazo en la administración de los recursos.
Cabe recordar que, de manera paralela, ya está en curso un proceso sancionatorio contra los responsables, que puede derivar en consecuencias administrativas, disciplinarias, fiscales o incluso penales.
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