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En el comunicado se hacen algunas observaciones que la Procuraduría tiene respecto al proyecto de ley No. 146 de 2016 Senado y 198 de 2016 Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 8 de Ley 418 de 1997.
La primera observación tiene que ver con las ‘zonas de ubicación’ y el hecho de querer eliminar la prohibición de las zonas de despeje, con lo que se evidencia una posibilidad de repetir “tan nefasta figura”. Además, que por la experiencia que tuvo el país con este tipo de zonas en las que la fuerza pública estaba ausente y los grupos guerrilleros siguieron delinquiendo, implica para el Ministerio Público tomar las medidas para evitar la repetición de crímenes como en “El Caguán”.
Otro punto tratado por el comunicado es el derecho internacional de los pueblos indígenas y las comunidades negras, por lo que es indispensable que se cumpla con una ‘Consulta Previa’ en caso de que estas poblaciones sean afectadas por los acuerdos con las FARC.
De igual forma, se pide que respecto a la lista de personas que sean acreditadas por el vocero del grupo armado ilegal para efectos de desmovilización, esta debe ser completa.
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Asimismo, se hace una crítica a que al momento en que se firme el acuerdo, los actuales condenados no tendrán que cumplir sus penas aun sin entrega de armas, ni desmovilización del grupo y que esto debe ser corregido por el Congreso.
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Por último, se habla sobre los mecanismos de control al Presidente de la república.
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