“Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) avanzaron significativamente. Las dos partes anunciaron que habían alcanzado un acuerdo sobre justicia transicional y que firmarían un acuerdo de paz en 2016. El acuerdo parecía no cumplir enteramente las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, indica Amnistía Internacional en su informe.
“El cese unilateral del fuego instaurado por las FARC y la suspensión de los bombardeos aéreos contra posiciones de este grupo guerrillero ordenada por el gobierno redujeron la intensidad de las hostilidades. No obstante, el conflicto armado seguía repercutiendo negativamente en los derechos humanos de la población civil, especialmente en los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad, los grupos guerrilleros y los paramilitares eran responsables de crímenes de derecho internacional”, agrega el informe.
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Así mismo, la ONG señaló que los llamados ‘falsos positivos’ disminuyeron notablemente en el último periodo y señala que “fueron frecuentes durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
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“Siguieron disminuyendo las denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, práctica generalizada y sistemática durante el conflicto. Dicha práctica incluía los “falsos positivos”: homicidios ilegítimos perpetrados por la fuerzas de seguridad —a cambio de beneficios tales como bonificaciones, permisos adicionales o ascensos— en los que las víctimas, normalmente jóvenes varones pobres, eran presentadas falsamente como muertas en combate. Los “falsos positivos” fueron frecuentes durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010)”, señala el informe.
La ONG también se refirió a las acciones de los paramilitares, el ELN, atentados contras los defensores de los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado, violencia contra la mujer y el grado de impunidad en la justicia colombiana.
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