El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, cuestionó el proyecto de ley de sometimiento que avanza en el Congreso, al advertir que varios de los beneficios contemplados en la iniciativa ya existen en los mecanismos de justicia transicional, como las colonias agrícolas y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.Ramelli señaló que le llamó la atención encontrar en el proyecto descuentos en las sanciones por la realización de acciones restaurativas, entre ellas actividades relacionadas con la búsqueda de desaparecidos y el desminado, que también hacen parte del trabajo que desarrolla la JEP.“Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención”, afirmó el presidente de la jurisdicción, al referirse a los beneficios que podrían recibir quienes se sometan a las condiciones establecidas en la nueva ley.El magistrado cuestionó qué diferencias existirían entre esos beneficios y los mecanismos de justicia restaurativa que aplica la JEP: “Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?”, preguntó.Otro de los reparos de Ramelli tiene que ver con el alcance de la verdad que deberán aportar los grupos que se sometan a la ley. Aunque consideró positivo que entreguen información sobre laboratorios, rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales, insistió en que también deben esclarecerse los demás crímenes cometidos.“¿Y dónde está la verdad frente a las víctimas?”, cuestionó el presidente de la JEP, al señalar que no encontró suficientemente clara la participación de las víctimas dentro del proyecto de sometimiento.El presidente de la JEP también llamó la atención sobre el hecho de que la iniciativa reúna en un mismo marco a distintos grupos armados y organizaciones que podrían someterse a la justicia. En ese contexto, planteó interrogantes sobre las condiciones que deberán cumplir y la verdad que tendrán que entregar, más allá de la información relacionada con el narcotráfico.Finalmente, el presidente de la JEP advirtió que es necesario aclarar cómo se garantizará la participación activa de las víctimas y qué diferencias tendrá el modelo de sometimiento frente a la justicia transicional. Sus cuestionamientos se conocen mientras el proyecto avanza hacia su discusión en la plenaria del Congreso.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un posible recorte de 185.000 millones de pesos en su presupuesto. Según su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, a los 85.000 millones que ya fueron reducidos podrían sumarse otros 100.000 millones, de acuerdo con una proposición presentada por el senador Enrique Gómez Martínez.Ramelli advirtió que la reducción afectaría programas de protección a víctimas y testigos, la participación de las víctimas en las audiencias y el funcionamiento de las sedes de la jurisdicción.“Entre recortar el presupuesto y cerrarla no es que exista mucha diferencia realmente”, afirmó el magistrado, quien explicó que con el recorte adicional la JEP tendría dificultades para asumir gastos como servicios públicos y el funcionamiento de los espacios donde atiende a víctimas y comparecientes.¿Qué impacto tendría el recorte en la JEP?El presidente de la JEP también respondió a los cuestionamientos sobre la cantidad de resultados obtenidos por la jurisdicción durante sus años de funcionamiento.Frente al señalamiento de que la entidad ha sido lenta y se convirtió en una estructura burocrática, Ramelli aseguró que el senador Enrique Gómez recibió una respuesta de más de 190 páginas a un derecho de petición sobre planta, presupuesto y resultados. “En las 190 páginas está explicado absolutamente todo”, sostuvo.Ramelli también cuestionó que se mida el trabajo de la JEP únicamente por las sentencias de los macrocasos. Aseguró que existen 3.618 decisiones con efecto de sentencia, entre ellas actuaciones de la Sección de Apelación, beneficios para integrantes de la fuerza pública, amnistías y renuncias a la acción penal.¿Cuándo comenzarán a cumplir las sanciones los antiguos integrantes de las FARC?Durante la entrevista, Ramelli explicó que las sanciones propias contra el antiguo secretariado de las FARC todavía no habían comenzado porque las decisiones fueron apeladas y posteriormente se presentaron solicitudes de aclaración por parte de víctimas y comparecientes.Según el magistrado, el cumplimiento comenzará una vez terminen las notificaciones correspondientes. “Esto no son meses, son días. Hay que surtir el debido proceso”, aseguró.Ramelli explicó que la Sección de Apelación determinó los lugares, horarios, actividades y mecanismos de monitoreo que deberán cumplir los antiguos integrantes del secretariado.El magistrado también sostuvo que la JEP no puede ser evaluada únicamente por las sentencias y afirmó que los macrocasos ya tienen imputaciones contra máximos responsables.¿Qué hará la JEP frente al posible recorte presupuestal?Ramelli anunció que la jurisdicción acudirá a instancias internacionales por la situación presupuestal.“Vamos a denunciar toda esta situación ante instancias internacionales, ante la Comisión Interamericana, el relator de Naciones Unidas para Independencia Judicial, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los países garantes y la Corte Penal Internacional”, afirmó.El objetivo, explicó, será buscar presión sobre el Estado colombiano para que cumpla el Acuerdo de Paz. Finalmente, al ser consultado por posibles fallas de la JEP, Ramelli reconoció una dificultad en la explicación del modelo a la sociedad. “Tal vez fallamos en explicar mucho más el modelo y cuáles son las consecuencias del modelo”, concluyó.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, lanzó una nueva advertencia por la situación presupuestal que enfrenta la entidad de cara a 2027 y cuestionó la propuesta de trasladar $100.000 millones de los recursos de este tribunal hacia la Rama Judicial.La iniciativa fue planteada por el senador Enrique Gómez Martínez y recibió el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella. El dinero sería destinado a fortalecer la Rama Judicial ordinaria, en medio del debate por el presupuesto del próximo año.En entrevista con Meridiano Blu, Ramelli aseguró que esta reducción se suma a un recorte previo y sostuvo que el efecto acumulado podría comprometer el funcionamiento de la jurisdicción.“Como ven que es difícil suprimir la JEP por vía constitucional, pues escogieron esa vía”, afirmó el magistrado al referirse a lo que considera una estrategia para afectar financieramente a la entidad.Ramelli advierte que la JEP podría quedar sin capacidad de operarEl presidente de la JEP explicó que inicialmente la entidad había advertido ante el Congreso sobre un recorte de aproximadamente $85.000 millones, debido a que, según dijo, afectaría aspectos relacionados con la atención a las víctimas, la seguridad de los comparecientes y el desarrollo de las audiencias.Ahora, frente a la propuesta adicional de reducir otros $100.000 millones, Ramelli señaló que el impacto sería aún mayor.La preocupación ocurre mientras el tribunal avanza en investigaciones relacionadas con los macrocasos que tiene a su cargo. Ramelli aseguró que la entidad necesita cerca de $900.000 millones para culminar las investigaciones que se encuentran en una etapa crítica.De acuerdo con el magistrado, disminuir nuevamente los recursos impediría completar ese trabajo en los tiempos previstos.El impacto que tendría sobre las víctimasUno de los principales argumentos expuestos por Ramelli está relacionado con las víctimas del conflicto armado. Según explicó, una eventual falta de recursos no afectaría únicamente el funcionamiento administrativo del tribunal, sino también los procesos mediante los cuales se busca entregar respuestas judiciales después de décadas.El presidente de la JEP también defendió los avances que, según la jurisdicción, se han logrado en investigaciones relacionadas con violencia sexual. En ese sentido, señaló que los resultados del tribunal no deben medirse únicamente por el número de sentencias.“Los resultados no solamente son las sentencias”, afirmó, al destacar que se ha dado respuesta a víctimas que, según su declaración, durante años no habían sido escuchadas.Durante la entrevista, Ramelli también aseguró que ha intentado establecer comunicación con el Gobierno nacional para abordar la situación de la JEP, pero afirmó que sus solicitudes no han recibido respuesta.El magistrado señaló que ha enviado invitaciones y comunicaciones y que permanece dispuesto a dialogar sobre el futuro de la jurisdicción.Sus declaraciones se conocen en medio de una creciente discusión política y presupuestal alrededor de la JEP. La propuesta de trasladar los $100.000 millones ha sido presentada como una alternativa para fortalecer la Rama Judicial ordinaria y atender el rezago de procesos pendientes.JEP llevará la discusión ante organismos internacionalesRamelli también anunció que pondrá la situación en conocimiento de organismos internacionales de derechos humanos y de otros actores de la comunidad internacional.Según el presidente de la JEP, el recorte comprometería los compromisos adquiridos por Colombia con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y tendría consecuencias sobre la seguridad jurídica de los comparecientes, incluidos integrantes de la fuerza pública.La JEP, creada a partir del Acuerdo Final de Paz, ha defendido que requiere recursos suficientes para cumplir las funciones que le fueron asignadas mientras avanza hacia la culminación de sus investigaciones. El debate presupuestal para 2027 continúa ahora en el Congreso.Ramelli insistió en que el problema no se limita al presupuesto de una entidad, sino que puede tener consecuencias sobre los procesos judiciales que esperan las víctimas y sobre el cumplimiento de las funciones asignadas a la justicia transicional.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó los mensajes que estigmatizan o ponen en riesgo a quienes comparecen ante este tribunal y han asumido compromisos con la verdad, la reparación de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades en el conflicto armado.Por medio de un comunicado, la JEP advirtió que este tipo de señalamientos no solamente afectan la seguridad de los comparecientes, sino que también “silencian aportes esenciales para esclarecer lo ocurrido” y limitan los avances en los procesos de rendición de cuentas.El pronunciamiento, respaldado por el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, enfatiza que quienes han decidido someterse a este sistema de justicia deben poder continuar aportando a la verdad “sin miedo y con garantías”. Según la entidad, estos aportes son fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante el conflicto armado y avanzar en la reparación integral de las víctimas.La JEP insistió en que garantizar las condiciones de seguridad para quienes contribuyen al esclarecimiento es clave para proteger los derechos de las víctimas, fortalecer la justicia restaurativa y avanzar en las garantías de no repetición. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas que prevengan riesgos y aseguren la continuidad de los procesos judiciales reparativos.Asimismo, convocó a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a respaldar estos avances, al advertir que cualquier amenaza o estigmatización puede convertirse en una barrera para el acceso a la justicia y la construcción de paz.Este pronunciamiento se conoce en medio de recientes cuestionamientos al sistema de justicia transicional y luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, manifestara su intención de eliminar la JEP. Frente a este panorama, el tribunal reiteró la importancia de proteger a quienes participan en estos procesos como una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, radicó una carta formal dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, con el objetivo de concertar un espacio de diálogo. La iniciativa surge tras los diversos cuestionamientos públicos que el mandatario entrante ha realizado hacia la efectividad del tribunal transicional y la naturaleza de sus sanciones.Durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio, el magistrado Ramelli expuso los argumentos institucionales y constitucionales que sustentan las decisiones de la JEP, detalló los avances en materia de investigación penal contra los antiguos miembros de las Farc y la fuerza pública, y diferenció los logros medibles de aquellos impactos sociales inmateriales derivados del proceso de paz.El blindaje legal e internacional de la justicia transicionalAnte las críticas del Gobierno electo y las dudas del sector político sobre la continuidad del tribunal de paz, el presidente de la JEP enfatizó que la institución cuenta con un soporte normativo sólido que impide su desarticulación unilateral. Ramelli recordó que la jurisdicción se derivó de un marco constitucional refrendado por los altos tribunales colombianos y que goza de un estricto seguimiento por parte de organismos multilaterales.El magistrado también destacó el respaldo de la comunidad internacional hacia el modelo de justicia transicional en el país, mencionando los pronunciamientos recientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el sistema interamericano y el acuerdo de cooperación e interlocución suscrito en 2021 con la Corte Penal Internacional.¿Cuáles son los resultados de la JEP?Uno de los puntos centrales de la misiva enviada a De La Espriella es la categorización de los resultados de la JEP en aspectos "tangibles" e "intangibles". Según la explicación del magistrado, el análisis de la gestión no puede limitarse de forma exclusiva a una contabilidad de sentencias judiciales, sino que debe integrar componentes cualitativos como la reconciliación y la verdad judicial descubierta.Acompañamiento psicosocialRespecto a las dudas sobre por qué la atención a las víctimas se cataloga en ocasiones dentro de los logros inmateriales de la entidad, Ramelli aclaró que, si bien la cantidad de personas atendidas es una cifra medible, el impacto real radica en la preparación emocional para afrontar los procesos judiciales frente a sus victimarios.“Yo lo coloqué como un intangible, es digamos el alivio, si se quiere explicar mejor, el alivio que sienten las familias por tener un acompañamiento psicosocial, cierto, que no es fácil”, dijo. El funcionario añadió que los equipos técnicos del tribunal realizan labores de preparación durante meses con el fin de evitar la revictimización en el marco de las versiones voluntarias y las audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad.La defensa de las investigaciones a la antigua guerrillaEl magistrado Ramelli respondió de manera detallada a las percepciones de un sector de la ciudadanía y del nuevo Gobierno que señalan una supuesta ineficacia o laxitud en las sanciones impuestas a los comparecientes de las Farc. Al comparar el estado de los procesos que recibió la JEP con las investigaciones actuales, el presidente del tribunal afirmó que la justicia ordinaria entregó expedientes desarticulados, sentencias emitidas en ausencia y escasa trazabilidad de los mandos medios de la organización insurgente.“Si usted toma el secretariado de las Farc, ¿qué fue lo que recibimos nosotros de la justicia tradicional? Nosotros recibimos unas condenas en ausencia, sí, que realmente no hay una mayor investigación, porque si acaso se investiga el autor material. Pero no se investigaba a fondo al secretariado, tampoco se habían investigado los mandos medios, y eran sentencias que nunca se cumplieron”, aclaró.De acuerdo con el balance entregado, la Fiscalía General de la Nación solía procesar penalmente a los autores materiales directos de los delitos o al secretariado general, omitiendo la cadena de mando intermedia. Ramelli puntualizó: “Si hay una entidad que ha investigado a fondo las Farc, hemos sido nosotros”. La JEP actualmente procesa a mandos medios, comandantes de bloques, frentes y miembros de los estados mayores por un catálogo de 13 crímenes internacionales adicionales a los secuestros y reclutamientos.Otorgamiento de permisos de salida del país a comparecientesFrente a los cuestionamientos por la autorización de viajes al exterior a exmiembros del secretariado de las Farc que ya han aceptado su responsabilidad en crímenes de guerra —como el caso de Rodrigo Londoño para asistir a eventos políticos en España—, el presidente de la JEP subrayó que estas decisiones corresponden estrictamente al cumplimiento de la ley penal y no a criterios de discrecionalidad judicial.Explicó que la Ley 1820 establece los requisitos objetivos que los comparecientes deben cumplir para acceder a este tipo de autorizaciones. El magistrado enfatizó que la norma se aplica de forma idéntica a todos los actores del conflicto sometidos ante la jurisdicción, incluidos los miembros de la fuerza pública y los terceros civiles.Finalmente, Ramelli indicó que los beneficios o permisos otorgados se dan bajo la vigencia de procesos que aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada de cierre, debido a que las sanciones definitivas se encontraban suspendidas temporalmente mientras se surtían todas las etapas del debido proceso.
Con la confirmación de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República, aumenta la expectativa frente al futuro de entidades del sistema de justicia transicional creadas tras el acuerdo de paz de 2016 con las extintas Farc, especialmente la JEP.Durante su campaña De la Espriella se refirió a la institución como un “bodrio” o un “directorio disfrazados de tribunal”, declaraciones que han generado preocupación frente a la capacidad de continuar en su labor como en los últimos años.Durante su más reciente visita a Medellín en el marco de una audiencia de verificación de cumplimiento de compromisos de comparecientes, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dejó clara la postura de la entidad.El magistrado indicó que lo que debe prevalecer es el respeto por la institucionalidad y la integralidad del acuerdo de paz que cumple diez años y a partir de la cual el país sigue conociendo verdades sobre el conflicto armado."Hay que preservar la institucionalidad del acuerdo de paz y todo lo que tiene que ver con la justicia transicional. Es decir, acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje institucional que ha permitido que el acuerdo de paz se se venga ejecutando en estos años", dijo.Ramelli también señaló que en lo que será el empalme y los acercamientos con el nuevo Gobierno nacional están en juego cosas mucho más importantes que recursos para operar de una manera adecuada como entidad. Destacó que están de por medio la verdad que siguen reclamando las víctimas y la seguridad jurídica de comparecientes que siguen siendo procesados."Es que más allá del tema de la estabilidad económica de la jurisdicción y demás, lo que está de por medio es un sistema restaurativo. ¿De qué estamos hablando? De que las víctimas por primera vez están accediendo a la verdad, están viendo resultados, están viendo que los comparecientes ya están realizando unas labores incluso antes de la sentencia", argumentó.Sobre un posible desmonte de la JEP, varios sectores políticos y sociales han insitido en la dificultad que el proceso puede llevar por el blindaje constitucional del que goza. No obstante, el suministro de herramientas y recursos financieros es clave para que el tribunal continúe su labor, especialmente de procesos de búsqueda de desaparecidos como el que tiene lugar en La Escombrera de la Comuna 13 en Medellín.
El presidente Gustavo Petro hizo un contundente llamado contra el Clan del Golfo después de que el presidente de la JEP, Roberto Vidal, denunciará que ese grupo armado ilegal le envío una corona fúnebre y mensajes amenazantes a dos magistrados de esa jurisdicción.Frente a las amenazas a los magistrados de la JEP, el jefe de Estado aseguró que: "Si el Clan del Golfo no entiende que la paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo."Además, el presidente Petro rechazó las amenazas a los magistrados de la JEP y aseguró que "la verdad siempre será el principio fundamental en todo proceso de paz. "Contundentemente las amenazas del Clan del Golfo a magistrados de la JEP que están investigando falsos positivos. La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz", explicó.Luego de que se conociera está denuncia, la Fiscalía anunció una investigación para conocer el origen de las intimidaciones e identificar a los responsables que amenazaron a los magistrados de la JEP.“Fiscalía, a través del grupo de amenazas, asumió investigación por la denuncia pública hecha por la JEP, en la que indica que el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar recibieron amenazas del 'Clan del Golfo', explicó la Fiscalía.Así mismo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se puso a disposición del magistrado de la JEP Ranelli, y su equipo ante esta situación.“Rechazo enfáticamente las amenazas contra el Magistrado Alejandro Ramelli y su equipo. Me pongo a su disposición. Es un ciudadano probo, justo, recio y comprometido con la justicia en nuestro país”, explicó.Por otro lado, la ONU también se pronunció al respecto y rechazó las amenazas en contra de los magistrados de la JEP.Por ahora, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, aseguró que la Policía ya está adelantando las investigaciones y desplegando las medidas de seguridad y los análisis que son pertinentes luego de las amenazas.¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'
Luego de la denuncia realizada por la JEP sobre amenazas contra el magistrado Alejandro Ramelli, a quien le llegó una corona fúnebre y, además, un mensaje a su celular por las investigaciones que llevan sobre “falsos positivos”, la Fiscalía General de la Nación se pronunció al respecto indicando que asumirá el caso e iniciará una investigación.“Fiscalía, a través del grupo de amenazas, asumió investigación por la denuncia pública hecha por la JEP, en la que indica que el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar recibieron amenazas del 'Clan del Golfo', explicó la Fiscalía.Además, la Fiscalía afirmó que el equipo especializado tomó contacto con los dos funcionarios judiciales para conocer detalles sobre el origen de las intimidaciones y orientar los actos investigativos que permitan identificar y judicializar a los responsables.También, se pronunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien rechazó lo sucedido a través de sus redes sociales.“Rechazo enfáticamente las amenazas contra el Magistrado Alejandro Ramelli y su equipo. Me pongo a su disposición. Es un ciudadano probo, justo, recio y comprometido con la justicia en nuestro país”, explicó.Por otro lado, la ONU también se pronunció al respecto y rechazó las amenazas en contra de los magistrados de la JEP.Por ahora, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, aseguró que la Policía ya está adelantando las investigaciones y desplegando las medidas de seguridad y los análisis que son pertinentes luego de las amenazas.¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, confirmó a Blu Radio que al magistrado Alejandro Ramelli le llegó una corona fúnebre y además un mensaje a su celular, en donde lo declaraban objetivo militar. Dichas amenazas, según la JEP, fueron emitidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.“Básicamente la amenaza decía que lo convertían en un objetivo militar por causa de las investigaciones que viene adelantando en razón de los casos de la JEP”, aseguró Roberto Vidal, presidente de la JEP.El comunicado La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales investigar los hechos y sancionar a todos los responsables. Igualmente, al Gobierno Nacional le pudieron que desarticule los grupos armados ilegales que atentan contra la paz de todos los colombianos.“Hemos recibido una solidaridad inmediata del ministro de Defensa, el alto comisionado para la Paz y la Policía Nacional, quienes están al frente del asunto y desplegaron las medidas de seguridad y lo análisis que son pertinentes en estos casos”, confirmó VidalA raíz de las amenazas, la Fiscalía General de la Nación anunció a través de su cuenta de Twitter que asumió la denuncia hecha por la JEP y que realizará las respectivas investigaciones.“A través del Grupo de Amenazas, asumió investigación por la denuncia pública hecha por la JEP, en la que indica que el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar recibieron amenazas del 'Clan del Golfo'”, aseguró la Fiscalía.Por otra parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, también rechazó las amenazas que le hicieron a los magistrados de la JEP.“Rechazo enfáticamente las amenazas contra el Magistrado Alejandro Ramelli y su equipo. Me pongo a su disposición. Es un ciudadano probo, justo, recio y comprometido con la justicia en nuestro país”, afirmó.Cabe recordar que, Alejandro Ramelli ha estado encargado de la exhumación de restos de personas desaparecidas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia.¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará audiencias de recolección y análisis de información para decretar medidas cautelares sobre el estero de San Antonio y la isla Calavera en Buenaventura, esto, para buscar 841 cuerpos desaparecidos, que se presume están ahí.El magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, presidente de la sección de Ausencia de Reconocimiento en pleno, recalcó que se busca escuchar a las víctimas de desaparición forzada y respetar sus derechos.“El principal objetivo es escuchar a las víctimas, consolidar cifras y, tercero, identificar los lugares dónde están los cuerpos, es difícil, pero por lo menos saber dónde están y proteger estos lugares. Necesitamos un diagnostico completo”.“La medida cautelar no solo es la protección de un sitio, es proteger la memoria y establecer la construcción de un plan de búsqueda (…) Las obras civiles en Colombia tienen que respetar los derechos fundamentales de las víctimas de desaparición forzada, no solo es Buenaventura”, añadió.¿Qué es un estero?Según detalló el magistrado Ramelli, los esteros son zonas en los manglares donde hay un contacto del agua con el territorio y, por “las versiones que hay, son lugares que se usaron para tratar de desaparecer a las víctimas, pero no solo son lugares acuáticos”.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, Chocó, tuvieron que abandonar sus territorios este domingo 1 de noviembre por temor a la presencia y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo pidió atención humanitaria urgente para las familias desplazadas, entre las que se encuentran niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales.De acuerdo con la información de la entidad, la comunidad permanece temporalmente en Jurubirá, un territorio de población afrodescendiente, y no ha podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí. La Defensoría advirtió que las condiciones de seguridad y las disputas territoriales entre el Clan del Golfo y el ELN están poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades.La emergencia se presenta apenas dos días después de que la Defensoría advirtiera sobre el agravamiento de las condiciones de seguridad en la zona, tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva, en el marco de la Alerta Temprana 009 de 2024.Además, la entidad alertó sobre el riesgo de que la situación se extienda a otras poblaciones. Según la información conocida, cerca de 300 personas de la comunidad de Puerto Indio también podrían desplazarse ante las condiciones de inseguridad.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar la atención humanitaria inmediata, con alimentación, agua potable, servicios de salud y alojamiento temporal digno. También pidió coordinar el transporte fluvial y las medidas de protección que permitan un traslado seguro, así como activar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado.
Descubra las entrevistas y reflexiones que marcaron una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 1 de noviembre de 2026.Diego Alberto Buitrago Mesa, cirujano plástico estético y reconstructivo, explicó las diferencias entre ambas especialidades, los procedimientos que se realizan en cada una y las recomendaciones que deben tener en cuenta los pacientes antes de someterse a una intervención. También habló sobre la importancia de verificar la formación y certificación de los profesionales de la salud.Juan Cardona, CEO de Whoosh Colombia, presentó el crecimiento de la compañía de movilidad urbana a través de patinetas eléctricas y explicó cómo funcionan estos sistemas de transporte compartido. Además, habló sobre los planes de expansión hacia otras ciudades del país, entre ellas Bogotá y Bucaramanga, y su aporte a una movilidad más sostenible.Cristian Quiñones, exfuncionario de la DIAN y fundador de Clevertax Assessment, compartió su experiencia de 12 años en la entidad, donde ocupó cargos directivos relacionados con el análisis y la fiscalización de grandes contribuyentes. También explicó cómo funciona su firma de asesoría tributaria, los procesos de devolución de impuestos y la importancia de la prevención de riesgos fiscales para empresas y contribuyentes.Felipe Gómez, CEO de Welly, habló sobre las alternativas de financiación para acceder a procedimientos médicos en Colombia. Explicó cómo nació la compañía, la demanda de créditos para tratamientos de salud, su red de aliados médicos y las posibilidades que ofrece para que los pacientes puedan acceder a servicios especializados sin aplazar sus procedimientos por falta de recursos.Escuche el programa completo acá:
El estadio Nemesio Camacho El Campín comenzó las labores de recuperación de su gramilla luego de recibir uno de los espectáculos musicales que reunió a miles de personas en Bogotá durante la celebración de Halloween. El concierto de Ryan Castro, realizado el sábado 31 de octubre, implicó el montaje de una infraestructura de gran escala que tuvo que ser retirada para permitir el mantenimiento de la superficie deportiva.El espectáculo, denominado 'Awooween', comenzó aproximadamente a las 8:30 p. m. y se extendió hasta las 12:30 a. m. del domingo 1 de noviembre, para una duración cercana a las cuatro horas.¿En qué condiciones quedó la gramilla de El Campín?De acuerdo con el reporte técnico divulgado por Sencia este domingo 1 de noviembre, las labores de desmontaje de la infraestructura del concierto comenzaron a las 3:00 a. m. y finalizaron a las 4:00 p. m. Es decir, en un periodo de 13 horas se completó el retiro del 100 % del montaje.En esta operación participaron más de 1.500 personas, cuyo trabajo permitió liberar la superficie del estadio para iniciar las actividades de mantenimiento y recuperación del césped.Sobre las condiciones de la gramilla, la evaluación preliminar evidenció un crecimiento favorable del césped, sin afectaciones generalizadas significativas.Sin embargo, se identificaron algunas marcas superficiales y zonas puntuales con decoloración. Según explicó Sencia, estas condiciones están relacionadas con la cobertura temporal que tuvo la cancha durante el espectáculo y la reducción de exposición a la luz natural.Otro de los aspectos identificados fue una mayor compactación de la superficie, producto de las cargas que soportó durante el evento.¿Qué trabajos realizarán para recuperar la cancha?Sencia informó que durante los próximos tres días se intensificarán las labores de mantenimiento y acondicionamiento de la gramilla.Los trabajos contemplan riego controlado, aireación, peinado y corte, procedimientos que se realizarán de acuerdo con las necesidades identificadas en la superficie.El objetivo de estas intervenciones es favorecer la recuperación de la coloración natural del césped, disminuir la compactación y mejorar las condiciones del terreno para su utilización deportiva.La recuperación de la grama tiene un plazo importante, pues el estadio deberá estar preparado para su próximo compromiso deportivo, programado para el miércoles 4 de noviembre, entre Millonarios contra América de Cali.Finalmente, Sencia señaló que continuará entregando información sobre la evolución y las condiciones técnicas de la gramilla de El Campín.
La Armada Nacional incautó más de 36 componentes para sistemas de aeronaves no tripuladas, conocidos como drones, durante una operación de control fluvial en el río Meta. El material tendría como destino Puerto Carreño, Vichada, y sería utilizado por estructuras criminales que delinquen en la Orinoquía colombiana.El procedimiento se llevó a cabo a la altura del municipio de Orocué, Casanare, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 51 y el remolcador ARC “CT Rigoberto Giraldo” interceptaron una embarcación para realizar una visita e inspección. Durante la revisión, los uniformados encontraron varias cajas embaladas con accesorios y componentes para drones, entre ellos bancos de carga inteligentes, baterías, módulos de antena, sistemas de posicionamiento y componentes eléctricos, además de cámaras con estabilizador.De acuerdo con la Armada, el material no contaba con la documentación correspondiente, por lo que fue incautado y puesto a disposición de las autoridades competentes. La institución señaló que continuará adelantando operaciones de control y vigilancia para impedir que los ríos de la Orinoquía sean utilizados como corredores de apoyo logístico para organizaciones criminales y proteger los corredores estratégicos de esta región del país.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un nuevo golpe contra las estructuras armadas ilegales. En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, desarrollada en la vereda El Moral, del corregimiento de Tenerife, Valle del Cauca, fue desarticulada la compañía Eiber González, perteneciente al grupo Adán Izquierdo, bajo el mando de Iván Mordisco.De acuerdo con el balance preliminar entregado por el mandatario, durante las operaciones militares habría muerto una persona y otras tres fueron capturadas, entre ellas el presunto cabecilla de esta compañía, Alex Antonio Jaramillo Hoyos, alias “J. J.”, así como un menor de 17 años.En el operativo también fueron incautados cuatro fusiles, dos revólveres, una escopeta, una pistola, un mortero hechizo, 16 granadas para dron, siete dispositivos explosivos, 12 proveedores y 153 cartuchos. Asimismo, las autoridades encontraron una motocicleta, 13 celulares, un computador portátil, cinco radios, una cámara de seguridad, una antena Starlink, material de intendencia, 12 pancartas y 11 millones de pesos en efectivo.Esta operación se suma a las acciones de la Fuerza Pública para debilitar las estructuras armadas ilegales, su capacidad de mando y sus finanzas, señaladas de cometer acciones violentas contra la población civil en el departamento del Valle del Cauca.