El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
El representante a la Cámara Yamit Noe Hurtado, radicó el proyecto de ley “Kevin Acosta”, que busca establecer la vigilancia de todos los afiliados a las EPS para detectar riesgos a tiempo y el seguimiento continuo de quienes ya tienen una enfermedad diagnosticada, con el propósito de evitar complicaciones que puedan terminar en hospitalizaciones o atenciones de alto costo.“No es buscar acabar las EPS, es modificar su funcionamiento”, aseguró Hurtado, quien explicó que la iniciativa pretende que estas entidades conformen equipos dedicados a la vigilancia, el control y el cuidado de sus afiliados. El proyecto establece dos ejes. La vigilancia de los afiliados, que aplicaría a todas las personas estén sanas o enfermas para identificar tempranamente riesgos, y el control de la enfermedad, dirigido a quienes ya cuentan con un diagnóstico y requieren seguimiento continuo para evitar que la situación empeore.“Es importante aclarar que el proyecto no se limita a algunas enfermedades en específico. Aplica a cualquier diagnóstico (desde una infección respiratoria hasta enfermedades como hemofilia, ERC y sus precursoras, cáncer o VIH). Además, la evidencia de ADRES muestra que el mayor potencial de ahorro para el sistema está en condiciones agudas de manejo sencillo”, agregó.La propuesta también señala que el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de vigilancia y control quedaría establecido como una infracción administrativa sancionable por la Superintendencia Nacional de Salud.“El proyecto sí impone nuevas obligaciones a las EPS, pero la evidencia técnica de ADRES muestra que su efecto neto esperado es de ahorro para el sistema, no de gasto adicional”, destacó. La iniciativa contempla además visitas domiciliarias, telemedicina y especialistas itinerantes, priorizando a la población de mayor riesgo. El proyecto aclara que el incumplimiento de los deberes del paciente, como no asistir a controles o no seguir las indicaciones médicas, no podrá ser utilizado por las EPS o IPS para negarle, suspenderle, restringirle o dilatarle el acceso a servicios de salud. “Si tenemos pacientes sanos y sus afiliados hay que ayudar a vigilar para que no se enfermen. Si se enferman, verificar y atacar tempranamente para que no se compliquen. Y si tenemos complicaciones, vigilar y estar encima para que estos pacientes estén controlados, no consuman servicios de alto costo que disminuya esta carga de enfermedad, que es lo que tiene en gran medida desangrado al sistema de salud colombiano”, aseguró el representante.La iniciativa lleva el nombre de Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa. De acuerdo con el documento presentado por el congresista, la Procuraduría concluyó que Kevin falleció por negligencia de su EPS al no garantizar oportunamente la entrega de su medicamento.“Si hubiésemos tenido a Kevin Acosta vigilado con visita permanente, con una llamada telefónica, con sus medicamentos a tiempo, no tendríamos ahorita que estar lamentando esta tragedia”, afirmó Hurtado.
El debate del Presupuesto General de la Nación para 2027 continúa estancado en el Congreso ante la falta de un acuerdo sobre los ajustes que tendría el proyecto. El Gobierno nacional no avaló ninguna de las proposiciones presentadas por los congresistas para modificar la distribución de los recursos.Los coordinadores ponentes se reunieron en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes para analizar el proyecto, aunque el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, no participó en el encuentro debido a que se encontraba en un consejo de ministros.Pero, aunque no estaba el jefe de la cartera económica, en medio de las discusiones se conoció la que sería la propuesta del Gobierno para modificar algunos componentes del presupuesto. De acuerdo con el representante a la Cámara John Edgard Pérez, el Ejecutivo plantea un ajuste de solo $3 billones.La propuesta contempla trasladar $2 billones del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud y recortar $1 billón del servicio de la deuda. De este último monto, $300.000 millones serían destinados al Ministerio de Defensa, mientras que los $700.000 millones restantes se distribuirían entre el Ministerio de Vivienda, Invías y el Ministerio del Deporte.La controversia de la JEPEntre las proposiciones presentadas hay dos del representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, quien anunció la presentación de dos proposiciones para recortar $100.000 millones del presupuesto destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).El objetivo de Tovar Vélez es que $70.000 millones se destinen a programas de habitabilidad para víctimas en zonas rurales y otros $30.000 millones se asignen a la Unidad para las Víctimas.615 proposiciones en discusiónEl monto del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 fue aprobado por $634,9 billones. Ese es el techo, pero la distribución se quedaría como la tiene el Gobierno, a menos que algo extraordinario ocurra.En total fueron radicadas 615 proposiciones, correspondientes a intentos de modificación de diferentes componentes del texto, principalmente para redistribuir recursos entre entidades y cambiar su destinación entre ministerios. Sin embargo, aquí la situación se parece a la frase de una canción: “no hay cama pa’ tanta gente”. Esta vez sería: no hay plata para tantas entidades, o al menos no en los montos que quieren.La controversia, de acuerdo con lo planteado durante el debate, va más allá de lo político y está relacionada con la situación fiscal del país, que ha limitado los recursos disponibles para distintas entidades frente a las necesidades que deben atender.Si el Gobierno mantiene su decisión de no acoger las proposiciones presentadas por los congresistas, los integrantes de las comisiones económicas aprobarían en el congreso el presupuesto como está con la distribución que el ejecutivo ha planteado en el proyecto, pero se les negarían algunas facultades extraordinarias que tiene el proyecto.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar respaldo a la independencia, autonomía y funcionamiento de la JEP.La misiva, con fecha del 18 de septiembre de 2026, advierte sobre dos iniciativas que actualmente cursan en el Congreso y que, según la Jurisdicción, podrían afectar sus capacidades institucionales.La primera propuesta, presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, contempla trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura.Mientras que la segunda, liderada por el Centro Democrático y el senador Juan Fernando Caicedo, plantea una reforma constitucional para establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública.Frente al eventual recorte presupuestal, Ramelli señala que este tendría un impacto sobre los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios y equivaldría, según la carta, a cerca del 62 % de los recursos previstos para ese concepto en el proyecto de presupuesto.La JEP también advierte que ya tiene una desfinanciación acumulada de 84.663 millones de pesos. Según el documento, un nuevo recorte comprometería, entre otros aspectos, los recursos destinados al sistema de protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales.En particular, Ramelli señala que están previstos 62.478 millones de pesos para convenios con la Unidad Nacional de Protección y otros 29.362 millones para el funcionamiento de sus sedes, incluidos arriendos, servicios públicos y mantenimiento.La carta también advierte sobre una posible afectación de más del 40 % de los recursos destinados al centro de datos y a la interoperabilidad del sistema judicial, aspectos relacionados con la seguridad de la información y la operación digital de los procesos de la JEP.Sobre la segunda iniciativa, Ramelli sostiene que una revisión automática de las sentencias de la JEP por parte de la Justicia Penal Militar modificaría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz y, según la Jurisdicción, afectaría su autonomía e independencia.En ese contexto, el presidente de la JEP pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tomar nota de la situación, valorar sus implicaciones frente al Acuerdo de Cooperación firmado entre Colombia y esa instancia en 2021 y reforzar las líneas de comunicación con el Gobierno y la Jurisdicción.
El Congreso entrará desde el próximo lunes en dos semanas decisivas para definir el Presupuesto General de la Nación de 2027, con una agenda que contempla reuniones durante toda la semana para escuchar a ministros y entidades antes de votar el monto.Después de las dificultades que tuvo esta semana la discusión por la ausencia de varios ministros citados, los ponentes comenzarán el lunes, desde las 3 de la tarde, una serie de reuniones para escuchar las necesidades presupuestales de cada sector.El representante Ape Cuello, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, explicó que la agenda será apretada debido a que el 15 de septiembre vence el plazo para que las comisiones económicas voten el monto del Presupuesto.“No podemos aprobar un monto si no escuchamos a todos los sectores del gobierno, sustentar qué es lo que necesitan y dónde le falta. Además, también tendremos que escuchar a los otros órganos que hacen parte del presupuesto nacional, al Registrador, al Procurador, al Contralor, a la Defensora del Pueblo, a los magistrados del Consejo Electoral, etcétera. Y el tiempo sencillamente no nos da”, aseguró.Ante el poco tiempo disponible, Cuello señaló que quienes sean citados y no asistan no serán escuchados posteriormente.“La decisión que está tomada es; el que no asista no se escucha y haremos nuestros cálculos de monto de presupuesto y de primera ponencia sin escucharlo, simplemente porque no tenemos el tiempo para estarlos esperando”, agregó Cuello.El presidente de la Comisión Tercera aclaró que no se trata de una amenaza ni de una confrontación con el Gobierno y recordó que el Congreso aceptó devolver inicialmente el proyecto para que la nueva administración presentara su propuesta, lo que, según explicó, redujo el tiempo disponible para la discusión.“Asumimos la inasistencia como el desinterés por el presupuesto de la entidad, no lo podemos asumir de manera distinta. Y repito, el tiempo está apretado porque el Congreso tuvo la voluntad de devolverle el presupuesto a este gobierno, y eso nos hizo perder todo el mes de agosto. Y entendemos las razones, las compartimos y por eso lo hicimos. Ahora necesitamos que el gobierno se ponga en el zapato del Congreso. No tenemos tiempo y necesitamos que asistan y no perdamos un solo día de sesión”, concluyó.Las reuniones podrán extenderse incluso al viernes y sábado. El objetivo, según Cuello, es volver a convocar a las comisiones económicas el lunes 14 de septiembre para votar el monto del Presupuesto. Después quedará una semana adicional para avanzar en la ponencia de primer debate.
El Partido Cambio Radical informó oficialmente a la opinión pública su decisión de declararse partido de Gobierno frente a la administración del presidente Abelardo De La Espriella.La postura fue notificada ante el Consejo Nacional Electoral por los directores de la colectividad, Enrique Vargas Lleras y Fuad Char, de manera conjunta con las bancadas de Senado y Cámara de Representantes.De acuerdo con lo informado por la colectividad a través de un comunicado oficial, el partido acompañará las iniciativas legislativas del Ejecutivo enfocadas en seguridad, reactivación económica, generación de empleo, fortalecimiento de la salud y bienestar social.Asimismo, la colectividad precisó que mantendrá de forma paralela una agenda legislativa propia e independiente en el Congreso de la República, orientada a la equidad, el crecimiento económico y las oportunidades para jóvenes y mujeres.Alianza Verde opta por la independenciaEn la misma jornada del panorama político nacional, la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde definió su postura frente al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, optando por declararse en independencia.Tras varias horas de debate interno, la votación en la colectividad Verde concluyó con 34 votos a favor de la independencia y 8 votos que respaldaban declararse en oposición.El resultado generó reacciones encontradas en las bancadas del partido. El representante a la Cámara Santiago Osorio, promotor de la oposición, cuestionó la decisión de la mayoría y la calificó como un hecho lamentable para las banderas tradicionales de la colectividad.En la misma línea, el senador Ariel Ávila calificó el resultado como un error para la construcción de identidad de la colectividad, aunque manifestó respetó por el mecanismo democrático. Ávila confirmó que el grupo de congresistas que votó por la oposición mantendrá una postura firme frente a las iniciativas del Ejecutivo.Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, quien apoyó la independencia y respaldó al Gobierno, indicó que el resultado no supone un bloque radicalizado en el partido y que existirá espacio para respaldar las medidas oficiales que resulten convenientes para el país.
El senador del Centro Democrático Carlos Meisel aseguró que su partido está dispuesto a trabajar con el Gobierno para construir el presupuesto de 2027, pero advirtió que existen preocupaciones frente a los ingresos con los que se pretende financiarlo. En entrevista con Recap Blu, el congresista señaló que, aunque están claras las necesidades de gasto para el próximo año, todavía no hay suficiente claridad sobre las fuentes de recursos y rechazó que la solución termine siendo una nueva carga tributaria para los colombianos.Meisel sostuvo que el país necesita una estrategia enfocada en el crecimiento económico y en generar nuevas fuentes de recaudo, en lugar de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan. Según el senador, la apuesta debería estar en brindar mayor confianza a los inversionistas nacionales o extranjeros y promover nuevos sectores productivos que permitan aumentar el recaudo.“Este país estaba asfixiado con los impuestos con Petro y también está asfixiado si se le pretende poner más impuestos con Abelardo”, afirmó. La falta de comunicaciónEl congresista también se refirió a la jornada en las comisiones económicas del Congreso, que no pudo avanzar como estaba previsto, y atribuyó la situación a problemas de coordinación entre el Legislativo y el Gobierno.“Creo que fue un error de comunicación con el Gobierno”, dijo Meisel, quien insistió en que debe existir una articulación más estrecha para avanzar en la discusión presupuestal. Aun así, aseguró que existe disposición para retomar el trabajo y alcanzar acuerdos sobre las prioridades de gasto.Uno de los puntos que, según Meisel, debe ser tenido en cuenta es el impacto económico de la emergencia provocada por el terremoto. El senador recordó que el presidente estima que la reconstrucción podría costar alrededor de 30 billones de pesos y reconoció que, ante una situación extraordinaria, no se puede descartar de manera absoluta ninguna alternativa. “Tampoco podemos ser ciegos, sordos y mudos y no escuchar, digamos, algunas realidades que también tiene el país y tienen las poblaciones afectadas”, manifestó.Finalmente, Meisel aseguró que todavía existe tiempo para sacar adelante el presupuesto de 2027 y llamó a superar las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, dejó como constancia en la plenaria la difícil situación de generación de energía del país, información que recibió, después de reunirse con representantes del Comité Intergremial, en la cual le advirtieron que la situación tiende a agravarse si no se corrigen los rezagos en la expansión de la oferta actual del sistema.A todo esto se le agrega que hay 63 % de probabilidades de que el Fenómeno de El Niño sea el más agresivo de la historia del país.“Las alertas provenientes de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional, y de la Asociación Colombiana de Energía (Acolgen) son muy preocupantes, entre la oferta y la demanda existe un déficit de -5 %, entre 4.000 y 4.500 megavatios de energía debieron entrar al sistema, en operación durante los últimos cuatro años y no ocurrió, todavía no han ingresado”, explicó el senador.Advirtió que por ello es deber de los ciudadanos y las instituciones, ahorrar energía, porque en el corto y el mediano plazo no habrá cómo producir energía para equilibrar la balanza.“La situación podría agravarse hasta en 4.1 % en 2027 y 6,8 % en los años subsiguientes si no se corrigen los rezagos en la expansión de la oferta que tenemos hoy en la nación, todo ello sumado a un 63 % de que entre noviembre de este año y enero del 2027 tengamos un fenómeno de El niño muy fuerte. ¿Qué pasaría si el fenómeno ocurre como se está prediciendo? Eso va a generar una presión en los embalses de todo el sistema colombiano”, advirtió Henríquez.Después del encuentro quedó claro, de acuerdo al presidente del Congreso, que el país debe entrar en una campaña de ahorro de energía, porque en el corto y mediano plazo no hay cómo generar la energía que está en déficit de -5 %, para equilibrar la balanza en relación de lo que se consume con lo que se produce.
La crisis que atraviesa el corredor vial Bogotá–Bucaramanga, Ruta de los Comuneros, será objeto de una mesa de trabajo con el Invías, manifestantes, veedores y otros actores, en la que se buscará definir acciones inmediatas para atender las dificultades que presenta esta conexión estratégica para Santander y el nororiente del país.El representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto Rueda, coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento al corredor Bogotá–Bucaramanga, anunció que en el encuentro se planteará al Invías la necesidad de ejecutar obras urgentes y conocer de primera mano los avances y cronogramas previstos para recuperar la movilidad."Entre las propuestas está el mantenimiento correctivo y preventivo de algunos tramos, la construcción de un tercer carril o zona de adelantamiento en el sector de Pescadero y la terminación de la variante de San Gil", dijo el congresista. También se solicitará avanzar en la construcción de una segunda variante en el corredor, que podría corresponder a Oiba o Socorro, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.Desde esta instancia, afirmó, se exigirá al Ministerio de Transporte, Invías y la ANI información clara sobre los contratos, las obras y los cronogramas relacionados con Pescadero, además del manejo de los recursos de los peajes en Santander.“Bucaramanga no puede darse el lujo de perder esta conexión con el centro del país”, manifestó el congresista, quien anunció un seguimiento permanente a la situación de la carretera.Uno de los principales puntos de preocupación continúa siendo el sector de Pescadero, donde las afectaciones asociadas a la erosión en el Cañón del Chicamocha han generado restricciones y dificultades para el transporte.Pinto Rueda cuestionó los retrasos en las soluciones anunciadas y aseguró que el plazo establecido por Invías para avanzar en el restablecimiento del paso de carga pesada ya se cumplió.Ante esta situación, se anunció la presentación de un derecho de petición ante Invías para conocer las medidas preventivas adoptadas, el diagnóstico técnico de la zona y los cronogramas de las acciones previstas.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también ha cuestionado el manejo de los recursos provenientes de los peajes instalados en el departamento.“Es una vía nacional, los peajes los recauda el Gobierno nacional. Nosotros firmamos el convenio Los Comuneros para que esos peajes se inviertan en esa vía, no se ha cumplido”, señaló el mandatario.Díaz Mateus indicó que se encuentra pendiente una reunión con el Ministerio de Transporte para exigir que se dé cumplimiento al convenio y que los recursos sean destinados a las necesidades del corredor vial.El ingeniero y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Bueno, también se pronunció sobre la situación y aseguró que se espera que las inversiones anunciadas para Santander permitan solucionar de manera definitiva las dificultades de infraestructura que afectan al departamento.La discusión sobre la Ruta de los Comuneros vuelve así al centro de la agenda regional, en medio de las afectaciones que genera el estado del corredor para transportadores, comunidades, comerciantes y el sector turístico.El desafío ahora será que las entidades nacionales definan recursos, responsables y fechas concretas para las intervenciones, especialmente en Pescadero, mientras Santander reclama el cumplimiento de los compromisos relacionados con los peajes y la modernización de esta conexión estratégica con el centro del país.
La elección de la nueva mesa directiva de la Comisión Afrocolombiana del Congreso terminó en una discusión entre los representantes Estefanel Gutiérrez y Óscar Benavides.Gutiérrez fue elegido para ocupar la presidencia durante el primer año, pero el pulso se extendió a lo que ocurrirá con la mesa directiva durante el segundo periodo, cuya conformación, según el nuevo presidente, todavía no está definida.Benavides, representante elegido por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, aseguró que, a su juicio, se llevó una disputa ideológica a un escenario en el que las comunidades negras ya habían escogido a sus representantes en el Congreso.“El señor Enrique Gómez llegó a imponer quién debía ocupar durante estos 4 años, prácticamente, la representación del pueblo negro en la comisión. Y yo no puedo permitir, como representante de la población afrodescendiente, que una persona que no conoce nuestras causas ni nuestras luchas llegue a imponer en esos espacios a personas que no van a representar a nuestro pueblo afrodescendiente. La discusión aquí no está en que pudiera ser yo o en que pudiera ser otro compañero. La discusión está en que no podemos permitir que alguien que no conoce de nuestras luchas, de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, quiera imponer a una persona porque le dio la gana de imponerlo o porque de pronto es el lineamiento a Abelardo De La Espriella”, afirmó.Gutiérrez respondió que la decisión sobre el segundo año no depende de él y señaló que será la Comisión, integrada por cerca de 49 congresistas, la que determine posteriormente quién ocupará ese puesto.“La Comisión ha llegado a un acuerdo que hoy querían elegir el primer año, y frente al segundo año quieren ver cómo se desarrolla el ejercicio político”, explicó.El enfrentamiento subió de tono cuando la discusión se trasladó a quién tenía mayor legitimidad para representar a las comunidades afro. En medio del cruce, Gutiérrez le dijo a Benavides que era “más negro” que él.Posteriormente, el nuevo presidente sostuvo que la expresión se produjo después de que, según su versión, otros congresistas plantearan que tenían una mayor representación de las comunidades negras.“Esas fueron afirmaciones que se dieron en el momento cuando unos decían que eran más negros que otros, y al final todos somos negros”, aseguró Gutiérrez.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.