Por medio de la la resolución 004 del 6 de agosto de 2026, expedida por la Mesa Directiva del Congreso de la República, se abre oficialmente la convocatoria para elegir a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el período institucional 2026-2030.El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos.Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.¿Cómo es el cronograma del proceso?6 de agosto: se expide la convocatoria a los Partidos Políticos o Movimientos Políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos y al Congreso de la República.10 de agosto (8:00 de la mañana): inicia la inscripción de hojas de vida.14 de agosto (5:00 de la tarde): cierra la inscripción.14 de agosto: las hojas de vida se trasladaran a la Comisión de Acreditación.Del 15 al 19 de agosto: la comisión revisará los requisitos de los aspirantes.20 de agosto: la comisión entregará su informe.25 de agosto: el Congreso en pleno elegirá a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral.¿Quiénes podrán postular candidatos?La Mesa Directiva del Congreso convocó a los partidos, movimientos con personería jurídica y coaliciones para que postulen sus candidatos a integrar el Consejo Nacional Electoral.El documento recuerda que el CNE, mediante la Resolución N.E.-3328 del 13 de julio de 2026, declaró la elección del Senado de la República y asignó las curules para el período 2026-2030 a las colectividades Partido de la U, Centro Democrático, Pacto Histórico, Partido Conservador Colombiano, la coalición Cambio Radical-Alma, Alianza por Colombia, Movimiento Salvación Nacional, Ahora Colombia, Partido Liberal Colombiano y los movimientos Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Alternativo Indígena y Social (MAIS).Asimismo, el documento señala que el CNE, mediante el oficio CNE-S-2026-003349-DVIE-700 del 4 de agosto de 2026, remitió a la Cámara de Representantes el listado de las organizaciones políticas con representación para el período 2026-2030. Entre ellas figuran las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), representadas por organizaciones sociales, indígenas, de víctimas y comunitarias, además de las agrupaciones Creemos, Libres, MAIS, MIRA, Pacto Histórico, Salvación Nacional, Alianza Social Independiente (ASI), Alianza Verde, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Renaciente, Partido Conservador Colombiano, Partido de la U, Partido Demócrata Colombiano, Partido Liberal Colombiano, Nuevo Liberalismo y Partido Político La Fuerza.
A través de una carta dirigida a los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, la bancada del movimiento político Pacto Histórico, junto con las representaciones afrodescendientes e indígenas firmantes, notificó oficialmente que no asistirá a la sesión de Congreso Pleno convocada para el próximo 7 de agosto, durante la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.En el documento, los congresistas aseguran que la determinación constituye “el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la oposición, la autonomía parlamentaria y la libertad de representación política”. Además, señalan que se trata de un acto de “desobediencia civil, pública, pacífica y no violenta”, con el que expresan su desacuerdo frente a decisiones que, según afirman, consideran contrarias a los principios de la Constitución del 91, “a la dignidad institucional del Congreso de la República y al adecuado equilibrio entre los poderes públicos”.La bancada sostiene además que su decisión responde a “profundas razones políticas e institucionales”. Explica que, como partido político de oposición, ha expresado reparos “frente a la legitimidad política del nuevo Gobierno” y que ha acudido a los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico “para que las controversias relacionadas con el proceso electoral sean resueltas por las autoridades competentes”.“Consideramos igualmente que un acto de la trascendencia constitucional de la posesión presidencial debe preservar plenamente su naturaleza republicana y respetar la dignidad institucional del Congreso de la República como órgano de representación de la soberanía popular”, se lee en el documento.Finalmente, anuncian que renunciarán al reconocimiento y pago del salario y de las prestaciones correspondientes a esa jornada, e informan que no harán uso de los servicios protocolarios, logísticos, de alojamiento y transporte, o de algún otro recurso que sea necesario para dirigirse a la ciudad de Cali.
Por tercera vez durante este gobierno, el Ministerio de Justicia llevó al Congreso la Ley Arles, un proyecto con el que busca endurecer las sanciones contra los funcionarios que no actúen de manera inmediata cuando exista información sobre el posible paradero de una persona desaparecida. La iniciativa pretende que esas omisiones dejen de ser simples incumplimientos y se conviertan en una falta disciplinaria gravísima.Con esta reforma se modificaría el Código General Disciplinario para castigar a los servidores públicos que omitan, nieguen, retrasen o entorpezcan las actuaciones necesarias para verificar el posible paradero de una persona desaparecida. El objetivo es fortalecer la respuesta de las autoridades, garantizar los derechos de las víctimas y sus familias y cumplir los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de derechos humanos. El proyecto vuelve a presentarse luego de que las dos iniciativas anteriores fueran archivadas en el Congreso. Por eso, durante la radicación, la ministra de Justicia, Cielo Rusinque, pidió a los congresistas debatir y aprobar esta propuesta, al señalar que se trata de una obligación pendiente con la familia de Arles Guzmán y con todas las víctimas de desaparición forzada en el país.La Ley Arles tiene su origen en la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, ocurrida en 2002 en la comuna 13 de Medellín. Desde entonces, su familia emprendió una búsqueda que ya supera dos décadas y entregó a las autoridades un croquis en el que señalaba que Arles podría estar en La Escombrera.De acuerdo con el Ministerio de Justicia, las coordenadas entregadas por la familia coinciden con el punto donde la Jurisdicción Especial para la Paz ha reportado, hasta ahora, siete hallazgos de cuerpos. Sin embargo, durante todos estos años sus familiares denunciaron que el Estado no actuó con la rapidez y diligencia que exigía el caso.Esa falta de actuación fue precisamente la que llevó a que, en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por no haber adoptado medidas efectivas e inmediatas para establecer el paradero de Arles Guzmán. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó adoptar medidas que impidan que otras familias vuelvan a enfrentar la misma situación.En respuesta a esa decisión, el Gobierno impulsó esta reforma, que además de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas busca garantizar la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. La ministra Cielo Rusinque aseguró que la búsqueda de una persona desaparecida no admite demoras, indiferencia ni omisiones por parte de las autoridades.Las cifras muestran la dimensión del problema. Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en Colombia hay más de 137.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y más de 52.600 personas buscadoras continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Con la Ley Arles, el Gobierno espera fortalecer la actuación del Estado frente a una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
La Dirección de Protección de la Policía Nacional envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, en la que alertó sobre posibles manifestaciones, concentraciones ciudadanas o alteraciones del orden en distintos sectores de Bogotá, e incluso, cerca del Congreso de la República, durante el 7 de agosto.La comunicación, firmada por el Grupo de Protección del Congreso, señala que el dispositivo de seguridad previsto para la ceremonia de posesión del nuevo presidente obligará al traslado de un número importante de policías que habitualmente prestan servicio en el Capitolio, lo que reducirá temporalmente la capacidad operativa para atender situaciones extraordinarias, actividades protocolarias, visitas o requerimientos adicionales.Por ello, considera necesario “adoptar medidas anticipadas que disminuyan los factores de exposición y permitan concentrar los recursos institucionales en la protección de la infraestructura, el control de accesos, la preservación del orden interno y la capacidad de reacción frente a cualquier eventualidad”.Entre las recomendaciones formuladas a la Presidencia de la Cámara está suspender el ingreso de personas ajenas al funcionamiento esencial de la corporación, además de audiencias, reuniones presenciales, visitas protocolarias, recorridos institucionales y demás actividades que impliquen el ingreso de particulares al Capitolio. También propone abstenerse de programar eventos académicos, culturales o administrativos que generen concentración de público.El documento también sugiere implementar, en la medida que sea posible, trabajo en casa para funcionarios públicos y contratistas. Adicionalmente piden mantener solo al personal administrativo indispensable que garantice la continuidad de las actividades esenciales y restringir cualquier ingreso excepcional que no haya sido previamente coordinado y justificado con razones prioritarias.
El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional del traslado de la sede del Congreso para la ceremonia de posesión del presidente y del vicepresidente electos para el periodo 2026-2030. Aunque el alto tribunal admitió la demanda contra esa decisión, dejó claro que, por ahora, el cambio de sede continúa vigente mientras el proceso judicial sigue su curso.La demanda fue presentada por el ciudadano Juan Pablo Saáb Ramírez, quien pidió que se anularan las decisiones adoptadas por el Senado y la Cámara de Representantes para realizar la sesión de posesión fuera de la sede habitual del Congreso. Además, solicitó una medida cautelar urgente para frenar de inmediato ese traslado.El demandante argumentó que el Congreso solo podía sesionar fuera del Capitolio Nacional si existían razones de fuerza mayor o una grave alteración del orden público. Según lo que argumentaba, esas condiciones no se presentaban y, por tanto, el cambio de sede era contrario a la Constitución y a la Ley Quinta de 1992.Sin embargo, desde la alta corte se concluyó, de manera preliminar, que la Constitución permite que Senado y Cámara acuerden trasladar la sede del Congreso a otro lugar. Explicó que esa posibilidad no depende exclusivamente de una situación de orden público, pues el artículo 140 de la Constitución contempla dos escenarios distintos: el acuerdo entre ambas cámaras o, en caso de perturbación del orden público, la decisión del presidente del Senado sobre el nuevo lugar de reunión.El Consejo de Estado también señaló que la Constitución no exige que la posesión presidencial se realice necesariamente en Bogotá. Lo que establece es que el juramento debe hacerse ante el Congreso reunido en pleno, sin imponer una ciudad específica para esa sesión solemne.Por esa razón, el alto tribunal consideró que, en esta etapa inicial del proceso, no encontró una vulneración evidente de las normas superiores que justificara suspender de inmediato las decisiones adoptadas por el Senado y la Cámara. De esta forma, negó la medida cautelar de urgencia solicitada por el demandante.Con esta decisión, el proceso judicial continúa porque la demanda fue admitida y ahora las corporaciones demandadas deberán responder a los argumentos presentados. Sin embargo, el traslado de la sede del Congreso para la posesión presidencial no queda suspendido por el momento y seguirá produciendo efectos mientras el Consejo de Estado resuelve de fondo la legalidad de esa decisión.
Los senadores que decidan asistir al evento convocado por Iván Cepeda en Barranquilla, en lugar de acudir a la sesión del Congreso por la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali, no recibirán un tiquete adicional financiado por el Congreso de la República. Así lo aclaró el secretario general del Senado, Diego González, al explicar cómo operan las normas que regulan los desplazamientos de los congresistas.En entrevista con Recap Blu, González explicó que los recursos públicos destinados a los tiquetes solo cubren los desplazamientos de los senadores para asistir a las sesiones oficiales del Congreso. Por ello, quienes no viajen a Cali para la sesión del Congreso no podrán solicitar un nuevo pasaje con destino a Barranquilla para asistir al acto convocado por el senador Cepeda.No obstante, el funcionario precisó que los senadores cuentan con un tiquete semanal autorizado debido a que hacen parte de una circunscripción nacional. En ese sentido, si un congresista decide utilizar ese pasaje para viajar a Barranquilla, podrá hacerlo, pero si posteriormente necesita otro tiquete para desplazarse a Cali, este no podrá ser autorizado con recursos del Senado.Sobre la asistencia a la posesión presidencial, González recordó que se trata de una sesión formal del Congreso y que, como ocurre con cualquier otra plenaria, los legisladores que no asistan deberán presentar una excusa válida contemplada en la Constitución y la ley. De lo contrario, podrían enfrentar el descuento del día correspondiente, dependiendo de las circunstancias del caso.¿Qué pasa con gastos de alojamiento?El secretario general también reiteró que el Congreso cubrirá únicamente los tiquetes de los senadores que asistan a la sesión en Cali. Los gastos de alojamiento, alimentación y los desplazamientos de los acompañantes deberán ser asumidos por cada congresista, pues la legislación no permite destinar recursos públicos para esos conceptos.Finalmente, González indicó que aún no existe un consolidado del número de senadores que viajarán a Cali, ya que la Secretaría General continúa coordinando la entrega de invitaciones y la emisión de los tiquetes. Sin embargo, señaló que, si algunos congresistas no utilizan los pasajes financiados por el Senado o deciden pagarlos por cuenta propia, esto podría representar un ahorro para la corporación.
El secretario general del Senado, Diego González, le envió una carta a los senadores en la que confirma que el Congreso asumirá el costo de los tiquetes para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que se realizará el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali."Siguiendo instrucciones del señor presidente de la Corporación H.S. Honorio Henríquez Pinedo. ‘E permito informarles que el Senado de la República suministrará los tiquetes aéreos a la ciudad de Santiago de Cali para la sesión a realizarse el día 7 de agosto de 2026 como está contemplado en la normatividad vigente. Es necesario aclarar que la entidad no cubrirá los gastos de alojamiento, ni alimentación para esta fecha”, señala González en el mensaje enviado a los congresistas.Es importante recordar que la bancada del Pacto Histórico, que tiene 25 senadores, confirmó que no va a asistir a la posesión del presidente De la Espriella.Por su parte, el Centro Democrático confirmó que todos sus congresistas asumirán el costo del viaje a Cali.“Esta decisión es coherente con los principios que defiende el Centro Democrático: austeridad, respeto por el dinero de los colombianos y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”, señaló el partido en un comunicado.El Centro Democrático tiene 17 senadores electos para el periodo 2026-2030.
Dos proyectos de ley que buscan cambiar la forma en la que los colombianos consumen y realizan sus movimientos financieros fueron radicados nuevamente en el Congreso. Las iniciativas, respaldadas por el Centro Democrático y sectores del comercio popular, plantean el regreso de los días sin IVA y una eliminación gradual del impuesto del 4 × 1.000, con el argumento de incentivar la formalización y apoyar al sector productivo.Proyecto 1: reducción del 4×1.000La primera propuesta plantea una reducción progresiva del impuesto del 4 × 1.000, que actualmente representa ingresos para el Estado cercanos a los 19 billones de pesos al año. La iniciativa busca disminuirlo 0,5 por mil cada año desde 2027 hasta 2037, hasta llegar a su eliminación total. El senador Christian Garcés asegura que hacerlo de manera gradual permitiría reducir el impacto sobre las finanzas públicas.La propuesta parte de la idea de que este gravamen incentiva el uso del efectivo y puede convertirse en una barrera para los empresarios y comerciantes que buscan formalizarse. Según el senador, al reducir esta carga se facilitarían los negocios, la inversión y la creación de empleo formal.“Yo vengo trabajando en cómo le quito cargas a los empresarios, a los emprendedores, a los informales para que se puedan formalizar. Eliminar el 4 por 1.000 fomenta la formalización en Colombia, la legalidad y le quita este gravamen a los movimientos financieros que están costándoles a quienes tienen hoy empresas en nuestro país”, aseguró el senador Christian Garcés.Proyecto 2: regreso de los días sin IVA para incentivar el consumoLa segunda iniciativa busca que el Gobierno pueda habilitar hasta tres días sin IVA al año, una medida que permitiría que los ciudadanos compren determinados productos sin pagar el impuesto del 19 %. La propuesta contempla que estas jornadas sean opcionales y que el Gobierno defina las fechas según las necesidades de la economía.El proyecto plantea que los beneficios se concentren en productos de uso cotidiano como electrodomésticos, útiles escolares, vestuario, implementos deportivos e insumos agrícolas. Además, exige el uso de factura electrónica, con el objetivo de beneficiar al comercio formal y promover la legalidad en las ventas.Según el senador, estas jornadas podrían utilizarse en temporadas de menor actividad comercial para estimular el consumo y apoyar especialmente a los llamados comercios populares, es decir, pequeños empresarios que han avanzado hacia la formalización.Los proyectos serán debatidos en el Legislativo y sus impulsores esperan que puedan avanzar con el respaldo del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, al considerar que hacen parte de una agenda enfocada en fortalecer el sector productivo, recuperar la confianza inversionista y dinamizar la economía colombiana.
Los gobernadores de Santander y Norte de Santander, Juvenal Díaz y William Villamizar, respectivamente, llevaron al Congreso de la República una agenda conjunta de proyectos estratégicos con la que buscan asegurar respaldo político y presupuestal para iniciativas que consideran fundamentales para el desarrollo del nororiente del país.Durante una reunión con la bancada de congresistas de ambos departamentos, convocada por la Región Administrativa y de Planificación (RAP) El Gran Santander, fueron expuestas las principales necesidades de la región y las obras que requieren apoyo del Gobierno Nacional para avanzar en su ejecución.Uno de los ejes centrales de la agenda fue el fortalecimiento de la conectividad regional. Entre las iniciativas priorizadas se encuentran la reactivación del corredor vial Bucaramanga-Pamplona, la construcción del corredor Cúcuta-Ocaña-Gamarra para facilitar la conexión con el río Magdalena, el mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria y el impulso a la navegabilidad del río como alternativa para el transporte de carga y el desarrollo logístico.La gestión del recurso hídrico también ocupó un lugar relevante en la discusión. La RAP propuso avanzar en un Contrato Plan para el Gran Santander que permita desarrollar proyectos orientados a proteger los ecosistemas estratégicos, garantizar el acceso al agua potable, fortalecer los acueductos, ampliar el saneamiento básico y mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos asociados al cambio climático.En el componente económico, se planteó una estrategia para fortalecer la competitividad regional mediante el impulso a las exportaciones, la promoción del turismo y el posicionamiento de una Marca Región que reúna la oferta de Santander y Norte de Santander. A esto se suma la formulación de un Plan de Abastecimiento Alimentario que busca fortalecer la producción agropecuaria y mejorar la comercialización de los productos del campo.“En la RAP del Gran Santander, los parlamentarios de los dos departamentos se unen para mirar los proyectos estratégico y mirar cómo utilizar la fuerza política que ellos tienenque se hagan realidad en el Plan Nacional de Desarrollo y ayudar a todos los habitantes en proyectos, especialmente en lo que se requiere que es en el agua”, manifestó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.La reunión también sirvió para presentar proyectos liderados por la Gobernación de Santander, entre ellos el Anillo Vial Externo Metropolitano, iniciativas de infraestructura turística, el Convenio Los Comuneros y el portafolio de inversiones de ESANT S.A. E.S.P., enfocados en mejorar la movilidad, la competitividad y el acceso a los servicios públicos.Otro de los planteamientos expuestos fue iniciar el proceso para convertir la RAP El Gran Santander en una Región Entidad Territorial (RET), figura que permitiría a la región asumir nuevas competencias y acceder directamente a recursos del Gobierno Nacional para ejecutar proyectos de impacto.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, aseguró que la movilización de los legisladores a Cali para la sesión en la que se posesionará el presidente Abelardo De La Espriella será revisada por el área administrativa con el propósito de reducir al máximo los costos para el Congreso y para los colombianos."Yo no le puedo decir en este momento cómo va a ser, porque está en revisión del área administrativa. Me pasarán el informe pasado mañana y procederemos de conformidad, ahorrándole lo máximo que podamos al Senado de la República y a los colombianos", afirmó el senador del Centro Democrático.Henríquez explicó que se trata de una sesión descentralizada como cualquier otra y que solo se cubrirán los gastos básicos permitidos por la ley, sin autorizar recursos adicionales para los congresistas.Según precisó, el Congreso únicamente asume el costo de los tiquetes aéreos para que los congresistas puedan desplazarse y cumplir con sus funciones, mientras que los gastos de alojamiento no son cubiertos por la corporación."El Congreso lo único que surte son los tiquetes para poder desplazarnos a la región y cumplir con las sesiones, pero nosotros no pagamos estadía en ningún caso", enfatizó.Sobre la propuesta que ha surgido para descontar parte del salario de los congresistas que no asistan a la posesión, Henríquez afirmó que no conoce esa iniciativa y evitó pronunciarse al respecto.Sobre reunión con MinHaciendaHenríquez también se refirió a la reunión sostenida con el Ministerio de Hacienda el martes 28 de julio en la tarde, para buscar una solución al déficit presupuestal que enfrenta el Congreso y explicó que durante el encuentro se expuso la falta de recursos y que el Gobierno se comprometió a revisar la situación y responder en el menor tiempo posible."Esperamos que cumpla, porque el normal funcionamiento del Congreso de la República no se puede ver truncado por la falta de un dinero. Pero yo veo una buena disposición; esperemos que nos respondan lo antes posible al requerimiento que les dejamos por escrito", comentó a la salida de la plenaria donde se aprobó la proposición que avala a Cali como ciudad sede para la posesión presidencial, lo que implica el traslado del Congreso.La próxima plenaria del Senado fue convocada para el próximo miércoles.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.En un primer censo, las autoridades españolas contactaron con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares pidió que se comuniquen con los servicios consulares.En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, explicó el ministro.La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia, como ocurrió con el reciente terremoto de Venezuela.Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia y causó al menos 132 muertos, más de 570 heridos y multitud de desaparecidos.Además, decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 160 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.
Naciones Unidas por ahora no ha recibido por parte de las autoridades colombianas una solicitud de ayuda tras el terremoto que sacudió el lunes zonas del oeste del país, aunque se prepara para esa posibilidad, señaló un portavoz humanitario de la ONU."Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos", indicó en una rueda de prensa Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.La fuente añadió que todo el equipo de Naciones Unidas en el país está movilizado y mantiene contacto con sus oficinas regionales y con las sedes centrales."Lo primero que debe hacerse es una evaluación adecuada de qué ha ocurrido exactamente, dónde están exactamente las necesidades y qué es lo que necesita", agregó Laerke.De modo preliminar, las principales necesidades podrían ser agua potable segura, kits de higiene y para el hogar, atención sanitaria y asistencia alimentaria, afirmó.El terremoto, que ha causado al menos 132 muertos según las cifras provisionales de las autoridades colombianas, ha dañado casi 5.000 viviendas y al menos 387 quedaron destruidas, detalló el portavoz."Un total de 61 edificios se han derrumbado y más de 550 instituciones educativas, 24 centros de salud y más de 350 centros comunitarios se han visto afectados", agregó.En zonas afectadas hay acceso limitado a servicios esenciales como electricidad, suministro de agua, atención sanitaria y comunicaciones, además de las 53 carreteras que se han visto afectadas en distintas zonas del país.El portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tarik Jasarevic agregó en la rueda de prensa que la oficina en el país del organismo ha activado su mecanismo de respuesta de emergencia.Equipos sobre el terreno han sido desplegados en las zonas afectadas, entre ellas la ciudad de Cali y el departamento de Chocó, para apoyar la evaluación de daños y la coordinación del sector sanitario.
En el área metropolitana de Bucaramanga, fueron habilitados nueve puntos de recolección para facilitar la entrega de donaciones. Los lugares habilitados son la Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca, el Indersantander, la Lotería de Santander, Idesan, el Banco de Alimentos de Bucaramanga, el Centro Comercial La Quinta, la Alcaldía de Bucaramanga y Centroabastos.En el Centro Comercial La Quinta, las donaciones se reciben en el primer piso, junto al punto de información. Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga habilitó una carpa en el primer piso de la Administración Municipal, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, para recibir los aportes de los ciudadanos.A estos puntos se suma Centroabastos de Bucaramanga, que se vinculó a la campaña de solidaridad para los damnificados. Las ayudas serán recibidas este martes, jueves y sábado en el auditorio de Centroabastos, en una jornada coordinada con la Cruz Roja.La convocatoria busca recolectar alimentos no perecederos, agua, colchonetas, frazadas, cobijas, almohadas y alimentos para mascotas, además de productos de higiene personal como cepillos de dientes, crema dental, desodorantes y pañales. También se requieren linternas, guantes y cascos.Entre los alimentos solicitados están arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela y chocolate, avena, coladas y leche en polvo.En cuanto a los elementos no alimentarios, se pueden entregar jabón, shampoo, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebé y adulto, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, kits de cocina, colchonetas y mantas.El Banco de Alimentos de Bucaramanga también habilitó su centro de acopio, ubicado en la carrera 20 #11-41, barrio San Francisco, para recibir las donaciones.Gladys Rocío Ramírez Jurado, coordinadora administrativa del Banco de Alimentos de Bucaramanga, hizo un llamado a los ciudadanos para sumarse a la iniciativa y aportar alimentos no perecederos y otros productos que puedan ser útiles para las familias damnificadas.“Hoy hacemos un llamado a los colombianos para que nos unamos con nuestros hermanos del occidente del país, que han sufrido un fuerte terremoto”, señaló.El horario de atención en el centro de acopio del Banco de Alimentos es de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. La entidad indicó además que en sus redes sociales se encuentra el listado de productos que pueden ser donados.La invitación de las autoridades y organizaciones que participan en la campaña es a sumarse a esta jornada de solidaridad y entregar elementos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.
Luego del terremoto que azotó a gran parte de Colombia este lunes 10 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella declaró la situación como desastre nacional, una decisión que tomó tras el balance presentado, en el que ya son más de 160 muertos y más de 600 heridos, además de los más de 60 edificios colapsados y los seis aeropuertos dañados.La medida busca facilitar la coordinación y respuesta del Estado frente a la emergencia, que ya supera la capacidad de las autoridades en las zonas afectadas. De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, el presidente puede declarar mediante decreto una situación de desastre cuando sus efectos sean de gran magnitud y requieran una respuesta coordinada.Luego de que el primer mandatario ajustara su agenda y viajara a los principales lugares afectados, entre ellos Quibdó y Cali, De La Espriella anunció desde un Puesto de Mando Unificado las medidas correspondientes para atender la emergencia.¿Qué facultades tiene De La Espriella con esta declaratoria?La declaratoria de desastre no quiere decir que ahora el presidente pueda gobernar sin límites o suspender las normativas habituales que tiene el Estado, pero lo que sí hace es activar un régimen especial que permita responder a la emergencia.De acuerdo con la Ley 1523, una vez declarada la situación de desastre, el decreto puede establecer medidas especiales relacionadas con:Contratación estatal para atender la emergencia.Obtención de recursos mediante empréstitos.Administración y destinación de donaciones.Créditos y alivios para personas afectadas.Rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.Adicionalmente, el primer mandatario puede modificar los términos de la declaratoria y las normas especiales aplicables mientras continúen las labores de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.¿Qué ayudas activa el Gobierno para damnificados?Una de las situaciones que más ha generado preocupación es la de los damnificados. Ante ello, la declaratoria también permite organizar un plan de acción específico para atender a las comunidades afectadas y establecer qué entidades podrán participar en la recuperación de los sectores golpeados por el sismo.Ante ese panorama, el Gobierno ya anunció que para las familias damnificadas en Quibdó habrá un subsidio de arriendo para quienes tengan viviendas afectadas y necesiten un lugar temporal mientras se llevan a cabo las reparaciones.La situación de desastre también permite acelerar la coordinación entre entidades nacionales y territoriales para atender daños en viviendas, infraestructura y servicios esenciales.Por lo tanto, y según lo establecido por la Ley 1523, las medidas especiales deben estar relacionadas con la respuesta, rehabilitación y reconstrucción derivadas del desastre. La declaratoria, por tanto, no constituye un cheque en blanco, sino un mecanismo legal para concentrar recursos, coordinar entidades y facilitar las acciones necesarias frente a una emergencia de alcance nacional.