Este fin de semana hubo una arremetida terrorista por parte de las disidencias de las Farc y del ELN en los departamentos de Tolima, Cauca, Huila y Chocó, que dejó como saldo siete personas muertas y más de 20 heridas.En Planadas, municipio del sur del Tolima, un ataque con una volqueta cargada con explosivos y con la presencia permanente de drones dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de cuatro meses de nacida, otras 18 heridas, más de 100 viviendas afectadas y el hospital municipal seriamente averiado. Este ataque fue atribuido a las disidencias de las Farc.En Algeciras, Huila, se reportaron varios ataques en los últimos días, el hecho más grave ocurrió tras un ataque con un dron cargado con explosivos que causó la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López, mientras que otros nueve resultaron heridos.En el departamento del Cauca, también fue un fin de semana marcado por varios actos terroristas: nuevamente fue destruido el peaje El Mango, sumado a los atentados en Balboa, La Sierra y Totoró.En San José del Palmar, Chocó, el ELN utilizó drones cargados con explosivos contra un grupo de militares, asesinando a dos soldados profesionales y dejando heridos a otros cinco uniformados y en Tibú, un soldado resultó herido luego de un ataque con drones cargados con explosivos contra la Brigada 30 del Ejército en Tibú, Norte de Santander.El presidente Abelardo De La Espriella ordenó una ofensiva por parte de las Fuerzas Militares en contra de los integrantes de los grupos criminales responsables de la oleada terrorista de este fin de semana.Hasta ahora, desde el comienzo del gobierno actual, se ha decidido emprender una nueva política de intensificación de operaciones en contra de los grupos armados, algunos de ellos beneficiarios de la Paz Total durante el gobierno de Gustavo Petro, incluyendo seis bombardeos que si bien han logrado impactar campamentos de las disidencias de las Farc y del ELN, todavía no ha sido alcanzado ningún objetivo de alto valor, entre quienes están alias 'Iván Márquez', alias 'Iván Mordisco', alias 'Calarcá' y alias 'Silvana Guerrero'.Esta arremetida terrorista coincide con la discusión contrarreloj que se adelanta en el Congreso de la República de la Ley de Sometimiento, que busca darle al gobierno las herramientas jurídicas y legales para avanzar hacia las negociaciones con grupos ilegales, que no son políticas sino para que dejen las armas a cambio de una eventual reducción de pena. Esa ley debe ser aprobada a más tardar hoy, porque este miércoles 4 de noviembre expira la vigencia de la prórroga de la ley de orden público, que es la ley 418 de 1997.
Dos soldados profesionales muertos y otros cinco uniformados afectados dejaron varios ataques con drones cargados con explosivos por parte de integrantes del ELN, contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25, en el departamento del Chocó.De acuerdo a la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron entre el 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre de 2026, en inmediaciones de los sectores de Juntas de Tamaná y La Italia, en jurisdicción del municipio de San José del Palmar.Detallaron que las tropas fueron objeto de constantes ataques indiscriminados mediante aeronaves no tripuladas.Tras conocerse la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó sobrevuelos permanentes en el área para facilitar la extracción del personal que estaba en la zona y su posterior traslado a centros asistenciales, donde reciben atención médica.A través de un comunicado, rechazaron los hechos y señalaron que estas acciones constituyen una violación de los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo la vida y la integridad de los militares que cumplían funciones constitucionales de seguridad y protección de la soberanía nacional.También expresaron condolencias a los familiares de los dos soldados profesionales fallecidos.La Décima Quinta Brigada reportó que desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, activó los protocolos institucionales y dispuso acompañamiento integral y apoyo permanente para las familias de las víctimas, en medio de esta situación.
Cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, Chocó, tuvieron que abandonar sus territorios este domingo 1 de noviembre por temor a la presencia y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo pidió atención humanitaria urgente para las familias desplazadas, entre las que se encuentran niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales.De acuerdo con la información de la entidad, la comunidad permanece temporalmente en Jurubirá, un territorio de población afrodescendiente, y no ha podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí. La Defensoría advirtió que las condiciones de seguridad y las disputas territoriales entre el Clan del Golfo y el ELN están poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades.La emergencia se presenta apenas dos días después de que la Defensoría advirtiera sobre el agravamiento de las condiciones de seguridad en la zona, tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva, en el marco de la Alerta Temprana 009 de 2024.Además, la entidad alertó sobre el riesgo de que la situación se extienda a otras poblaciones. Según la información conocida, cerca de 300 personas de la comunidad de Puerto Indio también podrían desplazarse ante las condiciones de inseguridad.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar la atención humanitaria inmediata, con alimentación, agua potable, servicios de salud y alojamiento temporal digno. También pidió coordinar el transporte fluvial y las medidas de protección que permitan un traslado seguro, así como activar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado.
Un bombardeo atribuido al Ejército venezolano contra un presunto campamento del ELN habría dejado al menos 9 personas muertas en el sector Buena Vista del Meta, en el estado Apure, Venezuela, cerca de la frontera con Colombia.El hecho habría ocurrido el día anterior, según información divulgada por el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan García Escalona.De acuerdo con los reportes preliminares recibidos por el exdiputado, nueve cuerpos habrían sido trasladados a San Fernando, donde una comisión nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) estaría adelantando los procedimientos forenses correspondientes en la morgue del cementerio Luis Herrera.Además, otras 10 personas fallecidas habrían quedado en el lugar del bombardeo, mientras que un número todavía no determinado de heridos habría conseguido llegar a territorio colombiano.Este episodio llama la atención debido a que es inusual que el Ejército venezolano lanzara operaciones a gran escala contra grupos criminales que delinquen en ese territorio, como el ELN, desde hace varias décadas.Habitantes de Puerto Páez, centro poblado más cercano a la zona donde ocurrió el ataque, entregaron nombres y referencias de documentos de identidad encontrados en el área donde ocurrió el ataque.Entre los nombres reportados figuran Jesús Javier Brugal Carrero y Juan Carlos Guerrero Márquez. También se mencionaron licencias de conducción venezolanas a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solorzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal.Hasta el momento, estos datos hacen parte de la información preliminar divulgada por García, pero no hay pronunciamiento oficial.Tras conocerse el presunto bombardeo, García Escalona recordó que durante años ha advertido sobre la presencia de grupos armados irregulares en esta región venezolana.Asegura que testimonios recopilados en la zona describen a Apure como un territorio utilizado como retaguardia de organizaciones armadas y como punto de acopio de cocaína. Incluso, aseguró que algunas fuentes locales ubican el precio de esta sustancia en 1.000 dólares por kilogramo.El exdiputado también afirmó que organismos y agencias internacionales conocen la situación de esta región a través de diferentes informes.A estas denuncias sumó presuntas presiones contra habitantes de San Rafael, en el municipio San Fernando, y de El Terrón, en Arichuna.Asimismo, señaló que los reportes se extienden a sectores del Capanaparo, Achaguas y Quintero, en el municipio Muñoz, e incluyen supuestos señalamientos sobre la utilización de hatos expropiados para actividades relacionadas con el narcotráfico.García Escalona indicó que las alertas sobre la presencia de organizaciones armadas también provienen del municipio Rómulo Gallegos, especialmente de Elorza, y del municipio Páez, donde mencionó localidades como Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula.De acuerdo con el exdiputado, los testimonios recogidos en estos territorios describen un ambiente de temor y presiones sobre las comunidades, cuyos habitantes necesitan protección y garantías para denunciar.También cuestionó los presuntos vínculos entre autoridades regionales y municipales con grupos criminales como el ELN, las disidencias de las FARC y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).Agrega que algunos gobernadores y alcaldes de Apure han respondido a los intereses de estas estructuras criminales.A esta versión de García Escalona se sumó, a modo extraoficial, la de Rocío San Miguel, experta en temas militares, quien ha sido la directora durante años de la ONG Control Ciudadano y por cuyo trabajo estuvo encarcelada hasta hace pocos meses.“Reportes locales señalan un presunto bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en Buena Vista del Meta, estado Apure, fronterizo con Colombia”, trinó San Miguel. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha emitido pronunciamiento sobre el asunto.
A través de su cuenta oficial en la red social X el Comando Sur de los Estados Unidos, destacó la captura de 22 personas que serían parte de estructuras criminales como parte de las acciones de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), una iniciativa de cooperación regional para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.El operativo en el que se adelantaron 13 allanamientos, se realizó en cinco departamentos del país, en una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, en coordinación con la Fiscalía. Los detenidos estarían vinculados a una red que comercializaba ilegalmente cerca de un millón de galones de hidrocarburos para financiar al ELN, Los Pachenca y el Clan del Golfo.A propósito de este resultado, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erik Rodríguez, aseguró que el impacto de estas capturas va más allá de afectar las economías ilegales, pues también contribuye a debilitar las redes de financiación que sostienen la violencia y el terrorismo. El oficial señaló que este es precisamente uno de los objetivos estratégicos de la A3C, en el marco del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación hemisférica liderada por Estados Unidos y de la que Colombia hace parte.La operación se conoce en medio del acercamiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella con Estados Unidos para fortalecer la cooperación militar y de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.El mandatario había anunciado, el pasado 23 de junio, que Colombia se incorporaría al Escudo de las Américas a partir del 7 de agosto, cuando asumiera la Presidencia. Posteriormente, el 12 de agosto, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que Colombia se convertiría en el integrante número 19 de la Coalición contra los Cárteles de las Américas y afirmó que el Gobierno colombiano había solicitado cooperación para desarrollar operaciones militares conjuntas contra el narcoterrorismo.Con este nuevo anuncio, el Comando Sur vuelve a destacar los resultados de la articulación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad. Sin embargo, el reporte divulgado no precisa las fechas, los lugares de las capturas ni la identidad de las 22 personas detenidas.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2026 por el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y posibles infracciones al derecho internacional humanitario en la zona rural de Dagua, Valle del Cauca, debido a la disputa territorial entre el ELN y el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.La advertencia comprende 17 de los 27 corregimientos rurales del municipio, además de sus veredas, cuatro cabildos indígenas Nasa, el resguardo indígena Nasa Yu’zxicxkwe y 14 consejos comunitarios afrodescendientes.Según la entidad, el nivel de riesgo para la población civil es extremo ante la posibilidad de combates, homicidios selectivos y múltiples, confinamientos, desplazamientos forzados y uso de explosivos por parte de ambos grupos, que se encuentran en guerra por el control territorial en esta zona del país.La Defensoría identificó dos dinámicas que configuran el escenario de riesgo. La primera corresponde al ingreso, entre junio y julio de 2026, del autodenominado Frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, del ELN, a sectores de la antigua vía al mar, donde disputa el control territorial al Frente Jaime Martínez.Esta confrontación se concentra en cuatro corregimientos: El Queremal, El Danubio, La Elsa y La Cascada. La alerta señala que la estructura del ELN ha instalado retenes ilegales y cometido homicidios, además de estigmatizaciones constantes contra la población.La segunda dinámica corresponde al avance y consolidación territorial del Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc. La Defensoría advierte su presencia en otros 13 corregimientos y señala que Dagua funciona como un corredor estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.La entidad también alertó sobre el incremento de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y municiones sin explotar, así como el posible uso de drones cargados con granadas.De acuerdo con el documento, existe un riesgo elevado de reclutamiento forzado de menores, así como de utilización de niños y adolescentes en labores de logística e inteligencia y de afectaciones a su permanencia en el sistema educativo. También se advierte sobre la situación de los firmantes del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación, incluidas tres mujeres y sus familias.Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 13 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional, departamental y local, con el propósito de prevenir nuevas vulneraciones, disuadir las amenazas y garantizar la protección integral de la población.Las recomendaciones incluyen acciones de coordinación de la respuesta institucional, medidas de seguridad, investigación y acceso a la justicia, y mecanismos de prevención y protección. También contemplan el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y el acompañamiento preventivo de los organismos de control.La Defensoría advierte que, si no se adoptan medidas preventivas, podrían intensificarse los enfrentamientos, aumentar los homicidios y los ataques con drones en zonas pobladas, prolongarse los confinamientos y producirse desplazamientos masivos en este territorio.
Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que un hombre, que presuntamente se habría hecho pasar por habitante de calle, deja un paquete con explosivos junto a un vehículo estacionado en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. El artefacto detonó durante la madrugada de este martes y dejó cuatro policías heridos, además de varios daños materiales en la zona fronteriza con Venezuela.En las imágenes, compartidas por Noticias Caracol, se observa al hombre llegar con un aparente costal que contendría los explosivos y abandonarlo frente al vehículo. Posteriormente, el sospechoso se retira caminando por unas escaleras que conducen al puente internacional. Según las primeras hipótesis de las autoridades, habría escapado hacia Venezuela, por lo que los investigadores buscan establecer su recorrido y dar con su paradero.La explosión se registró en el barrio El Escobal, a pocos metros de un CAI de la Policía Nacional. La fuerza de la detonación dejó vidrios rotos, vehículos destruidos y cuatro uniformados lesionados. De acuerdo con el reporte médico, los policías se encontraban fuera de peligro y permanecían bajo observación y atención médica.Las primeras indagaciones apuntan a que se habría tratado de un ataque dirigido contra la Policía, cuyos integrantes suelen estacionar sus vehículos en ese sector. Entretanto, las autoridades intensificaron los operativos de seguridad en inmediaciones del paso fronterizo y en otros puntos estratégicos de Cúcuta, con controles de antecedentes y requisas para localizar al presunto responsable.Presunto responsableEn medio de las investigaciones, las autoridades informaron que ya tendrían identificado al señalado autor material del atentado, conocido con el alias de ‘David’, quien, según la información entregada a Noticias Caracol, sería integrante del ELN. Este atentado sucedió solo horas después del asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos y quien también era precandidato a la alcaldía de esa ciudad.
La inteligencia militar colombiana está desarrollando una capacidad tecnológica para hackear los drones utilizados por grupos armados ilegales, rastrear sus movimientos y obtener información que permita ubicar campamentos, depósitos de armas y explosivos.Esta estrategia busca contrarrestar los ataques con aeronaves no tripuladas contra bases militares, estaciones de Policía y población civil, mediante herramientas de ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia.Para avanzar en esta misión, encomendada por el alto mando militar, desde hace varias semanas trabaja un equipo interdisciplinario integrado por ingenieros de sistemas, software, telecomunicaciones e informática, profesionales en ciberseguridad, analistas de datos y especialistas en inteligencia artificial y hardware. El objetivo es fortalecer las capacidades tecnológicas para identificar patrones asociados al uso ilegal de estos dispositivos.El trabajo de los ingenieros y analistas se estaría desarrollando en diferentes regiones del país, entre ellas Catatumbo, Arauca, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, sur de Bolívar y Caquetá. Los procedimientos, las herramientas empleadas y la ubicación de los centros de cómputo permanecen bajo reserva, debido a que revelar esos detalles podría comprometer las operaciones en curso y poner en riesgo al personal involucrado.Uno de los principales avances estaría en la posibilidad de acceder de manera remota a los sistemas utilizados para controlar y operar los drones. La información obtenida permitiría analizar sus movimientos, rutinas y coordenadas, así como relacionar esos datos con otras fuentes de inteligencia para identificar zonas de interés y posibles lugares de operación de las estructuras criminales.Con estos datos, la inteligencia militar busca establecer patrones relacionados con campamentos, zonas de concentración, puntos de reunión y lugares de almacenamiento de material de guerra. También se pretende identificar posibles depósitos de armas, explosivos, drogas y elementos de intendencia utilizados por los grupos armados para desarrollar sus actividades ilegales.La información recopilada estaría contribuyendo al desarrollo de operaciones militares y de Policía, incluidas acciones para capturar o neutralizar integrantes de estas organizaciones y localizar material ilegal.Uno de los efectos que se busca conseguir es reducir la ventaja que los grupos armados obtienen al utilizar drones para atacar a la Fuerza Pública o vigilar sus posiciones sin exponer directamente a sus operadores. Este escenario también podría obligar a las organizaciones criminales a modificar sus procedimientos y adoptar nuevas medidas de seguridad.Además del rastreo, los especialistas están trabajando en una capacidad que todavía se encuentra en desarrollo y consiste en tomar el control de los drones después de que despeguen, de manera que sus operadores pierdan el mando de las aeronaves.Si esta medida logra funcionar, esta tecnología podría impedir que los dispositivos continúen una trayectoria de ataque e incluso permitiría intentar desviarlos. No obstante, su viabilidad dependerá de las características de cada sistema y de que sea técnicamente posible intervenirlo.A esta estrategia se sumaría la incorporación de aeronaves MQ-9 Reaper, mencionadas como un refuerzo para las labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.Estos equipos militares pueden observar zonas extensas y apoyar la localización de campamentos, laboratorios de procesamiento de drogas, rutas del narcotráfico, embarcaciones con cargamentos ilegales y movimientos de grupos criminales. Su disponibilidad y despliegue efectivo en Colombia deben precisarse para establecer el alcance de ese refuerzo.La combinación de ciberinteligencia y vigilancia aérea busca ampliar la capacidad de la Fuerza Pública para detectar amenazas, seguir los movimientos de las organizaciones armadas y orientar operaciones contra sus estructuras.El cambio estratégico consistiría en que los drones utilizados para cometer ataques podrían convertirse también en una fuente de información para las autoridades, aunque el alcance de esta capacidad dependerá de sus resultados comprobados y de los avances que se consigan en el control remoto de estas aeronaves.
El conflicto armado en Colombia continúa poniendo en riesgo los derechos de niñas, niños y adolescentes. Durante el primer semestre de 2026, un total de 48.003 menores de edad resultaron afectados por hechos relacionados con la guerra, según el boletín de monitoreo número 35 de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO).El informe, elaborado a través del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición, registró 165 eventos entre enero y junio de este año, en medio de confrontaciones entre grupos armados, disputas por el control territorial y restricciones impuestas a las comunidades.Los departamentos donde se concentraron principalmente estas afectaciones fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca.Entre los hechos documentados por la organización, el desplazamiento forzado y el refugio registraron 53 eventos. Además, se identificaron 47 casos relacionados con la vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados y estructuras delictivas.Asimismo, COALICO reportó otros 33 eventos de bloqueo de suministros y servicios básicos, situaciones que pueden afectar a comunidades enteras y limitar el acceso a bienes y servicios esenciales. A estos hechos se suman 29 ataques y ocupaciones de escuelas, hospitales y otros bienes civiles, además de vulneraciones a la vida, la integridad y la libertad personal.De acuerdo con la organización, los responsables de estos hechos son diferentes estructuras de las disidencias de las Farc y el ELN, que mantienen constantes enfrentamientos por el control territorial y su predominio en el mercado de las economías ilícitas.Las cifras entregadas por la Coalición evidencian la persistencia de distintas formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia en el país.Desde COALICO señalan que es necesario el fortalecimiento de las medidas de prevención y protección para garantizar los derechos de esta población, especialmente en los territorios donde persisten las confrontaciones armadas y las restricciones a las comunidades.Según el boletín, los menores en estas zonas del país enfrentan constantes violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, de la libertad personal y del derecho a la libertad sexual, así como la vinculación por parte de grupos armados y delictivos. Además, la organización también alerta sobre los ataques y la ocupación de escuelas, universidades, hospitales y otros bienes civiles, el bloqueo de suministros básicos y el desplazamiento forzado.En el informe, la COALICO también cuestionó el futuro de la política de negociaciones de paz y el rumbo que asumirán las estrategias de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, así como de protección integral de la niñez y la adolescencia, de cara al nuevo gobierno.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana Estructural para advertir sobre los riesgos que enfrentan las comunidades de Ricaurte y Mallama, en el departamento de Nariño, por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales. La entidad identificó amenazas contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población, así como posibles infracciones al derecho internacional humanitario.La alerta, identificada como la 025 de 2026, comprende todo el territorio de los dos municipios. En Ricaurte incluye la cabecera municipal y sus 13 resguardos indígenas Awá, mientras que en Mallama abarca la cabecera de Piedrancha, siete corregimientos, 28 veredas y el resguardo Gran Mallama, del pueblo indígena Los Pastos.Según el documento, el escenario de riesgo está relacionado con la presencia de estructuras como el Frente Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de las Farc, así como con redes criminales locales. La Defensoría también advierte sobre la posibilidad de que células del ELN y de estructuras de las disidencias de las Farc intenten regresar a la zona.La entidad señala que desde 2024 existe una dinámica de coexistencia armada entre Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, que permite distribuir corredores y mantener el control de rentas ilegales. Sin embargo, advierte que este equilibrio es frágil y podría romperse ante cambios en las economías ilícitas o las tensiones relacionadas con los procesos de paz.A este panorama se suman las actividades vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Según la entidad, estos grupos aprovechan los corredores fronterizos hacia Ecuador para el abastecimiento y el transporte de economías ilícitas. También se advierte sobre amenazas contra comerciantes y transportadores, así como la imposición de restricciones a la movilidad y cobros ilegales.La Defensoría identificó como población especialmente vulnerable a los pueblos indígenas Awá y Los Pastos, las comunidades campesinas, los firmantes del acuerdo de paz y sus familias, además de niños, niñas y adolescentes.En Ricaurte, en el caso de la población Awá, la entidad advierte que esta comunidad enfrenta riesgos de reclutamiento, contaminación por minas y presiones sobre su territorio.Por su parte, en Mallama, entre los riesgos que corre el pueblo indígena Los Pastos están los homicidios de autoridades tradicionales y las extorsiones contra sus gobiernos propios.Los niños, niñas y adolescentes también enfrentan riesgos de reclutamiento forzado y desescolarización. La alerta relaciona esta situación con las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades y las dificultades de acceso a servicios educativos.Asimismo, el documento advierte sobre amenazas e intimidaciones contra autoridades étnicas y liderazgos sociales, así como riesgos de estigmatización y represalias contra 15 firmantes de paz y sus familias.Los comerciantes, transportadores, servidores públicos y misiones médicas también están expuestos, debido a que corren el riesgo de interceptaciones a ambulancias, cobros de peajes ilegales en la Vía al Mar y amenazas contra comerciantes y transportadores mediante panfletos.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 29 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales para prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos y responder a los riesgos identificados.Las medidas incluyen acciones de coordinación para una respuesta rápida, prevención y protección de las comunidades, investigación y acceso a la justicia, atención humanitaria y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.Entre las entidades destinatarias están los ministerios del Interior y de Defensa, las alcaldías de Ricaurte y Mallama, la Gobernación de Nariño, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, entre otras.La alerta también advierte que una eventual ruptura de la coexistencia entre los grupos armados podría desencadenar nuevos enfrentamientos, homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos y confinamientos, con consecuencias que podrían superar la capacidad de respuesta de las autoridades municipales.
MiLoto realiza este martes, 3 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este martes, 3 de noviembre de 2026 es: 25 - 08 - 24 - 13 - 20.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este martes 3 de noviembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $450 millones. Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ley de sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra, luego de más de 12 horas de discusión. Los representantes respaldaron el mismo texto que había sido aprobado previamente por el Senado de la República, por lo que la iniciativa superó su último debate en el Congreso y quedó lista para pasar a sanción presidencial.Tras la votación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que durante el trámite se ofrecieron garantías a los sectores de oposición y que algunas de sus proposiciones fueron incorporadas al articulado.“Creo que aunque haya muchas personas de la oposición con una molestia, creo que se le dieron todas las garantías. El gobierno también recibió proposiciones de ellos, se incorporaron, pero obviamente era un proyecto del gobierno y se obtuvo el respaldo después de un amplio debate”, afirmó el ministro.Cancino también destacó que la iniciativa no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones y que establece condiciones para la entrega de bienes por parte de quienes se sometan.Frente a la posibilidad de que el texto presente errores, el ministro reconoció que no hay ley perfecta, pero señaló que el Gobierno realizó un trabajo muy dedicado con dos equipos de trabajo.“Creo que ahí no vamos a encontrar, esperemos ningún error, ya estarán aquí revisando, mañana se publicará y esperemos que se sancione y sea ley de la República el día 4 de noviembre del año 2026, la primera ley del gobierno de Abelardo De La Espriella”, agregó.Por su parte, el representante a la Cámara Daniel Briceño, ponente de la iniciativa, aseguró que con esta aprobación termina el modelo de paz total del anterior Gobierno y comienza un nuevo esquema de sometimiento a la justicia.“Primero, no habrán gestores de paz. Segundo, no habrán mesas de negociación. Tercero, no se le suspenderá a nadie aquí la orden de captura ni la extradición”, afirmó el congresista, quien agregó que los responsables del reclutamiento de menores no podrán acceder a los beneficios contemplados en la ley.¿Cuáles son los principales cambios de la Ley de Sometimiento?Entre los ajustes aprobados durante el trámite legislativo está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. Para los delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, se amplió de uno a seis años la pena mínima de cárcel exigida para acceder a los beneficios jurídicos.Asimismo, se estableció que quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de vincular a niños, niñas y adolescentes a estructuras criminales no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado.En cuanto a las sanciones, la iniciativa contempla rebajas de hasta el 50% de las penas para los integrantes de base de las organizaciones criminales. Para los cabecillas y quienes ejerzan funciones de mando, la reducción será de hasta el 30%, sin que la condena pueda ser inferior a diez años de prisión.Cabe recordar que durante el trámite en ambas cámaras fue eliminado el artículo 25, que contemplaba la posibilidad de utilizar gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.Con la aprobación del mismo articulado en Senado y Cámara, el proyecto concluyó su trámite legislativo y quedó a la espera de la sanción presidencial.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que ayudará a los haitianos a "retomar el país", después de que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, afirmara que su Gobierno está decidido, con el apoyo de El Salvador, a acabar con las bandas armadas que siembran el terror en la nación caribeña."Estamos del mismo lado que ustedes. Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de (Jea-Jacques) Dessalines (el líder la de Revolución haitiana que declaró la independencia del país el 1 de enero de 1804) y finalmente, Haití será libre", dijo Bukele en un extenso mensaje en su cuenta de X.Estas declaraciones se dan en el contexto del despliegue de 2.000 soldados salvadoreños en Haití, enviados por Bukele con el propósito inicial de participar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) que están desaparecidos desde el 18 de octubre tras ser emboscados por bandas armadas en Croix-de-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.En su mensaje en X, Bukele señaló que los que traicionaron a Dessalines y "sumieron a Haití en varias generaciones de sufrimiento y miseria" aún existen, "algunos son miembros de pandillas, otros financian a las pandillas o les dan armas, y algunos de ellos hacen todo lo posible por impedir que el pueblo haitiano alcance su libertad"."Podemos ayudarnos a vencerlos (...) Debemos levantarnos, retomar el control de nuestras comunidades, y poner bajo nuestro control a las personas que nos hacen sufrir todos esos dolores, todo ese sufrimiento", agregó el presidente salvadoreño.En otro mensaje este martes en la misma red social, Bukele advertía que "las pandillas ya no tienen la ventaja" en Haití."Las pandillas estaban atacando a los soldados del GSF de Chad. Llegamos rápidamente y repelimos a los atacantes con nuestros helicópteros de ataque", agregó el mandatario.Fils-Aimé agradeció este martes a Bukele por haber comprendido la batalla que libra Haití, que es similar a la que enfrentó contra las pandillas salvadoreñas."Es el Estado haitiano el responsable de la dirección política y estratégica de la batalla contra la inseguridad", manifestó el primer ministro para desvirtuar críticas de quienes afirman que la tropa salvadoreña actúa de manera autónoma."Con el apoyo de varios países aliados, en particular, de El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas y la GSF están uniendo fuerzas en torno a una estrategia común. Nuestro objetivo es claro: acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado", agregó.La violencia de las pandillas, que controlan prácticamente la totalidad del territorio de Puerto Príncipe, causa miles de muertos cada año en Haití y genera una inestabilidad política que ha impedido la celebración de elecciones en los últimos años.La última fecha fijada para la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos, que estaba prevista para el 13 de diciembre, fue trasladada al 18 de julio de 2027.
El cantante español David Bisbal reivindicó este martes la vigencia de la balada clásica en español, a través del estudio y rescate de artistas y composiciones que considera "eternos", en un momento en que ve cada vez más complejo crear obras imperecederas en la música."Creo que el pop romántico vive un momento que necesita del recuerdo de mucha gente, pero los que somos románticos a muerte siempre las vamos a defender (los clásicos)", afirmó el vocalista durante una rueda de prensa sobre el escenario del Auditorio Nacional de la capital mexicana.El intérprete explicó que su nuevo proyecto discográfico y conceptual, titulado 'Eternos', supuso una exigente inmersión técnica al adentrarse en las obras de leyendas de las décadas de los recientes años setenta y ochenta, como los mexicanos José José y Juan Gabriel (ya fallecidos), y los españoles Camilo Sesto (fallecido) y Raphael y Julio Iglesias."Estudiando las voces de todos ellos me he dado cuenta de que fueron extraordinarios intérpretes y compositores; no es que fui a grabar y ya, sino que me ha costado muchísimo trabajo interpretar y hacer una representación digna de lo que significan estos grandes eternos", admitió Bisbal."La voz de José José o la de Juan Gabriel son completamente diferentes, pero precisamente por esa riqueza musical es que los artistas de México son tan importantes; hay muchísimo para estudiar, elegir y emocionarte", explicó el cantante a EFE, tras anticipar que en sus próximas presentaciones en el país contará con el acompañamiento de mariachi en directo.A contracorriente de la tendencia de colaboraciones y ritmos urbanos que rige el mercado contemporáneo, el músico andaluz defendió su apuesta por prescindir de invitados en el álbum para privilegiar arreglos orgánicos y grabaciones instrumentales sin elementos preprogramados."Lo más fácil hubiese sido hacer un disco pop popular o acercarme a ciertos géneros y colaboraciones que me ayuden a estar en primera línea, pero considero que la fidelidad es importante en la música", argumentó.
La magia de 'Encanto', la película de Disney que convirtió los paisajes, la música y las tradiciones colombianas en protagonistas de una historia de animación, regresará a los cines del país el próximo 12 de noviembre con un propósito solidario: recaudar fondos para apoyar a los afectados por el terremoto.La iniciativa, impulsada por The Walt Disney Company en Latinoamérica y Cinecolor Colombia, destinará a la Cruz Roja Colombiana las regalías correspondientes a ambas compañías por el reestreno de la película, con el objetivo de contribuir a la atención y recuperación de las poblaciones damnificadas por el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto."La magia de Casita vuelve para hacer algo extraordinario", anunció Disney en Instagram, donde invitó al público a regresar a las salas de cine y contribuir a la donación con la compra de sus entradas, aunque no especificó cuáles serán las salas seleccionadas para ver la película.La campaña busca llevar ayuda a las comunidades afectadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.El terremoto, ocurrido el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), sacudió buena parte del territorio colombiano.El balance oficial consolidado en octubre cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.La tragedia dejó graves daños materiales, especialmente en el oeste y suroeste del país, donde numerosas edificaciones e infraestructuras resultaron afectadas.Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, 'Encanto', estrenada en 2021 y ambientada en una familia colombiana que encuentra en la unión su principal fortaleza frente a las dificultades, se convirtió en un homenaje internacional a la diversidad cultural del país, desde sus paisajes y biodiversidad hasta sus ritmos musicales.La película ganó el Óscar a mejor largometraje de animación en 2022 y popularizó canciones como 'No se habla de Bruno' y 'Dos oruguitas', esta última interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.