El presidente Abelardo De La Espriella rechazó el pronunciamiento del ELN en el que hablan de la posibilidad de evaluar un canje para que los miembros de la DIJIN secuestrados el pasado 17 de agosto."El ELN confirmó que mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra DIJIN, y a la ciudadana Angi Jácome", dijo el presidente De La Espriella en su mensaje.En el mismo sentido, el mandatario aseguró que desde el 17 de agosto ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para lograr la liberación de las personas secuestradas y para llevar a los responsables ante la justicia."Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les quede claro: no habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación", señaló el mandatario.Por otro lado, el presidente dijo que cada ataque contra la fuerza pública tendrá una respuesta contundente por parte del Estado."Emplearemos toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley. No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley", señaló De La Espriella.
Las Fuerzas Militares entregaron un nuevo balance sobre los ataques contra la fuerza pública mediante sistemas aéreos no tripulados, (UAS) conocidos como drones, cargados con explosivos.Según el boletín, entre enero de 2024 y el 14 de septiembre de 2026 se han registrado 439 ataques de este tipo en diferentes departamentos del país. En 2024 fueron 108; en 2025, 158 y en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 173 casos, por lo que este año registra la cifra más alta del periodo.El informe también señala que, como consecuencia de estos ataques, 26 agentes han muerto y 353 han resultado heridos. Solo durante 2026, el reporte registra 10 fallecidos y 200 heridos.Entre los departamentos donde se han registrado estos ataques están Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó y Bolívar. Según las Fuerzas Militares, estos hechos han sido atribuidos a diferentes grupos armados organizados, entre ellos el ELN y estructuras de las disidencias de las FARC.Cauca es el departamento con mayor número de ataques registrados durante el periodo, con 248 casos, seguido por Norte de Santander, con 65, y Valle del Cauca, con 34.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el rescate de ocho personas que habían sido secuestradas por el ELN en Convención, Norte de Santander.“En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander”, dijo De La Espriella.El mandatario explicó que los hombres del Gaula llegaron a la zona y ejecutaron una acción rápida que permitió el rescate de las personas que se encontraban privadas de su lebertad. “Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, agregó De La Espriella."Felicitaciones a nuestros soldados, policías y a todos los hombres de inteligencia que participaron en esta operación. Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia", concluyó en mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.
La Policía Nacional confirmó la captura de alias Trompón, señalado como presunto integrante del ELN y explosivista de esta estructura armada, durante el despliegue de seguridad que adelantan las autoridades en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander.De acuerdo con la información entregada por la institución, el capturado también sería operador de drones utilizados para ejecutar diferentes ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en este sector del departamento. Durante la acción operativa, además de la captura, las autoridades reportaron la incautación de material explosivo, en momentos en que la Policía retomó su presencia en el corregimiento con cerca de 150 uniformados de los comandos especiales.El operativo fue liderado por el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, quien aseguró que la institución diseñó una estrategia especial para recuperar el control de este punto de Norte de Santander y garantizar la seguridad de sus habitantes.La captura se produce después de una semana de ataques contra la Fuerza Pública que dejaron como principal afectación la destrucción total de la subestación de Policía de Guamalito.Según la información suministrada por las autoridades, los ataques fueron ejecutados mediante drones cargados con explosivos y posteriormente se activaron cargas explosivas contra la infraestructura que había quedado afectada.Ante el riesgo para los uniformados, 20 integrantes de la Policía tuvieron que ser evacuados vía aérea. La salida de los policías generó preocupación entre habitantes y líderes de la zona, quienes manifestaron sentirse desprotegidos frente a la presencia de los grupos armados. En respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional anunció la recuperación de la subestación y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en el corregimiento. El retorno se realiza con un despliegue de aproximadamente 150 policías, mientras avanzan las labores para reconstruir la infraestructura afectada.El general Alarcón mencionó, entre otros, a alias El Zorro, Mario, Arístides y Los Mellos, y señaló que existe una recompensa cercana a los 300 millones de pesos por información que permita avanzar en la ubicación de integrantes de esta organización. “Venimos detrás de ellos, vamos por ellos y continuaremos aquí”, aseguró.
La confrontación territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33 continúa dejando graves consecuencias para la población civil en Tibú, Norte de Santander. El alcalde del municipio, Richard Claro, advirtió sobre el aumento de la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos en diferentes zonas rurales, una situación que, según afirmó, se presenta prácticamente a diario y que está afectando especialmente a campesinos y comunidades que deben transitar por estos territorios.En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario se refirió a un reciente hecho ocurrido en el sector de Oru 7, donde dos jóvenes resultaron gravemente heridos luego de manipular un artefacto explosivo. De acuerdo con el reporte entregado por Claro, las víctimas, de 18 y 28 años y de nacionalidad venezolana, encontraron un dispositivo que tenía cables conectados e intentaron manipularlo, lo que provocó la explosión.“Dos personas, una de 18 y otra de 28, se encontraron un artefacto con unos cables conectados. Intentaron manipular los cables y este artefacto explotó”, explicó el alcalde.Los jóvenes sufrieron heridas de gravedad, principalmente en el dorso y las partes inferiores del cuerpo, y fueron trasladados al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta para recibir atención médica. El alcalde aclaró además que, hasta el momento de la entrevista, no existía confirmación oficial sobre una tercera persona fallecida que había sido mencionada inicialmente en algunos reportes.Minas antipersonales, una amenaza para los campesinosRichard Claro aseguró que la instalación de minas y otros artefactos explosivos se ha convertido en una problemática recurrente en las zonas donde existe presencia de los grupos armados ilegales. El mandatario señaló que estos dispositivos no solo representan una amenaza para las Fuerzas Militares, sino principalmente para la población civil que continúa desarrollando sus actividades cotidianas en áreas rurales.“A diario tenemos situaciones delicadas de orden público, de minas antipersonales”, afirmó el alcalde, quien agregó que la administración municipal ha adelantado gestiones relacionadas con el desminado humanitario.La preocupación aumenta debido a que algunos de estos artefactos han sido encontrados cerca de escuelas y caminos utilizados diariamente por campesinos, lo que incrementa el riesgo de nuevos accidentes. Para el mandatario, los civiles se han convertido en las principales víctimas de una disputa armada por el control territorial. “Los civiles son los más afectados de esta guerra y estas confrontaciones por el control territorial de estos grupos”, sostuvo Claro.La dinámica del conflicto también dificulta determinar cuál de las estructuras armadas instala cada campo minado. Según el alcalde, tanto el ELN como las disidencias del Frente 33 mantienen presencia en diferentes sectores y se disputan el dominio de zonas estratégicas del municipio.ELN y disidencias se disputan el control territorialLa confrontación entre ambas estructuras armadas ha generado una situación cambiante en diferentes puntos de Tibú. Claro puso como ejemplo el sector del kilómetro 25, donde, según explicó, se han observado cambios en los símbolos que identifican la presencia de cada grupo.“Un día aparece una bandera, al otro día sale la otra, quitando un grupo la bandera y colocando la otra”, relató el mandatario. Esta disputa territorial tiene una consecuencia adicional: cuando los grupos armados abandonan determinados sectores, los artefactos explosivos que fueron instalados permanecen en el terreno y pueden convertirse en una amenaza para quienes posteriormente ingresan a esas zonas.El alcalde explicó que los grupos utilizan las minas como mecanismo de protección frente a la incursión de su adversario. “Cada grupo donde pasa va dejando minas para su protección, para su guardia, y allí es donde suceden los accidentes”, señaló.El problema, agregó, radica en que las estructuras armadas pueden permanecer solamente algunos días en un determinado punto, mientras que las minas quedan allí durante mucho más tiempo. Posteriormente, los campesinos regresan a sus labores sin conocer necesariamente la ubicación de los artefactos.La vía Tibú-Cúcuta continúa bajo presiónAdemás de la problemática de las minas antipersonales, el alcalde Richard Claro aseguró que las condiciones de seguridad en el municipio siguen siendo críticas. Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación de la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, particularmente el corredor Astilleros-Tibú.De acuerdo con el mandatario, la administración municipal continúa sin lograr el control efectivo de esta carretera, donde se han presentado hechos que afectan incluso al personal encargado de prestar servicios de emergencia. Claro mencionó que, en la jornada anterior a la entrevista, se registró la retención de una ambulancia que salió del casco urbano de Tibú junto con un paramédico. También señaló que otro conductor de ambulancia fue detenido cuando se movilizaba por la vía Astilleros-Tibú.
Se complica la situación de orden público en el corregimiento de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander. Luego del retiro de todos los miembros de la Policía, miembros del ELN se tomaron lo que quedaba de la subestación.Cabe recordar que el pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados vía aérea, tras al menos tres ataques consecutivos que dejaron inservible la infraestructura.El más reciente fue el pasado viernes con un ataque con un enjambre de drones, el lunes anterior terminaron de atacar la subestación de policía, y el pasado miércoles ya se terminaron de tomar precisamente esta subestación.Este jueves se reportan nuevos ataques y la presencia de los guerrilleros del ELN, según lo confirmó a Blu Radio el alcalde José Contreras, quien, además, tuvo comunicación con el ministro de Defensa y el Gobierno Nacional para poder recuperar esa subestación de policía.“El corregimiento de Guamalito, el municipio de El Carmen, fue la subestación de policía afectada el día viernes con drones y con una destrucción por más 80%. De manera reiterada, el día lunes terminaron de atacarla y causaron una destrucción total. Lastimosamente, para el día de hoy, no contamos con policía y aún no ha llegado Ejército al corregimiento de Guamalito. Según información de la misma comunidad, la subestación fue tomada por presuntos integrantes de la organización criminal del ELN a la cual se le atribuyen esos atentados, según la inteligencia y la fuerza pública”, detalló el mandatario.Recordemos además que el ataque con enjambre de drones registrado el viernes pasado fue al mismo tiempo donde se presentó también el otro ataque en Ocaña, en Norte de Santander, por lo que las autoridades piden al Gobierno Nacional priorizar la ayuda para la región.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció, por medio de un mensaje en X, que en la madrugada del 10 de septiembre la fuerza pública capturó a alias 'El Flaco', señalado cabecilla de una comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, junto a otro presunto narcoterrorista, en La Sierra, Cauca.“Seguimos golpeando al ELN y protegiendo a los colombianos de sus acciones criminales. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus redes de apoyo”, aseguró De La Espriella.El mandatario afirmó que alias 'El Flaco' estaría vinculado con extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y constreñimiento contra la población del Macizo Colombiano.Según el reporte del presidente, durante la operación fueron incautados un fusil, cuatro armas cortas, 829 cartuchos de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación y ocho detonadores eléctricos, además de equipos de comunicación, dinero en efectivo y documentos de interés.“En Colombia, los terroristas no van a tener un minuto de tranquilidad”, declaró el presidente.
Un nuevo golpe contra las economías ilícitas del ELN se produjo en Norte de Santander, donde seis personas fueron capturadas en dos operaciones desarrolladas en Cúcuta y Villa del Rosario.La primera acción fue adelantada por el Gaula Militar Norte de Santander, con apoyo de inteligencia militar y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, mediante diligencias de allanamiento y registro en Cúcuta y Villa del Rosario.Le puede interesar: Presidente De La Espriella confirma captura de alias ‘Firu’, francotirador del ELNEn estos procedimientos fueron capturadas cuatro personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer presuntamente a la Comisión Financiera del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Los detenidos son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto de hidrocarburos.De acuerdo con la investigación, los cuatro capturados serían presuntos responsables del apoderamiento ilícito de hidrocarburos del poliducto Pozos Colorados-Galán, en el sur del Cesar.Según las autoridades, el crudo era trasladado posteriormente hacia Norte de Santander, donde presuntamente sería utilizado para abastecer procesos relacionados con la producción de pasta base de coca en la región del Catatumbo.Además, parte del hidrocarburo habría sido almacenado en centros clandestinos ubicados en la zona rural de El Zulia y en el sector de La Ye de Astilleros, para posteriormente ser comercializado de manera ilegal.A este resultado se sumó una segunda operación desarrollada en el barrio El Callejón de Cúcuta, donde tropas del Gaula Militar Norte de Santander, realizaron un allanamiento.Durante el procedimiento fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN en flagrancia, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.Las operaciones hacen parte del Plan de Campaña Ayacucho y de las acciones sostenidas de la Fuerza Pública para afectar las estructuras financieras y las economías ilícitas de los grupos armados que tienen presencia en Norte de Santander y el Catatumbo.Con estas seis capturas, las autoridades buscan debilitar las redes dedicadas al apoderamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como las actividades que, según las investigaciones, estarían relacionadas con el financiamiento de organizaciones armadas y el narcotráfico
Luego de meses de investigación, la justicia de Chile acusó formalmente a Diosdado Cabello de, presuntamente, cooperar y trabajar de la mano con el Tren de Aragua para cometer crímenes en distintos países de Latinoamérica y perseguir a desertores del régimen venezolano. Sin embargo, el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago fue el hecho que desencadenó una investigación más amplia sobre los posibles vínculos del Gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones criminales y grupos armados.Noticias Caracol investigó el caso y reveló cómo, según las pesquisas, el régimen de Nicolás Maduro habría establecido alianzas con guerrillas, organizaciones criminales y otros actores para perseguir, secuestrar y asesinar a opositores y desertores en distintos puntos del continente. Entre los grupos señalados aparece el ELN, que habría participado en algunas de estas operaciones.ELN y Tren de Aragua, los señalados por sus vínculos con el régimen de Nicolás MaduroLa denominada operación Cacería, revelada por Noticias Caracol, expuso los presuntos nexos entre funcionarios del régimen venezolano y organizaciones criminales. La investigación se remonta al 13 de diciembre de 2023, cuando Ronald Ojeda y otros opositores venezolanos se reunieron en Cúcuta para analizar posibles estrategias para sacar del poder a Nicolás Maduro.De acuerdo con la investigación, la Dirección de Inteligencia de Venezuela ya habría establecido contacto con el ELN para localizar a los opositores, secuestrarlos en Cúcuta y posteriormente entregarlos al otro lado de la frontera.Ojeda no asistió a aquella reunión y logró evitar el operativo. Tras conocer lo ocurrido, decidió abandonar Colombia y emprender un viaje hacia el sur del continente.“Ojeda toma un bus hasta Rumichaca y empieza a bajar a Ecuador, a Perú y luego hasta Chile. Todo el recorrido lo hace por tierra”, relató a Noticias Caracol un testigo que pidió mantener su identidad en reserva.Meses después, en Chile, un grupo de hombres que se hicieron pasar por policías llegó hasta el apartamento de Ojeda para sacarlo del lugar. Según las investigaciones, los responsables pertenecían al Tren de Aragua y habrían sido contratados para ejecutar la operación. La justicia chilena ha señalado a Diosdado Cabello como uno de los presuntos responsables de coordinarla.Las dudas sobre la actuación de la justicia colombianaPese a las evidencias conocidas posteriormente, en Colombia no se habría adelantado una investigación sobre estos hechos. Fueron las pesquisas desarrolladas en Chile las que permitieron establecer posibles conexiones entre organizaciones criminales, grupos armados y funcionarios del régimen venezolano.Durante cerca de dos años, las autoridades chilenas siguieron diferentes pistas para identificar a los responsables del crimen. La investigación terminó involucrando a personas y redes con conexiones en países como Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.Alias ‘Gocho’ y alias ‘Botija’, señalados como presuntos implicados directos en el asesinato de Ronald Ojeda, fueron capturados por Interpol Colombia. Chile solicitó su extradición al gobierno de Gustavo Petro, pero el proceso no avanzó inicialmente. En agosto pasado, el Gobierno colombiano aprobó finalmente su traslado a Chile.¿Qué puede pasar con Diosdado Cabello?La investigación también abre interrogantes sobre el futuro judicial de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del Gobierno venezolano.“Creo que el señor sabe que sus días están contados y que este incidente puede ser usado por Estados Unidos para habilitar su captura y extradición, sea a Chile o a Estados Unidos”, explicó el profesor y experto en seguridad y defensa Jairo Libreros.La atención también está puesta sobre Delcy Rodríguez, quien ha mantenido a Cabello dentro de la estructura de poder del Gobierno venezolano. Una eventual acusación formal contra el dirigente podría aumentar las tensiones entre Caracas y Washington, especialmente teniendo en cuenta las acusaciones que pesan sobre Cabello y la recompensa ofrecida por Estados Unidos por información que permita su captura.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la fuerza pública logró 15 capturas en las últimas 24 horas en diferentes zonas del país. El presidente asegura que la ofensiva contra los grupos armados y bandas delincuenciales continuará.“En las últimas 24 horas logramos 15 capturas y sacamos de circulación 2 armas, 58 municiones, 26 proveedores, 43 detonadores eléctricos y un depósito ilegal. Seguimos golpeando con fuerza el narcotráfico: 589 kg de marihuana incautados, 2.340 kg de hoja de coca, 21.706 galones de insumos líquidos y 570 kg de insumos sólidos, además de 15 laboratorios para procesamiento de pasta base de coca afectados”, fue el balance entregado por el presidente.En el departamento del Putumayo se incautaron además 6.340 galones de crudo que iban a ser utilizados para la refinación ilícita.“Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública acumula 15.401 capturas, 71.873 kg de estupefacientes incautados, 1.595 armas de fuego fuera de circulación y 1.407,3 hectáreas de coca erradicadas”, agregó el jefe de Estado.
Uno de los temas que fueron relevantes durante la pasada campaña presidencial fue la discusión sobre el tamaño del Estado y la política de austeridad, especialmente luego de vivir la experiencia del liquidado Ministerio de Igualdad que llegó a tener cinco viceministerios, una gran cartera presupuestal y poca ejecución.Al llegar al Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella prometió que haría el recorte y la reducción del Estado. Es por eso que sorprendió, cuando se presentó el nuevo presupuesto -que actualmente discute el Congreso-, que el monto aumentase de $575 billones de pesos a $634,9 billones de pesos.El Gobierno ha justificado este aumento como un sinceramiento de cuentas, de que no solo hay que cumplir con gastos como las elecciones de 2027 y el pago de pensiones, así como cumplir los compromisos de deuda; pero aseguró que el reajuste se haría recortando inicialmente $21 billones de la vigencia actual, presentando una ley fiscal que elimine gastos por $40 billones de pesos y una posterior reducción del Estado que vendría en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2026-2030.Adicionalmente, esa es una de las funciones que el presidente De La Espriella delegó en el vicepresidente José Manuel Restrepo: impulsar la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado mediante tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos, para mejorar los servicios públicos.Esta semana en el Congreso se ha visto el desfile de funcionarios ante las comisiones económicas y las comisiones constitucionales solicitando recursos para su funcionamiento y es por eso que ya hay voces que quieren darle viabilidad a esa simplificación estatal.Una de esas iniciativas viene por parte de los senadores Julia Correa y Juan Caicedo del Centro Democrático, quienes buscan darle facultades extraordinarias al presidente durante 6 meses para que reorganice la estructura de la Administración Pública Nacional, eliminar duplicidades funcionales, corregir dispersión institucional, mejorar la coordinación entre entidades, racionalizar el gasto de funcionamiento y fortalecer la eficiencia y eficacia de la función administrativa.Ahora este proyecto nace con el riesgo de incurrir en un vicio de inconstitucionalidad: el artículo 150 de la Constitución establece que las facultades extraordinarias deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno nacional, no pueden ser aprobadas por iniciativa propia del Congreso. Para evitar una inexequibilidad, los autores señalan que la ley está sujeta a que durante el trámite del proyecto el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presente la solicitud escrita pidiendo las facultades extraordinarias.La última vez que se hizo un plan de modernización del Estado fue en la era de Álvaro Uribe Vélez, que redujo de 16 ministerios a 13, lo que generó un ahorro inicial de 24 mil millones de pesos anuales, la liquidación y reestructuración de entidades como Telecom y Seguro Social, la venta de entidades como Bancafé, Granahorrar, Ecogas, lo que generó un ahorro total de $22 a $25 billones de pesos.
La declaratoria de urgencia manifiesta de la Cancillería para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una contratación temporal para atender la producción y suministro de las libretas. En ese escenario, una de las preguntas que surge es si Thomas Greg & Sons, empresa que durante años estuvo a cargo de este servicio, podría regresar.El abogado Nicolás Dupont, demandante en el proceso que llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a ordenar la suspensión provisional de los convenios relacionados con el nuevo modelo de pasaportes, se refirió al tema en entrevista con Mañanas Blu. Dupont señaló que la urgencia manifiesta permite a la Cancillería realizar una contratación inmediata con el objetivo de evitar una interrupción del servicio, aunque evitó anticipar que esa decisión tenga un destinatario específico: “Yo no me quiero anticipar a decir que la urgencia manifiesta tenga nombre propio”.Según explicó el abogado, la medida permite adoptar decisiones contractuales de manera inmediata ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio. La Cancillería informó que la urgencia manifiesta fue declarada el 17 de septiembre de 2026 y que la contratación que se derive de ella tendrá carácter transitorio y estará limitada a lo indispensable para mantener la expedición de pasaportes y visas.Tribunal mantuvo la suspensión de los conveniosLa decisión se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara las solicitudes de aclaración presentadas frente a la medida cautelar que suspendió provisionalmente los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes.De acuerdo con la explicación entregada por Dupont en Mañanas Blu, varias de las partes habían solicitado al Tribunal precisar el alcance de la decisión. La Casa de la Moneda de Portugal pidió aclarar si la suspensión también cobijaba el convenio de cooperación con la Imprenta Nacional, mientras que la Cancillería y la Imprenta solicitaron orientación sobre las acciones que debían adoptar para garantizar la provisión de pasaportes.El abogado explicó que el magistrado consideró que la decisión era suficientemente clara y que no correspondía al Tribunal indicarle al Ejecutivo cómo debía cumplirla: “Si bien debe garantizar en los términos que dijo el tribunal la provisión de los pasaportes y la no interrupción de un servicio público esencial, está en manos del gobierno decidir de qué manera debe cumplirse esa orden respetando los derechos de las y los colombianos”.La Cancillería, por su parte, señaló que la urgencia manifiesta fue declarada precisamente para cumplir la orden judicial y garantizar que el servicio continúe sin interrupciones. El Ministerio aseguró que las oficinas expedidoras y los consulados mantienen la atención y que las citas previamente programadas continúan vigentes.¿La urgencia manifiesta podría llevar de nuevo a Thomas Greg & Sons?La posibilidad de que Thomas Greg & Sons participe nuevamente en la expedición de pasaportes surgió durante la entrevista a Dupont, debido a que la figura de urgencia manifiesta permite realizar una contratación inmediata. Sin embargo, el abogado demandante evitó señalar que exista una decisión en ese sentido.Dupont agregó que antes de definir la alternativa debe revisarse el estado actual de la operación, el inventario disponible y los alcances de la orden judicial: “Creo que también deben, deben evaluarse como todas las circunstancias actuales y el estado actual en el que están, el stock que usted ya mencionó, y así como la orden judicial para determinar como que cuál es la mejor forma de proceder”.La información oficial de la Cancillería establece que la contratación derivada de la urgencia manifiesta será transitoria. Paralelamente, el Ministerio inició la estructuración de una licitación pública para atender de manera permanente la necesidad relacionada con la expedición de pasaportes.La discusión sobre el stock de pasaportesUno de los asuntos mencionados durante la entrevista fue el inventario de libretas de pasaportes entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional. La Cancillería había solicitado al Tribunal autorización para utilizar el stock existente mientras se definía una alternativa que permitiera garantizar la continuidad del servicio. Blu Radio informó que el trámite de una solución alternativa podría tardar alrededor de tres meses: Dupont sostuvo que no correspondía al Tribunal explicar al Ejecutivo cómo utilizar un inventario específico.Dupont pide información sobre el nuevo modelo de pasaportesOtro de los puntos señalados por Dupont está relacionado con la información sobre la operación del nuevo esquema de expedición de pasaportes. El abogado recordó que la medida cautelar no solamente exige garantizar la prestación del servicio, sino también entregar información sobre el funcionamiento del modelo implementado.Según explicó durante la entrevista, entre los datos que deberían conocerse están el lugar donde se imprimen las libretas y los mecanismos utilizados para su transporte y seguridad. “Nos dé una información que hasta el día de hoy no tenemos: dónde se están imprimiendo las libretas, con qué mecanismos de seguridad se están transportando”.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente los convenios relacionados con el nuevo modelo mientras continúa el proceso judicial iniciado mediante una acción popular presentada por Dupont. ¿Qué pasará con el nuevo pasaporte?Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la suspensión del nuevo modelo implicara regresar al diseño anterior del pasaporte colombiano. Dupont señaló que la decisión judicial no establece que deba retomarse un modelo específico de libreta: “La decisión del juez no implica regresar a cierto esquema de contratación y mucho menos especifica qué características debe tener el pasaporte que viene”.En ese sentido, planteó que la discusión no debería centrarse exclusivamente en regresar al documento anterior, sino en definir las características que deberá tener el pasaporte que se produzca bajo el esquema que finalmente adopte el Gobierno: “Me gustaría pensar menos en regresar a un pasaporte específico y más en avanzar hacia un pasaporte mejor, hacia el pasaporte que merece la ciudadanía”.
El número de incendios forestales en seguimiento en el país aumentó durante las últimas horas. Según el balance con corte a las 8:00 de la mañana de este viernes 18 de septiembre, 22 emergencias permanecen bajo monitoreo; 14 están activas y ocho controladas.Frente al reporte de las 6:00 de la tarde del jueves, cuando había 18 incendios en seguimiento, la cifra aumentó en cuatro. Los casos activos pasaron de 12 a 14, mientras que los controlados subieron de seis a ocho.Tolima continúa concentrando la mayor cantidad de emergencias activas, con ocho, ubicadas en Ataco, Villarrica, Prado, Villahermosa, Armero, Ortega, Alvarado y San Luis.En Cundinamarca permanecen activos los incendios de Topaipí y Nilo; mientras que en Valle del Cauca continúan los de Guadalajara de Buga y Cali. A estos se suman los reportados en Santander de Quilichao, Cauca, y Mallama, Nariño.Uno de los cambios frente al balance anterior se registra en Paime, Cundinamarca, donde el incendio que permanecía activo en la vereda San Santuario ahora permanece como controlado, al igual que el caso en San Juan de Rioseco.Los otros incendios controlados se encuentran en Huila, Santander y Tolima. En este último departamento hay cuatro bajo esta condición, además de los ocho que continúan activos.
El Gobierno nacional sigue autorizando traslados en las diferentes cárceles del país, con miras a reducir delitos como la extorsión, y en esta ocasión fue incluido entre esos reclusos Digno Jose Palomino Rodríguez, quien es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de la banda criminal Los Pepes, que tiene injerencia en todo el Atlántico.Palomino estaba privado de la libertad en la cárcel Picaleña, en Ibagué, pero el pasado 10 de septiembre llegó una carta hasta esta penitenciaría, autorizada por el Director Nacional del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en la que se informaba su envío hacia el penal de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.La medida fue destacada inicialmente por los comerciantes en el Atlántico, siendo estos las víctimas más usuales de las estructuras delincuenciales. Orlando Jimenez, director de Undeco en el departamento, apunta que dichos movimientos les generan tranquilidad.“Hemos padecido el flagelo de la extorsión en los últimos 8 años. Es una zozobra y angustia la que viven los comerciantes por las visitas, panfletos, intimidaciones con disparos a los negocios o intento de incinerar los mismos, Ojalá que cese la horrible noche y se pueda volver a lo que éramos”, indicó.En ese nuevo lugar no estará solo, pues también fue solicitado el traslado de Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias ‘Gomelo’, otro de los presuntos líderes de la banda Los Pepes y con quien hace unas semanas envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella manifestando su voluntad de someterse a la justicia.Le puede interesar: Cilindro con mensaje amenazante contra el Inpec obliga a cerrar vía a cárcel de Palogordo en GirónEn esa carta hablaban de un supuesto abandono de la violencia, junto con un cese al fuego y compromiso de las víctimas, pero 15 días después aún no reciben una respuesta del Gobierno Nacional.Entre tanto, expertos en seguridad como Alejandro Blanco califican esas intenciones como fallidas: “Se ha endurecido el tratamiento, particularmente con algunos cabecillas que están privados de la libertad y que tienen como origen el Caribe colombiano. Esto, básicamente, bajo el entendido de que muchos de ellos siguen delinquiendo desde las cárceles. La decisión es coherente con lo que el presidente Abelardo De La Espriella ha venido proponiendo desde su campaña”.Ahora mismo, Digno Palomino y Aldair Enrique Montenegro se encuentran en la cárcel La Picota, en Bogotá, a la espera de los últimos trámites para su traslado hacia Santander. Recordemos que, esta semana, también fueron ordenados traslados en Valle del Cauca.
En Soledad fue capturado Víctor Rafael Acosta Bocanegra, de 39 años, quien era requerido por la justicia para cumplir una condena por el delito de hurto calificado en circunstancias de agravación punitiva.El procedimiento lo lideró el CTI de la Fiscalía y, de acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017, cuando Acosta Bocanegra se desempeñaba como pagador de la empresa Puro Pollo.Según el expediente, al parecer, aprovechó su acceso al manejo de los recursos de la compañía para realizar autoconsignaciones y transferencias de dinero hacia cuentas bancarias de Davivienda y BBVA, utilizando nombres de terceras personas y registrando su propio número de cédula.Le puede interesar: El ‘hackeo’ que terminó en desfalco de $6.500 millones a empresas de telecomunicacionesEsta modalidad habría generado una afectación patrimonial superior a los 600 millones de pesos.Un juez lo declaró culpable y le impuso una condena de ocho años y cinco meses de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término.Otro caso En el marco del Plan Cazador, la Policía Metropolitana capturó en el barrio Santo Domingo a alias ‘El Cocorra’, de 28 años, quien presuntamente estaría vinculado al grupo delincuencial ‘Los Pepes’.Durante el allanamiento fueron incautadas más de 130 dosis de sustancias estupefacientes, entre base de coca y marihuana, además de dinero en efectivo que, de acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con esta actividad criminal.Al parecer, alias ‘El Cocorra’ cumpliría funciones relacionadas con la distribución de estupefacientes. Por eso, ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con la droga incautada.
