La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a diez antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc por crímenes cometidos contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía durante el conflicto armado.La decisión fue adoptada el 12 de octubre por la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro del subcaso Amazonía y Orinoquía del Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos entre 1996 y 2016.Los pueblos reconocidos como víctimas colectivas son los Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw. Según el tribunal, la violencia no solo afectó la vida e integridad de sus integrantes, sino también sus formas de gobierno propio, sus prácticas culturales y espirituales y su relación con los territorios ancestrales.La Sala de Reconocimiento atribuyó a los diez comparecientes crímenes de lesa humanidad de exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución. También les imputó crímenes de guerra relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal y daños al medio ambiente natural.La investigación identificó dos patrones: El primero corresponde a acciones para ejercer control social y territorial sobre las comunidades indígenas, mediante ataques contra sus autoridades, líderes y personas señaladas de colaborar con grupos enemigos.De acuerdo con la investigación, gobernadores indígenas, caciques, sabedores, médicos tradicionales, docentes y otros líderes fueron víctimas de homicidios, torturas, desapariciones y desplazamientos por oponerse a los intereses de la antigua guerrilla.Uno de los hechos documentados ocurrió el 25 de julio de 1997, cuando integrantes de los frentes 15 y 49 de las Farc ingresaron al resguardo indígena San Luis, en el municipio de Milán, Caquetá, y asesinaron a siete autoridades, líderes y comuneros. Entre las víctimas estaba el cacique Reimundo Figueroa y dos docentes.Meses después, el 4 de septiembre de ese año, otros cuatro hombres fueron asesinados en el resguardo de San José del Cuerazo, entre ellos la autoridad tradicional Alejandro Piranga Pizarro. Estos hechos provocaron desplazamientos y afectaron las estructuras de gobierno del pueblo Korebajü.El segundo patrón está relacionado con crímenes cometidos en el contexto de las hostilidades. La Jurisdicción documentó el uso de minas antipersonal en territorios indígenas, así como ataques que provocaron contaminación ambiental y afectaciones a lugares sagrados.Entre los antiguos integrantes de las Farc a quienes la JEP llamó a reconocer responsabilidad están tres ex miembros del último Secretariado, Milton de Jesús Toncel Arredondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’, Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El Médico’, y Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’.También fueron señalados Elmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’; Darío Lee Díaz, conocido como ‘Robledo’; Luis Enrique Montes, alias ‘Euclides Bermúdez’; Gustavo Cuéllar Pajoy, conocido como ‘Manuel Político’, y Liberman Imbachi Chilito, alias ‘Norbey Ramírez’.La jurisdicción señaló que ninguno de los diez comparecientes tenía investigaciones penales en la justicia ordinaria por los hechos abordados en esta decisión.Ahora, los diez comparecientes tendrán un plazo de 30 días hábiles para reconocer o controvertir su responsabilidad, presentar observaciones, aportar pruebas y pronunciarse sobre su participación individual en los crímenes atribuidos.Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y aportan verdad plena, la Sala podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento y remitir posteriormente el caso al Tribunal para la Paz, que podrá imponer sanciones propias. Si no lo hacen, el proceso podrá remitirse a la Unidad de Investigación y Acusación para el procedimiento adversarial correspondiente.
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado venezolano César Coello, exiliado en Washington desde 2018 y asistente a las audiencias judiciales contra el régimen venezolano, abordó los reveladores detalles de la más reciente actualización del proceso judicial impulsado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, Cilia Flores y la red operacional de la dictadura en Venezuela. Un esquema de narcotráfico y protección estatalDe acuerdo con Coello, los vínculos entre el chavismo y grupos armados colombianos como las Farc y el Eln no constituyen un fenómeno reciente, sino una dinámica delictiva consolidada a lo largo de los años.Al evaluar las revelaciones presentadas en la acusación norteamericana, el jurista enfatizó la profundidad de la convergencia entre el Estado venezolano y las organizaciones guerrilleras. "Nicolás Maduro y Cilia Flores no se limitaron a que la Farc y el Eln encontraran un santuario que le sirviera de refugio en Venezuela, sino que ellos participaron de forma directa en una relación criminal de beneficio lucrativo que involucraba narcotráfico, armas, acuerdos financieros, protección militar y el uso indebido de las instituciones del Estado venezolano", afirmó Coello. Asimismo, recordó los respaldos públicos brindados por la dictadura a los cabecillas de la guerrilla: "El 28 de julio del 2019 en pleno (...) foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro en Caracas dijo que tanto la Farc como 'Santrich' eran bienvenidas en Venezuela".La reunión clave de 2013 y el intercambio de armas por drogaEntre los hallazgos más contundentes señalados por la justicia estadounidense figura un encuentro de alto nivel celebrado en el año 2013. En dicha reunión participaron Nicolás Maduro, Cilia Flores y los jefes guerrilleros Rodrigo Londoño ('Timochenko'), Luciano Marín ('Iván Márquez') y Seuxis Pausias Hernández ('Jesús Santrich'). El propósito central del encuentro fue discutir una millonaria deuda que Maduro mantenía con las Farc a raíz de la asociación conjunta en actividades de narcotráfico. Ante la falta de liquidez, la Fiscalía estadounidense alega que Maduro aceptó saldar la deuda entregando armamento pesado, explosivos y minas antipersona. Según Coello, este material bélico fue suministrado "a sabiendas que ese armamento podría fortalecer las operaciones de la guerrilla contra el Estado colombiano". Para el abogado, esta alianza demuestra la búsqueda de rentas ilícitas tras el colapso del aparato productivo venezolano: "Nicolás Maduro intentó hacer y lo logró por momentáneamente el sueño de Pablo Escobar. Y bueno, por lo que estamos viendo ahora, su situación ante la Corte Federal de Nueva York va a terminar de la misma forma".Pistas clandestinas y vuelos semanales de cocaínaEl jurista hizo especial énfasis en la logística operativa que mantiene activa la alianza entre el régimen y las organizaciones armadas. Las investigaciones judiciales de Estados Unidos dan cuenta de despachos constantes de estupefacientes facilitados desde territorio venezolano."Se verificaba semanalmente (...) transportes narcóticos que salían de pistas clandestinas que estaban controladas por el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. Todo esto con la asistencia y protección de funcionarios militares y de inteligencia venezolana", detalló Coello.. Frente a la contundencia de los testimonios y pruebas, remarcó la solidez del expediente penal: "Es clara la cooperación, es clara la intención y creo que la justicia se está acercando tanto para el pueblo de Colombia como para el pueblo venezolano".Cuestionamientos a la impunidad y al futuro judicialCoello cuestionó la pasividad política frente a la presencia de grupos armados colombianos en suelo venezolano, advirtiendo que la guerrilla "convive con el Estado y a su petición secuestra y asesina colombianos y venezolanos por igual".Finalmente, con respecto a líderes desmovilizados como 'Timochenko', anticipó que el avance de las pruebas en Nueva York terminará exponiendo su participación en la red criminal transnacional: "Cuando se empiecen a esclarecer los hechos, que se empiecen a dar las evacuaciones de prueba, va a ser claro que él era un cómplice más".Escuche aquí la entrevista:
La nueva acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro señala que el mandatario venezolano habría acordado entregar minas explosivas y otras armas a las FARC para pagar una deuda relacionada con actividades de narcotráfico.Según el documento, el hecho se remonta aproximadamente a 2013, poco después de la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez, cuando Maduro y Cilia Flores habrían participado en una reunión con varios dirigentes de la antigua guerrilla colombiana.Entre los asistentes mencionados por la Fiscalía están Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.El escrito sostiene que durante ese encuentro se trataron asuntos relacionados con una deuda que Maduro tendría con las FARC por su asociación en el narcotráfico. Para pagar al menos una parte de esa obligación, Maduro habría aceptado vender minas explosivas y otras armas a la organización guerrillera.La acusación agrega que Maduro habría reconocido que el suministro de ese armamento aumentaría la capacidad de las FARC para combatir contra Colombia. También afirma que las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015 y que entre las operaciones mencionadas figuraba la entrega de minas fabricadas en Cuba.El documento no precisa la cantidad de explosivos que se habrían entregado ni detalla cada una de las transacciones. Sin embargo, vincula el presunto suministro de armamento con la deuda atribuida a Maduro y con las relaciones que, según los fiscales, mantenía con integrantes de la guerrilla colombiana.La acusación también describe otra operación relacionada con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el escrito, alrededor de 2017, un funcionario venezolano identificado como CC-3 habría ordenado a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas a miembros de ambas organizaciones a cambio de cargamentos de cocaína.La acusación sitúa estos hechos dentro de una presunta red de narcotráfico que habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el transporte de cocaína y establecer relaciones con organizaciones armadas. También sostiene que esas operaciones habrían generado beneficios económicos para funcionarios y grupos involucrados.Los señalamientos sobre las minas explosivas aparecen en las páginas 7 y 8 del documento, en el contexto de la reunión atribuida a Maduro, Flores y los dirigentes de las FARC. Las referencias al intercambio de armas por cocaína aparecen en la página 8.Las afirmaciones forman parte de la acusación de la Fiscalía estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad. El documento tampoco establece en los fragmentos citados la cantidad exacta de explosivos entregados ni ofrece un registro detallado de cada operación mencionada.
Después de casi 28 años de búsqueda, una familia del Meta pudo darle sepultura digna a su hijo, quien fue reclutado por las Farc-EP cuando tenía apenas 14 años y murió durante la denominada Operación Berlín, desarrollada en zona rural de Suratá, Santander, en noviembre de 2000.‘Mario’, nombre utilizado para proteger su identidad, fue reclutado el 4 de abril de 1998 por integrantes del Frente 26 de las Farc-EP, en el municipio de Mesetas, Meta. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el menor posteriormente fue trasladado a la Columna Móvil Arturo Ruiz, donde murió el 29 de noviembre de 2000, durante un combate.Durante casi tres décadas, su familia desconoció qué había ocurrido con él. La búsqueda comenzó desde el mismo día de su desaparición, cuando su madre regresó a su vivienda y encontró a su hija de nueve años llorando. La niña le contó que varios hombres armados se habían llevado a su hermano.La familia incluso viajó en el año 2000 a la zona de distensión de San Vicente del Caguán, en medio del proceso de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las Farc-EP, con la esperanza de encontrarlo. Esa fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida.El cuerpo de ‘Mario’ permaneció durante años en el Cementerio Central de Bucaramanga, donde había sido inhumado como persona no identificada junto con otros cuerpos relacionados con la Operación Berlín.La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó sus restos en mayo de 2023. Posteriormente, el trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses permitió establecer su identidad y determinar que había muerto durante la operación militar.La entrega digna de sus restos se realizó el 22 de agosto de 2026 en Granada, Meta, en un acto acompañado por la JEP, la UBPD y Medicina Legal, que permitió a sus familiares despedirlo y darle sepultura después de años de incertidumbre.La historia de ‘Mario’ hace parte del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de las Farc-EP durante el conflicto armado.Según la investigación de la JEP, durante la Operación Berlín al menos 201 menores de edad hacían parte de la Columna Móvil Arturo Ruiz. La operación se desarrolló entre noviembre de 2000 y enero de 2001 y dejó, entre sus consecuencias, la muerte y desaparición de niños y adolescentes que habían sido reclutados por la antigua guerrilla.La JEP ha documentado que los menores fueron sometidos a diferentes formas de violencia durante su reclutamiento, permanencia en campamentos, entrenamientos y desplazamientos armados. Estos hechos llevaron a la imputación de crímenes de guerra contra máximos responsables de las Farc-EP.Hasta ahora, en el marco del Caso 07, 41 personas desaparecidas han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familias mediante el trabajo articulado entre la JEP, la UBPD, Medicina Legal y la Fiscalía. De ellas, 30 eran víctimas de reclutamiento y utilización, y nueve murieron cuando todavía eran niños o niñas.Para la familia de ‘Mario’, la identificación de sus restos puso fin a una búsqueda que comenzó cuando él tenía 14 años y permitió, finalmente, conocer qué ocurrió con aquel niño que salió de su casa en Mesetas y nunca regresó.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, respondió a los cuestionamientos que surgieron tras la publicación de una audiencia de 2019, en donde Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko, habló sobre las condiciones en las que permanecían los secuestrados de las antiguas Farc.Los apartes de esa audiencia reservada fueron revelados por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, en medio del debate que se adelanta en el Congreso por el presupuesto de la justicia transicional.En uno de los fragmentos divulgados, Londoño aseguró que dentro de las Farc existían instrucciones para garantizar la alimentación y el buen trato de los secuestrados, y sostuvo que no estaba permitido torturarlos. Frente a esto, la JEP hizo una precisión sobre lo establecido en sus investigaciones dentro del Caso 01, que investiga la toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc.El tribunal señaló que sí encontró la existencia de una norma interna de “buen trato” para los cautivos. Sin embargo, aclaró que esa directriz no se cumplió en la práctica.Según la JEP, los secuestrados quedaron a merced de quienes estaban encargados de vigilarlos y fueron sometidos a diferentes formas de violencia y graves vulneraciones de sus derechos.La jurisdicción recordó que, dentro del Caso 01, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc por la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.Entre los responsables señalados se encuentran los siete integrantes del antiguo Secretariado, incluido Rodrigo Londoño.La JEP también estableció responsabilidades por otros crímenes relacionados con el cautiverio, entre ellos tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. De acuerdo con una sentencia de la JEP sobre el Caso 01, los antiguos integrantes del Secretariado no impartieron instrucciones suficientemente claras y específicas para garantizar condiciones dignas de reclusión. El tribunal señaló que, más allá de la consigna general de preservar la vida de los cautivos, existió una amplia discrecionalidad para quienes estaban encargados directamente de los secuestrados.Es por esto por lo que la JEP recordó que sus conclusiones sobre los secuestros no se basan únicamente en lo expresado por los excomandantes, sino en el conjunto de pruebas y testimonios recopilados durante la investigación del Caso 01.
La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a cuestionar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en medio del debate que se adelanta en el Congreso por el recorte de cerca de $170.000 millones de pesos al presupuesto de esta jurisdicción para 2027.La congresista reveló extractos de una audiencia reservada realizada el 14 de febrero de 2019 entre la magistrada Julieta Lemaitre y el excomandante de las FARC Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, durante su primera comparecencia dentro del macrocaso 01, relacionado con secuestros. En uno de los fragmentos divulgados, Londoño se refiere al trato que recibían los secuestrados y asegura que existían instrucciones para garantizarles alimentación y evitar agresiones físicas. Según su relato, incluso las riñas entre integrantes de las entonces FARC eran sancionadas internamente.Durante la diligencia, el exjefe de las FARC también recordó una conversación con el entonces jefe negociador del Gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle, sobre las penas que enfrentarían los integrantes de la organización tras la firma del acuerdo de paz. Londoño cuestionó en ese momento la posibilidad de que los excombatientes terminaran en prisión y planteó interrogantes sobre quiénes asumirían las responsabilidades por el conflicto.En otro de los apartes, Timochenko relató que se llegó a hablar de penas más suaves, tomando como referencia el tratamiento dado a los paramilitares, y que estas podrían cumplirse en La Habana. Incluso mencionó que alguien, en tono de broma, habló de la posibilidad de que los condenados tuvieran derecho a ir a la playa de Varadero.Londoño también se refirió directamente a la JEP y la calificó como una “criatura” surgida de los acuerdos de La Habana, al señalar que él mismo había participado en las negociaciones y en la construcción del mecanismo de justicia transicional. Precisamente, la senadora cuestionó que la audiencia de febrero de 2019 tuviera carácter reservado y sostuvo que, por su contenido, debería ser conocida públicamente. Posada afirmó que la diligencia, que se extendió durante cerca de seis horas, no se habría desarrollado como un interrogatorio judicial riguroso, sino como una conversación en la que, según su interpretación, hubo risas, anécdotas y ausencia de preguntas incómodas.La congresista también relacionó la audiencia con el costo que, según sus cifras, ha tenido la JEP para el Estado y aseguró que lo ocurrido representa una afectación para las víctimas. Estas últimas afirmaciones corresponden a la interpretación y los cuestionamientos planteados por la senadora.
En la mañana del domingo, hacia las 7:30 a. m., los habitantes del municipio de El Peñol, ubicado a aproximadamente una hora y cuarto de la ciudad de Pasto (Nariño), vivieron momentos de extrema zozobra tras una incursión armada perpetrada presuntamente por disidencias de las Farc. El hostigamiento se registró en un momento de alta afluencia de civiles, mientras se celebraba la misa dominical y se adelantaba un mercado agropecuario en el casco urbano. Ante el inicio de las ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos, decenas de feligreses tuvieron que resguardarse dentro del templo parroquial. El alcalde del municipio, Duán Chávez, destacó la reacción del párroco local y la serenidad de los pobladores: "Felicitamos al padre por haber sabido manejar la situación. Las personas se mantuvieron en calma mientras tuvieron la oportunidad de desplazarse hacia sus viviendas".El mandatario añadió que "el municipio acá en el casco urbano fue evacuado, las personas todas se reubicaron en algunos lugares, en algunos negocios comerciales, hasta que hubo el chance de que se puedan ir para sus distintos hogares".Drones con explosivos y graves destrozos materialesLa acción violenta no solo incluyó armamento liviano y granadas de mortero, sino también una preocupante modalidad bélica: el uso indiscriminado de drones cargados con explosivos dirigidos hacia la estación de policía y sectores residenciales.De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Chávez, el bombardeo afectó severamente la infraestructura civil. "Eran bastante los drones que estaban atacando. Había la precisión pues de pronto de estos objetos y fueron afectadas varias viviendas acá en nuestro municipio", explicó el mandatario local, quien calculó preliminarmente los daños: "Estaremos hablando de unas 15 viviendas más o menos lo que hemos escuchado y lo que nos han reportado".Chávez agregó que las detonaciones continuaron durante la jornada y que "en horas de la tarde volvió a caer un artefacto de lleno en una casa". Ante la magnitud de los hechos, el alcalde manifestó su rechazo: "Rechazamos todos estos actos y les pedimos que por favor no vuelva a suceder. Queremos resguardar la vida de nuestra comunidad".Comunidad indígena denuncia abandono y heridos sin atención médicaEl impacto de la incursión armada afectó gravemente a la población indígena del resguardo local. Edwin Rivera, gobernador indígena del resguardo de El Peñol, relató los estragos sufridos por su propia familia y su comunidad en la vereda La Cuchilla. Su vivienda resultó seriamente dañada por los explosivos y su hermana sufrió lesiones físicas. "Hoy amanecimos preocupados porque nuevamente vemos que el conflicto ha tocado a nuestras puertas. Este no ha sido un hecho nuevo. Estos hechos han sido o han venido siendo denunciados. Desde el año 2025, nosotros fuimos víctimas de un desplazamiento masivo en el mes de diciembre", afirmó el líder indígena, recordando que existía una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo que no evitó la tragedia.Asimismo, Rivera expuso las deficiencias en la asistencia humanitaria y médica para los afectados: "Mi casa fue bombardeada, mi hermana resultó herida. En este momento no ha recibido la atención primordial. Tengo que sacarla en un vehículo particular a la ciudad de Pasto para que reciba atención"."Los grupos al margen de la ley llegan hasta nuestras casas y sacan a nuestras familias para utilizar las casas como trincheras dentro de este conflicto", denunció Rivera. Aunque reconoció que la Fuerza Pública debe brindar protección, enfatizó en la necesidad de respetar la vida de la población civil durante los operativos: "El deber ser del ejército es brindarnos seguridad. Ese es el deber ser. Pero esa seguridad no puede poner de por medio la vida de las familias". Escuche aquí la entrevista:
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, 512 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia, según un informe del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para firmantes de Paz.El documento, con información consolidada hasta el 31 de agosto de 2026, también registra al menos 42 personas desaparecidas, más de 500 afectadas por desplazamiento forzado y 1.939 investigaciones por amenazas contra personas que dejaron las armas, según el consolidado del Consejo Nacional de Reincorporación y la Corporación Consejo Nacional de Reincorporación para el Buen Vivir.De acuerdo con este informe de seguridad, durante agosto de este año fueron asesinados cinco firmantes de paz, la misma cantidad de homicidios registrada durante todo el primer semestre de 2026.Además, de acuerdo con Indepaz y la Defensoría del Pueblo entre el 7 de agosto y los primeros días de septiembre, primer mes del actual gobierno, se reportaron cinco homicidios de personas que firmaron el Acuerdo de Paz.El reporte señala que el periodo con mayor número de asesinatos fue el comprendido entre 2018 y 2022, es decir, durante el Gobierno de Iván Duque, con 278 homicidios y una tasa promedio de 5,79 asesinatos por mes.Los departamentos que concentran el mayor número de hechos violentos contra la población firmante en 2026 son Putumayo, Cauca, Caquetá, Huila, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.Según este documento, dichas afectaciones estarían relacionadas con las dinámicas territoriales del conflicto armado, entre ellas las disputas entre estructuras armadas por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas, entre las disidencias de las Farc, como el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y el ELN, así como las amenazas y restricciones a la movilidad.Es por esto, por lo que desde la SAAD Firmantes de Paz hacen una serie de recomendaciones, entre ellas, le solicita al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Protección fortalecer la capacidad preventiva del Estado y propone que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incluya un capítulo específico sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó las pruebas que serán practicadas e incorporadas durante el juicio adversarial transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, en el que se investigan presuntas alianzas políticas con las extintas Farc en el departamento del Caquetá.Se trata del primer juicio ante la JEP por el caso conocido como Farcpolítica, relacionado con las presuntas alianzas entre dirigentes políticos y la antigua guerrilla en el marco del conflicto armado. La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, después de surtirse la audiencia preparatoria.Entre las pruebas decretadas se encuentran 17 testimonios solicitados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En esta lista aparecen Rodrigo Londoño Echeverri, Milton de Jesús Toncel Redondo, Fabián Ramírez Cabrera y otros antiguos integrantes de las Farc. También fue llamado como testigo Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote.La Sección también ordenó que la UIA ponga a disposición del tribunal que adelantará el juicio a las personas que elaboraron, coordinaron o tienen conocimiento directo de los diferentes tomos del denominado ‘Informe Génesis’ de la Fiscalía, para que expliquen su metodología y resultados.La acusación de la UIA comprende 30 hechos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad. Entre ellos están el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, ocurrido el 20 de junio de 1996, y la masacre de la familia Turbay Cote, registrada en diciembre de 2000.Según la acusación, la UIA plantea como hipótesis que Almario Rojas habría participado en el diseño, coordinación y ejecución de un supuesto plan de persecución contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá. Estas afirmaciones corresponden a la teoría del caso de la acusación y deberán ser debatidas durante el juicio.El proceso llegó a la JEP después de que la Corte Suprema de Justicia remitiera el expediente relacionado con el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay Cote y los asesinatos de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay y otras personas.La JEP aceptó el sometimiento de Almario Rojas en el año 2020. Al mantener su posición de no aceptar responsabilidad, el caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación para su investigación y eventual acusación.Por ahora, la JEP asegura que la decisión no determina la responsabilidad del excongresista, sino que definió cuáles pruebas podrán ser presentadas y debatidas durante el juicio, en el que deberán garantizarse el debido proceso, la contradicción y la presunción de inocencia del acusado.
La Secretaría de Educación de Norte de Santander inició una revisión sobre una actividad académica asignada a estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa de Villa del Rosario, en la que, según el material que comenzó a circular en redes sociales, los niños habrían realizado dibujos relacionados con las insignias de las Farc y el ELN.La situación generó preocupación entre algunos padres de familia debido a la edad de los estudiantes, de aproximadamente 9 y 10 años, y abrió interrogantes sobre el propósito pedagógico de la actividad y la pertinencia de abordar de esa manera el conflicto armado colombiano con niños de primaria.La secretaria de Educación de Norte de Santander, Hilse Aldana Pérez, explicó en entrevista con Blu Radio que la entidad conoció el caso después de que el video comenzara a difundirse en redes sociales. Ante la denuncia, la Secretaría solicitó al rector de la institución un informe para establecer qué ocurrió y cuál era el contexto de la actividad. “Inmediatamente llamamos al señor rector y le solicitamos que de manera inmediata presentara un informe en el que él describiera la situación sobre esa denuncia”, señaló Aldana.La actividad hacía parte de una clase de socialesDe acuerdo con la información entregada inicialmente por el rector a la Secretaría de Educación, la actividad correspondía a una clase de Ciencias Sociales relacionada con los partidos políticos y el conflicto en Colombia. Sin embargo, la Secretaría busca determinar si la actividad estaba contemplada dentro de la planeación académica, si correspondía a una guía institucional y, especialmente, si la profundidad con la que se abordó el tema era adecuada para estudiantes de quinto de primaria.“Se debe revisar si ese tema era planeado, organizado, y si la profundidad del tema requería que se solicitara la elaboración de esos dibujos alusivos a los grupos al margen de la ley”, explicó la funcionaria.El interrogante central está relacionado con la metodología utilizada. La propia secretaria señaló que la educación puede abordar diferentes aspectos de la historia y la realidad nacional, pero que los contenidos deben estar relacionados con la edad, el grado y el nivel de desarrollo de los estudiantes.Secretaría de Educación revisará la guía y los cuadernosLa investigación no se limitará a la actividad que circuló en redes sociales. Según Aldana, la Secretaría de Educación, a través de sus áreas de Calidad e Inspección y Vigilancia, revisará el proyecto educativo de la institución y la trazabilidad de la temática en las diferentes áreas.La entidad también espera revisar los cuadernos y apuntes de los estudiantes para establecer cómo se desarrolló la actividad y cuál fue su contexto. “Nos corresponde como Secretaría de Educación es revisar y mirar que ese rector el día de hoy nos entregue el informe tal como lo manifestó de manera verbal (...) y además, nosotros como Secretaría de Educación debemos, con el área de calidad, revisar el proyecto educativo”, afirmó.La secretaria agregó que el proceso debe garantizar que la información sea veraz antes de establecer responsabilidades. El rector, según explicó, se encontraba adelantando reuniones con la comunidad educativa y con los diferentes integrantes del gobierno escolar.¿Qué dijo la Secretaría sobre una posible falta disciplinaria?Aldana señaló que, una vez recibido el informe, la Secretaría de Educación realizará el cotejo de la información y podrá desplazarse hasta el establecimiento educativo para determinar qué ocurrió.En caso de que la revisión establezca que la actividad no correspondía a los lineamientos académicos o institucionales, el caso podría ser remitido a control interno disciplinario. “Si esto pues diera lugar, debe remitirse a control interno disciplinario”, manifestó la secretaria.No obstante, la funcionaria insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido y que es necesario completar el debido proceso. La Secretaría tampoco ha establecido, según la entrevista, si la docente pertenece a FECODE, una pregunta que fue planteada durante la conversación. Aldana respondió que esa información no ha sido confirmada y que no forma parte todavía del informe entregado por el rector.Un audio también quedó bajo revisiónAdemás de las imágenes de la actividad, en redes sociales circuló un audio atribuido a la docente en el que se hace referencia a la molestia de los padres de familia y a una eventual evaluación sobre los contenidos trabajados.Durante la entrevista se le preguntó a Aldana por una frase atribuida a la profesora: “En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”. La secretaria respondió que, si las declaraciones correspondieran efectivamente a la docente y fueran interpretadas en el contexto que se les atribuye, podrían generar cuestionamientos sobre su actuación frente a los estudiantes.“Si esto es así, obviamente que está faltando a la idoneidad y al deber funcional como docente frente a un grupo de niños”, afirmó. Sin embargo, también indicó que el rector habría recibido de la profesora una explicación según la cual los videos difundidos podrían haber sido editados o sacados de contexto. Por esa razón, la Secretaría espera los resultados de la revisión antes de establecer conclusiones.La docente no ha entregado su versión directamenteOtro de los elementos pendientes es la versión directa de la profesora involucrada. Según la secretaria de Educación, la docente habría presentado una crisis después de que se conociera públicamente el caso y posteriormente habría sido incapacitada. Por ese motivo, hasta el momento de la entrevista la Secretaría no había tenido contacto directo con ella.Aldana explicó que el rector estaba adelantando el proceso institucional y que se esperaba recibir el informe completo posteriormente, con la participación de los diferentes estamentos del gobierno escolar.Educación sobre el conflicto debe tener en cuenta la edad de los estudiantesEl caso también abrió el debate sobre la manera en que las instituciones educativas pueden abordar temas como el conflicto armado, los grupos armados y la historia política de Colombia en los primeros grados escolares.La secretaria sostuvo que el propósito de la educación debe ser una formación integral que incluya conocimientos, habilidades socioemocionales, valores éticos, capacidades artísticas y pensamiento crítico.Pero enfatizó que estos objetivos deben desarrollarse de acuerdo con las edades y niveles educativos. “El objetivo de nuestra educación debe ser el desarrollo político del individuo (...) que se promuevan los valores éticos, las capacidades artísticas, y obviamente la habilidad del pensamiento crítico, pero de acuerdo a las edades, al grado y al nivel”, señaló.También afirmó que los espacios educativos deben estar libres de violencia, especialmente en un departamento como Norte de Santander, que enfrenta situaciones particulares relacionadas con el conflicto y la frontera.Secretaría esperará resultados de la investigaciónPor ahora, la Secretaría de Educación de Norte de Santander mantiene abierta la revisión y espera el informe institucional para determinar si la actividad correspondía al plan académico, si su metodología era adecuada para estudiantes de quinto de primaria y si existieron actuaciones que pudieran dar lugar a investigaciones adicionales.Ante la pregunta sobre si la actividad podría constituir apología al delito, Aldana señaló que esa conclusión dependerá de lo que establezca la investigación: “Si se revisa que eso no pertenecía a un contexto de clase y a la edad de los niños (...) eso no se debe realizar”, afirmó.La funcionaria agregó que la finalidad de la educación, según el enfoque que defiende la Secretaría, no es formar ideológicamente a los estudiantes, sino contribuir a su desarrollo integral.
Momentos de pánico se vivieron en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 de Barrancabermeja, tras la explosión de una granada de fragmentación que dejó personas heridas y obligó a las autoridades a acordonar el sector y militarizar la zona.El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó que la detonación fue causada por una granada de fragmentación de baja intensidad. A través de sus redes sociales, rechazó lo ocurrido y anunció medidas para reforzar la seguridad en el Distrito.De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Jonathan Vásquez a través de sus redes sociales, el hecho dejó dos adultos lesionados y una adolescente de 17 años afectada por la onda explosiva. Los dos adultos fueron trasladados a la Clínica Magdalena. Gloria Santamaría Vargas presentaba lesiones en las piernas y la espalda, mientras que Grey Guillermo Moreno Manrique tenía heridas en las piernas. La menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento.Tras la explosión, el mandatario rechazó el ataque y anunció medidas para reforzar la seguridad en el distrito. "No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, expresó Vásquez, quien confirmó la activación inmediata de un Plan Candado.Según el alcalde, se desplegaron unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad. Entretanto, el área donde ocurrió la detonación permanece acordonada y se adelantan protocolos antiexplosivos en el sector.La Administración distrital también anunció, en articulación con la Gobernación de Santander, una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Las autoridades revisan además las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias del ataque.Una de las hipótesis que manejan las autoridades señala que hombres que se movilizaban en motocicleta estarían manipulando la granada, cuando esta cayó y se desprendió la espoleta, lo que habría provocado la detonación. Esta versión es preliminar y deberá ser establecida dentro de la investigación.La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la detonación, quiénes portaban el artefacto y si las personas que se movilizaban en motocicleta están relacionadas con lo ocurrido.
Estos fueron los temas tratados este 13 de octubre, en Recap Blu:Gustavo Bolívar, exsenador e integrante del Pacto Histórico, respondió a las denuncias de Eva Ferrer y Angie sobre presunto transporte de dinero y drogas por parte de Verónica Alcocer.Marta Alfonso, vocera de Fecode y defensora de derechos humanos, expuso las preocupaciones del sector sindical frente al decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella para regular la protesta social.El Gobierno ya tiene listo el nuevo decreto con el que pone el reglamento para actuar en las protestas y su accionar cuando se presenten hechos de violencia.El papa León XIV fue operado de un tumor cancerígeno en el pulmón. La cirugía fue exitosa.Balacera en el centro de Medellín dejó tres personas heridas. La Policía abatió al presunto señalado de iniciar los disparos.El partido entre Millonarios y Once Caldas fue cancelado en El Campín por el "lamentable estado" de la cancha luego del fallido intento de instalación de un nuevo campo de juego.
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) lidera una nueva jornada de movilizaciones en el territorio nacional para manifestar su rechazo a las recientes decisiones de política educativa y al nuevo marco regulatorio sobre la protesta social. En Recap Blu Martha Alfonso, vocera del Comité Ejecutivo de Fecode y defensora de derechos humanos, detalló las motivaciones del magisterio para salir a las calles y expuso los reparos del gremio ante el decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.Privatización de la educación y parálisis en la FiduprevisoraSegún explicó la dirigente sindical, el motivo central que unifica las demandas de los docentes es el freno al modelo de educación pública y el avance hacia esquemas de concesión privada. Alfonso denunció que, desde el Ministerio de Educación, se han publicado borradores de decretos que amenazan la naturaleza pública de las instituciones:"El Ministerio de Educación había publicado el borrador de decreto para entregar los colegios públicos en concesión, pero el problema más grave para nosotros es la privatización de la educación, que ya están todas las normas en proceso andando".Asimismo, la vocera señaló que, con la llegada del nuevo Gobierno, se presentaron cambios en la estructura de gobernanza que provocaron la cancelación de contratos clave e interrupciones en los servicios de salud y prestaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC):"Cambiaron absolutamente toda la estructura de gobernanza, pararon la contratación y lo que se había avanzado en los últimos seis meses se detuvo. Sacaron a más de 200 empleados de la Fiduprevisora y nos generó una situación bien compleja frente a la continuidad del servicio".Cuestionamientos al nuevo decreto de protesta socialEn relación con el decreto gubernamental destinado a regular las manifestaciones públicas, Alfonso criticó que la norma se expidiera pocas horas antes de su entrada en vigor, imposibilitando su socialización y la concertación de protocolos. De igual forma, cuestionó la falta de claridad en el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado (PMU) y la tipificación de los bloqueos viales:"Es un decreto que sale hoy para aplicar mañana sin previo conocimiento y difusión. Incluye el debate de cortes de carreteras o vías como si fueran acciones terroristas, los cuales no son eso; ya está definido por fallos constitucionales, nacionales e internacionales".La vocera argumentó además que la locución televisiva del jefe de Estado elevó la tensión de cara a las jornadas de marcha:"La forma como lo presentó en la locución presidencial el presidente de la República ya de hecho es una provocación, porque él entra amenazando y diciendo una serie de cosas de una manera que pone en cuestión cualquier forma de movilización".Gestores de diálogo y la independencia sindical frente a gobiernos anterioresAl evaluar el papel de los gestores de convivencia en las ciudades capitales, Alfonso expresó la desconfianza del movimiento social hacia el desempeño de esta figura en algunas regiones del país:"Lamentablemente los gestores de diálogo en varias partes, pero particularmente en Medellín, ha sido el peor ejemplo de garantías y de protección a los derechos humanos. Asumen tareas que son de la fuerza pública".Finalmente, ante los señalamientos de sectores de la oposición sobre la postura de Fecode durante el gobierno anterior de Gustavo Petro, la vocera desmintió que el gremio se hubiera abstenido de salir a las calles:"No es cierto [que no marcháramos]; sí se hicieron movilizaciones, paros regionales y nacionales exigiendo que se cumpliera la aplicación del acuerdo 03. Independiente de que hubiera afinidad en lo programático, también hubo exigencia de cumplimiento de varios de esos acuerdos", finalizó.Escuche la entrevista:
Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, aseguró que la exprimera dama usó naves oficiales del Goierno para transportar drogas, dinero y armas durante el periodo presidencial de Petro, hecho por el cual la Procuraduría y la Fiscalía abrieron una investigación formal para esclarecer los hechos.Ante esta situación, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, salió en defensa tanto del expresidente como todo su entorno frente a las denuncias de Ferrer y las plasmadas antes por Angie Rodríguez, además que cuestionó la falta de pruebas y pide que todo sea entregado a las autoridades pertinentes.“Porque si no tienen las pruebas, pues sencillamente están cayendo en un delito más grave, que es el de la calumnia y el de servirle a un gobierno para poner cortinas de humo en momentos en que el país está en crisis, en diferentes crisis: crisis económica, en crisis por el terremoto, la crisis por el presupuesto que acaba de presentar”, indicó.“Que muestren las pruebas”Bolívar cuestionó la decisión de hacer públicas las denuncias a través de medios de comunicación, en lugar de acudir, según dijo, a la Fiscalía General de la Nación con las pruebas correspondientes. Mencionó la existencia de procedimientos de control y registro relacionados con los vuelos de aeronaves oficiales. En su opinión, esos procedimientos hacen necesario contrastar las acusaciones con los registros correspondientes.“Entonces, y además con la gravedad que tienen esas afirmaciones, ella dice que hay unas fotos, muéstrenlas. Dice hay una foto, hay que, tienen que mostrarla. Ahora, así aparezca la foto, ¿quién le dice a usted que, porque una señora viene bajando con una bolsa, en esa bolsa qué hay dentro?”, puntualizó.Si se comprueba todo, él abandonaría el Pacto HistóricoPese a la postura de defensa del senador ante estas graves acusaciones, sí fue enfático que, en caso de que las autoridades demuestren que son ciertas, él daría un paso el costado del partido ya que esto no representa lo que tanto ha defendido a lo largo de su vida.Bolívar explicó que lleva más de una década compartiendo espacios políticos con integrantes del movimiento y que, según su experiencia, nunca tuvo indicios que le hicieran sospechar de la participación de miembros de la colectividad en ese tipo de actividades criminales.“Yo no vine a un partido donde ni siquiera en pensamientos pudiera pensarse en que aquí hay traficantes de armas y de drogas”, agregó.
Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles, Bucaramanga tendrá un dispositivo de seguridad con 300 uniformados para acompañar la jornada de protestas convocada por docentes, sindicatos y organizaciones sociales.El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla al finalizar un consejo de seguridad en el que participaron la Policía Metropolitana, el Ejército y Migración Colombia. Según el mandatario, las capacidades de las autoridades estarán distribuidas en diferentes puntos de la ciudad para prevenir alteraciones del orden público y facilitar la movilidad.“Protestar es un derecho legítimo y constitucional”, afirmó Portilla, quien aseguró que le impartió instrucciones al general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, para garantizar el ejercicio de la manifestación dentro del marco legal y proteger la circulación de los ciudadanos.El alcalde también envió un mensaje a quienes participarán en las movilizaciones: "Bienvenida la protesta, pero no el vandalismo”, dijo el mandatario.Con esta declaración, el mandatario insistió en que se debe respetar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad, los bienes públicos y privados ni la movilidad de los demás ciudadanos.El dispositivo de seguridad contará con capacidades de la Policía, el Ejército y Migración Colombia.Los 300 uniformados estarán distribuidos en la ciudad desde las 6:00 de la mañana, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde, para acompañar las manifestaciones y atender posibles situaciones que puedan alterar el orden público.La jornada está prevista desde las 9:00 de la mañana. Entre los recorridos anunciados se encuentra el trayecto desde la carrera 27 con calle 56 y la entrada principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con avance por la carrera 27 y la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.Se recomienda a los conductores prever posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en los corredores por donde avanzarán los manifestantes, y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito.Las autoridades reiteraron que el objetivo es permitir el desarrollo de las movilizaciones y, al mismo tiempo, proteger a quienes transitan por la capital santandereana.
