En 2019, Aida Merlano Rebolledo ocupó los primeros titulares tras fugarse de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. Hoy, 7 años después, el Ministerio Público está confirmando en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años contra la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor.La Procuraduría pudo comprobar que Diana Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de Aida Merlano con el objeto de realizarse un procedimiento estético dental, sin autorización del Inpec.La misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia, David Álvarez, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano, por aprobar el traslado de Merlano al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de ese mismo año.Pero además la Procuraduría suspendió por tres meses al exdragoneante, Luis Ballesteros, por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos, durante una cita médica.En su decisión, la Procuraduría concluyó que los funcionarios disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que rigen la función pública.Ahora, en materia penal, la excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019.
Reapareció públicamente la excongresista Aida Merlano, esto, en medio de una audiencia preparatoria donde la Fiscalía General de la Nación presentó ante el juzgado 18 penal del circuito de Bogotá el preacuerdo suscrito entre Merlano y el ente acusador por el delito de fuga de presos.Todo esto, tras la cinematográfica fuga que protagonizó Merlano en octubre de 2019 mientras asistía a una cita odontológica en Bogotá y saltara desde un tercer piso con ayuda de una cuerda.Merlano tuvo unos minutos para dirigirse a la juez y, entre lágrimas, aseguró que en la guarnición militar donde está recluida actualmente siente más tranquilidad y que no se arrepiente de haberse fugado, pero sí de los delitos que la llevaron a estar presa la primera vez."Ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme y quiero decirle por mi propia voluntad que yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado porque no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber cometido errores, entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez", añadió la excongresista.Para la Procuraduría, el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Aida Merlano se ajusta a la legalidad, entre tanto, la jueza fijó para el próximo 5 de diciembre la fecha de lectura donde se conocerá si se imparte legalidad al preacuerdo.La Fiscalía llamó a juicio a Merlano Rebolledo hace ya casi 2 años.Según el documento del ente acusador, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron su fuga.
Por octava ocasión fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra Julio Gerlein y los abogados Diego Muñeton y Antonio Deyongh por supuesto soborno en la fuga de la excongresista Aida Merlano, en octubre de 2019. De acuerdo con información entregada por el juzgado 36 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, el fiscal del caso solicitó el aplazamiento debido a que tenía en curso otra diligencia que le impedía atender esta. "El fiscal 104 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Dr. Daniel Ricardo Hernández Martínez manifiesta que retira la misma como quiera que se encuentra asistiendo a diligencia ante otro Estrado Judicial", indica el documento. Este caso, se remonta al agosto de 2023, cuando la Fiscalía radicó la solicitud de imputación de cargos, tras la denuncia presentada por Miguel Ángel del Río, quien funge como abogado defensor de Aida Merlano, por presuntos ofrecimientos económicos por parte de Gerlein, Muñeton y Deyongh, a la excongresista, para que no entregara información una vez hablara ante la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces han sido programadas en ocho ocasiones las audiencias, pero estas han sido aplazadas por diferentes solicitudes de la Fiscalía. Para el caso de la más reciente, aún no ha sido entregada una fecha tentativa para la nueva audiencia. Del caso se conoce que Gerlein y Deyonhg serían imputados por soborno en actuación penal. Entre tanto, para el caso del abogado Muñeton, este sería por el mismo delito y también como determinador de falso testimonio.
Este jueves, 21 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra la influencer Aida Victoria Merlano por su complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, de un consultorio médico en Bogotá en el año 2019.El tribunal no solo ratificó la culpabilidad de Merlano hija sino que hizo una corrección al fallo de primera instancia aumentando la pena de 7 a 13 años y ocho meses de cárcel, y sin el beneficio de casa por cárcel.Un golpe judicial que sin duda recibió la joven que actualmente se dedica a crear contenido para redes sociales. Y precisamente, fue por ese canal que Aida Victoria se comunicó horas antes de conocer su sentencia. A través de su cuenta de Instagram dedicó un mensaje a sus seguidores asegurando: "mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me puede absolver. pero no puedo llorar desde ahora que no ha pasado. Lo único que tenemos es el hoy, y hoy fui muy feliz". En otros post Merlano aseguró que su captura fue violenta porque "le pusieron un arma en la espalda" y que todo fue por montar un "show judicial". "Al final la tragedia más grande de mi vida, fue a la vez mi mayor bendición. Claro que me quebró, pero me obligó a reconstruirme pedazo a pedazo y me ha hecho lo que soy. Quédense con algo y es que si Aida, pudo pasar de la tragedia a la Victoria, todo lo malo que nos pasa no es para mal", comentó la joven en su red social. Los delitos de los que se le responsabilizó a Merlano fueron los relacionados con fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos.
La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Aida Merlano Rebolledo, por el delito de fuga de presos tras los hechos ocurridos el 1° de octubre del 2019, cuando la excongresista, quien se encontraba presa en la cárcel El Buen Pastor, por una medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia, aprovechó que se encontraba en una cita en el centro Médico de la Sabana, por un procedimiento estético practicado por el odontólogo particular Javier Guillermo Cely Barajas, para escaparse.Según el documento de la Fiscalía, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron la fuga de Merlano Rebolledo.Según la Fiscalía, Aida Merlano, conocía que fugarse de su sitio de reclusión, que en ese momento era la cárcel Buen Pastor, estando privada de la libertad, era una conducta contraria a la ley y quiso hacerlo. Además señala que la excongresista tenía la plena capacidad para comprender la ilicitud de su actuación y tenía absoluta claridad de las consecuencias legales de fugarse al estar presa.Razón por la cual, la Fiscalía presentó el escrito de acusación por el delito contemplado en el artículo 448 del código penal, cuya sanción establece una pena de prisión de 48 a 104 meses de cárcel, y este jueves 16 de noviembre será acusada formalmente en audiencia pública.Aida Merlano indicó que los Char y Gerlein tienen que ver con su fugaAida Merlano denunció que los Char y Gerlein contrataron al criminal alias ‘Salvador’ para su fuga y reveló tres nombres de presuntos criminales que, según ella, fueron contratados por los Char y Gerlein para consumar su huida y luego secuestrarla.Además, la excongresista denunció a Alejandro Char, Arturo Char, Fuad Char y a Julio Gerlein porque, supuestamente, enviaron a sus abogados a visitarla a la cárcel Buen Pastor en 2019, para que no declarara contra ellos en la Corte Suprema sobre la presunta compra de votos en atlántico. La denuncia relata que Sergio Cadena, un abogado de Arturo Char, no solo visitó en la cárcel a Aida Merlano para decirle que cambiara su testimonio, sino que también apareció en la diligencia de Aida Merlano en la Corte Suprema, y producto de su presencia, ella en ese momento no hizo mención a los Char y a los Gerlein.Según la denuncia, justo antes que Aida Merlano entrara a esa diligencia, dentro de las instalaciones de la corte, la dragoneante del Inpec que la custodiaba le dijo que tenía una llamada, y en esa una persona le dijo: “Si usted quiere a su familia quédese con la boca callada”. Por miedo a que le pasara algo a sus hijos, Aida Merlano no dijo nada sobre ellos en esa diligencia.Otra revelación que hizo Merlano en la denuncia, es que tres días antes de la fuga, la excongresista tuvo una videollamada con un hombre identificado como ‘Salvador,’ a quien Merlano describe con un acento monteriano y de tez morena, y quien se encontraba acompañado con Arturo Char, Alejandro Char, Fuad Char y Julio Gerlein, donde se ultimaron detalles del escape de la excongresista, la ruta por la cual debía huir, así como elementos que servirían para un cambio de vestuario o la cuerda por la cual debía bajar desde el tercer piso de la clínica.Para Aida Merlano, Alejandro Char y Fuad Char “no solo idearon, sino que planearon el entramado criminal mediante la contratación de una organización criminal liderada por quien se identificaba como alias ‘Salvador’, pero donde también salen a relucir los alias de ‘El Paisa’ y ‘Juan Carlos’, quienes estuvieron involucrados no solo en la fuga, sino también, según Aida Merlano, en su secuestro donde sufrió abusos sexuales y golpizas.Cabe recordar que según la versión de la excongresista, luego de haberse fugado del consultorio odontológico el 1 de octubre de 2019, ella fue llevada a un apartamento en Bogotá, donde estuvo secuestrada y luego fue llevada contra su voluntad a Valledupar, donde logró escapar de sus captores para irse a Venezuela.Producto de esta denuncia y varias investigaciones, la Fiscalía imputará los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal a los abogados Antonio Deyong, Diego Muñetón y al empresario Julio Gerlein.
El pasado 1 de octubre de 2019 se dio la fuga de la excongresista Aida Merlano en Bogotá, que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían sido dos hermanos los que la ayudaron a realizar su escape. Se trata de Kerly Pineda Matallana y su hermano Juhass, quienes habrían estado con la excongresista cuando esta escapó en una moto. Ella le habría ayudó a levantarse del suelo y él habría conducido el vehículo.Los hermanos aceptaron los cargos imputados por la fuga de Aida Merlano. Sin embargo, un juez rechazó esa aceptación de cargos debido a que "no se logró demostrar que los Pineda Matallana cometieran el delito de favorecimiento en la fuga de presos".El juez argumentó que los hermanos Pineda Matallana aceptaron su responsabilidad en el delito de favorecimiento de fuga en la audiencia de imputación, la Fiscalía no logró probar y evidenciar que ellos si cometieron esa supuesta conducta delictiva.“La figura del interviniente exige que su participación haya sido acordada con alguien que efectivamente ostente la condición especial necesaria, según el tipo penal y dicha circunstancia no ha sido debidamente comprobada, particularmente porque ni 'el boyaco', ni el 'paisano' ni 'Javier', tienen vínculos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como tampoco lo tienen los propios procesados", aseguró el juez durante la audiencia.Si bien es cierto que, cuando un procesado acepta cargos, renuncia a su derecho de no auto incriminarse y a un juicio, no renuncia a la presunción de inocencia. En este caso, la Fiscalía no aportó el mínimo de evidencia para corroborar que los procesados eran culpables.Es por esto que, según el juez, así los hermanos hayan aceptado su responsabilidad, la presunción de inocencia es una derecho que tiene todo investigado; asimismo, dijo que los procesados no cumplen con la calidad especial requerida para configurar el delito de fuga de presos, descrito en el artículo 449 del Código Penal, razón por la cual tumbó la aceptación de cargos. "El juzgado 56 de conocimiento resuelve: improbar el allanamiento a cargos realizados por Juhass Pineda Matallana y Jelissa Kerly Pineda Matallana, por la conducta punible de favorecimiento de la fuga (...) La propuesta de admisión justificada en la violación de garantías fundamentales específicamente en lo que concierne con la tipicidad estricta, igualmente no es menos importante una ausencia del medio de convicción que permita establecer la participación de los procesados en el evento delictivo. Conforme con la jurisprudencia consolidada, la conducta delictiva objeto de análisis requiere la presencia de alguna condición especial para su configuración, es decir que dicho delito haya sido perpetrado por un servidor público o una persona particular encargada de la custodia del condenado”, indicó.Lo que viene ahora es que la Fiscalía debe retomar la investigación, pero no estuvo de acuerdo con la decisión de juez, y apeló la decisión y será el Tribunal Superior de Bogotá el que resuelva este caso.Le puede interesar
Blu Radio conoció que la excongresista Aida Merlano está negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación por su fuga de prisión. Sin embargo, ella irá a juicio y a la audiencia de acusación que tiene programada para el 29 de septiembre a las 2:00 de la tarde, allí, debe responder por haberse fugado en 2019.La diligencia de acusación contra Aida Merlano se podría cancelar si logra firmar con la Fiscalía General de la Nación, solo por el delito de fuga de presos. Este es otro proceso que se suma en su contra, pues fue condenada por la Corte Suprema, con cinco años y seis meses de cárcel, por el delito de violación de los topes en campañas electorales, además, una condena por concierto para delinquir y corrupción al sufragante de 11 años.Cabe recordar que el principio de oportunidad es un mecanismo judicial usado por la Fiscalía General de la Nación para interrumpir, suspender, o renunciar a un proceso penal, teniendo en cuentas las circunstancias exigidas por la ley.Las dos personas que ayudaron en la fuga de MerlanoEste viernes, 28 de julio, se cursó la audiencia donde la Fiscalía imputó el delito de fuga de presos contra Jelissa Matallana, quien fue la persona que levantó del suelo a Aida Merlano , además de Juhas Pineda, quien la habría recogido en la moto para huir el 1 de octubre de 2019, en Bogotá.Estas dos personas aceptaron que fueron contratados para la fuga de la excongresista , quien estaba recluida en la cárcel Buen Pastor de Bogotá y quien estaba en un consultorio odontológico porque tenía permiso para atender esa cita médica, la cual aprovechó para volarse.Le puede interesar
Este miércoles, 6 de septiembre, la Corte Suprema emitió una orden de captura internacional contra el exsenador Arturo Char Chaljub, investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. La decisión va acompañada de una circular roja de la Interpol, teniendo en cuenta que el procesado tiene su lugar de residencia en Estados Unidos.La Corte Suprema explicó que la investigación contra Arturo Char son por hechos relacionados con el "supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017, y en que habría intervenido un número plural de personas, entre otros Aida Merlano Rebolledo.Para la Corte dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, "en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos".Para la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, las pruebas en la investigación permitieron sustentar la medida de aseguramiento contra Char, y definen que la determinación también obedece al "comportamiento" del procesado que pone en duda su comparecencia en el caso.Según estableció Blu Radio, en el expediente contra Arturo Char existen documentos y testimonios que demostrarían que el expresidente del Senado posiblemente “organizó, promovió y financió una estructura delictiva para atentar contra los mecanismos de participación democrática”, que habría facilitado la compra de votos en el marco de las elecciones al Congreso celebradas el 11 de marzo de 2018.Dentro del material probatorio que reposa en la Corte contra Arturo Char están los testimonios de Aida Merlano, Rafael Antonio Rocha, Rafael Palencia Barrera, Edwin Martínez Salas, Evelin Diaz y Adalberto Llinás.Además de estos testimonios entregados ante la Corte, hay documentos y otros elementos digitales obtenidos en el allanamiento a la “Casa Blanca” que muestran varios momentos en los cuales Arturo Char pudo encontrarse involucrado en la creación y dinámica de un entramado delictivo, que, según testigos, pretendería asegurar la hegemonía política de su familia en el Atlántico y posteriormente apoyar con esa misma estructura, la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras en el 2018.De acuerdo con las pruebas que reposan en la Corte, por ese motivo, con base en una metodología proselitista al parecer ilegal, Arturo Char apoyó la aspiración de Aida Merlano al Senado en 2018, pese a ser una candidata del Partido Conservador, partido diferente a Cambio Radical, que era el partido de Char.Según los testigos, el acuerdo habría consistido en que la fórmula de Merlano fuera Lilibeth Llinás, de Cambio Radical, entrañable amiga de Arturo Char, así como su hermano Adalberto Llinás, quien desde 'Casa Blanca' habría sido coordinador de la campaña de su hermana, y al mismo tiempo de la de Arturo Char, para la compra de 10.000 votos.Según varios testimonios recolectados dentro de la investigación, Arturo Char Chaljub visitó la sede 'Casa Blanca' entre octubre y diciembre de 2018, según Merlano y Rocha, con el propósito de concretar la presunta alianza criminal que sustenta el delito de concierto para delinquir por el cual es investigado el exsenador de la República.Ahora, la Corte Suprema procederá a resolver la situación jurídica de Arturo Char, es decir, si le imponen o no medida de aseguramiento por los dos delitos que fueron objeto de imputación en la diligencia de indagatoria.Cabe recordar que por estos hechos desarrollados desde su sede política conocida como la 'Casa Blanca' en Barranquilla, Aida Merlano Rebolledo fue condenada a 15 años de cárcel, por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte el 12 de septiembre de 2019, confirmada por la Sala de Casación Penal el 28 de marzo de 2020.
Los representantes que integran la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidieron abstenerse de abrir investigación en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por una denuncia interpuesta por un ciudadano en el año 2021, cuando este era senador de la República, al considerar que estaba incitando a la violencia al convocar a movilizaciones.El ciudadano, identificado como Ricardo Castiblanco, presentó una denuncia a la Procuraduría, pero al perder la competencia, la denuncia llegó a la comisión. Sin embargo, al momento de ser llamado a ratificar sus argumentos, no respondió a los llamados, por lo que los congresistas decidieron cerrar la investigación que se adelantaba.Es de señalar que, los más recientes señalamientos contra la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Petro en el año 2022, y los cuales no habrían sido reportadas en dicha campaña, continúan hasta que se resuelvan las recusaciones que se tienen contra los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe, Alejandro Ocampo, Katherine Miranda y Olga Lucia Velásquez.Durante la sesión se presentó una proposición para archivar una indagación contra el fiscal general, Francisco Barbosa, quien fue denunciado por “no actuar” en el proceso contra los Char y Gerlein, quienes son mencionados por Aída Merlano en el proceso por corrupción electoral en la Región Caribe, sin embargo, no se votó por falta de Quórum.En los próximos días está previsto que se convoque nuevamente la comisión para continuar con el análisis de los procesos que se adelantan contra los aforados. Es de señalar que estas sesiones son a puerta cerrada.Le puede interesar:
Este miércoles 16 de agosto se radicó solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra del abogado Diego Muñetón por los delitos de: soborno en la actuación penal y determinador de falso testimonio. Asimismo, contra el abogado Teodoro Antonio Dejón y el señor Julio Gerlein Echeverria por el delito de soborno en la actuación penal.La diligencia quedó programada para el 19 de octubre a las 8:00 a.m. ante un juez de control de garantías en Bogotá.Los hechos están relacionados con las denuncias presentadas por el abogado Miguel Ángel del Río quien en representación de Aida Merlano denunció que la excongresista habría recibido ofrecimientos económicos de estas personas para que ella guardara silencio en sus declaraciones ante la honorable Corte Suprema de Justicia.Las denuncias fueron del pasado 25 de abril, pues desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, un fiscal se reunió con Aida Merlano en una diligencia que duró casi seis horas.Allí, la excongresista declaró sobre la alteración y desaparición de sus registros de visitas que habrían sido borrados por el centro penitenciario, según indicaron la excongresista y su abogado Miguel Ángel del Río, pero también sobre la supuesta organización y financiación de su fuga, que, según ella, fue organizada por los Char y Julio Gerlein.Más personajes envueltos en la fuga de Aida MerlanoHace pocos días fueron judicializados dos personas más de Aida Merlan. Se trata de los hermanos Juhass y Kerly Pineda Matallana, quienes admitieron haber brindado apoyo a la excongresista en su intento de evasión a la justicia.Según la Fiscalía, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2019, cuando Aida Merlano se fugó de un consultorio odontológico ubicado en Usaquén, utilizando una cuerda para descender desde una ventana del edificio.Los hermanos Pineda Matallana, según la investigación de la Fiscalía, estaban presentes afuera del consultorio en ese momento. Esta información sobre la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se da a conocer por un trino del Abogado de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río, quien anunció lo que viene para ellos en este proceso.Le puede interesar
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
