No te equivoques, The RudeBoyz y Greeicy Rendón, entró en la lista de los videos más vistos en Colombia este año. El tema alcanza más de 30 millones de visitas, en su mayoría reproducidas en Colombia.El video fue publicado el 5 de abril de este año y alcanzó un excelente rendimiento en ocho meses. Los comentarios que ha tenido la canción en YouTube resaltan la belleza y el talento de Greicy, por lo que se piensa que su presencia en la misma hizo que tuviese un sin número de visitas.Lea también: El youtuber mejor pagado del mundo tiene solo 7 años y esto es lo que ganaLa caleña rompió todos los récords con este video igual que con los éxitos que la han llevado a la cima de su carrera musical como lo son ‘Amantes’ y ‘Más Fuerte’, en compañía de Mike Bahía.The RudeBoyz ha producido canciones para artistas nacionales e internacionales como ‘Chantaje’ y ‘Borró cassette’ de Maluma.
La plataforma de video YouTube presentó nuevas características para combatir la adicción a ver videos. La compañía reveló nuevos comandos durante esta semana.Ahora los usuarios podrán programar recordatorios sugeridos para tomarse “un descanso” de ver videos. La opción será disponible solamente por medio de la aplicación de YouTube, poniendo a la compañía como el primer servicio de streaming que le sugiere a sus usuarios dejar de ver videos.‘Tómate un descanso’ se encuentra debajo de la sección de herramientas y está automáticamente desactivado.Le puede interesar: La estrategia de YouTube para controlar más lo que ven los niñosOtras características nuevas que salieron incluyen desactivar las notificaciones durante ciertos periodos del día y la habilidad de revisar datos sobre sus hábitos de consumo.
El desbordamiento del río Lebrija continúa generando graves afectaciones en varios municipios de Santander. Además de los daños en viviendas e infraestructura, la emergencia obligó a suspender las clases de más de 170 estudiantes en zonas rurales de Lebrija, Sabana de Torres y Rionegro, debido a inundaciones y derrumbes que afectan el acceso a las instituciones educativas.En el municipio de Lebrija, las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos en las vías de acceso a la Institución Educativa Vanegas, ubicada en el sector de El Conchal, así como en la sede principal de Vanegas y la sede de Chuspas. Los derrumbes en los corredores viales impiden el ingreso de estudiantes y docentes, lo que llevó a la suspensión de actividades académicas mientras se evalúan los daños y se restablece la movilidad.La situación más crítica se presenta en el municipio de Sabana de Torres, donde el desbordamiento del río Lebrija dejó completamente inundada la escuela Bocas de la Tigra. Según confirmó el alcalde Darío Buchenicow, la institución sufrió pérdidas totales de mobiliario y equipos.“La escuela la acabó por completo prácticamente; se llevó computadores, pupitres y todos los implementos de cocina del Programa de Alimentación Escolar. Estamos esperando a que baje el agua para poder iniciar trabajos de habilitación”, señaló el mandatario local.De acuerdo con la Alcaldía de Sabana de Torres, cerca de 40 niños permanecen sin clases, debido a la emergencia, mientras se adelantan reuniones del Comité Municipal de Gestión del Riesgo para definir las acciones necesarias que permitan restablecer el servicio educativo.A estas afectaciones se suman las registradas en el municipio de Rionegro, donde el desbordamiento del río también impactó a instituciones educativas rurales. En esta zona, alrededor de 80 estudiantes de cinco sedes se vieron obligados a suspender sus actividades académicas por las inundaciones y las dificultades de acceso.Las autoridades departamentales y municipales continúan con la evaluación de daños y el monitoreo de los niveles del río Lebrija, mientras avanzan las labores para atender la emergencia y garantizar condiciones seguras para el regreso a clases en las zonas afectadas.
La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. Los delitos imputados son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que involucra la acreditación de estudios que habrían sido utilizados para aspirar a un cargo en el Gobierno nacional.De acuerdo con la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo, la investigación determinó que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, atribuidos a Guerrero, habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley. Estos documentos fueron registrados en el sistema oficial de empleo público en agosto de 2025.“Teniendo en cuenta, de acuerdo con la investigación, no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas a saber, por lo menos hasta la hora acreditado en la investigación. (…) Nosotros tenemos, pues lo que tiene que ver con la no expedición de la expedición del título, sino el lleno de registros en la universidad, a donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditara que efectivamente la persona, Juliana Guerrero, presentó, no reunía requisitos porque además de no asistir a la universidad”, dijo la fiscal.Inspección judicial y hallazgos de la investigaciónSegún la Fiscalía, durante una inspección judicial realizada en la universidad se recopilaron registros académicos y administrativos que indicarían que Juliana Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las evaluaciones necesarias para obtener los títulos. La entidad sostiene que, pese a ello, los diplomas fueron expedidos con fecha del 1 de julio de 2025.La imputación también alcanza al secretario general de la institución, señalado como el funcionario responsable de la expedición de los títulos por delegación del Ministerio de Educación. La Fiscalía investiga si existió participación directa en la elaboración o validación de documentos que no cumplían los requisitos legales.La Fiscalía anunció que solicitará medida de aseguramiento domiciliaria contra ambos imputados mientras avanza el proceso judicial. Un juez de control de garantías deberá evaluar la legalidad de la imputación y decidir si procede la restricción de la libertad.El caso tomó relevancia pública luego de que los títulos fueran utilizados para respaldar la aspiración de Guerrero a un cargo viceministerial. Posteriormente, la propia Fundación Universitaria San José anuló dichos diplomas tras concluir que no existía evidencia de actividad académica suficiente.Paralelamente, la representante a la Cámara Cathy Juvinao denunció que al menos 24 títulos expedidos por esa institución presentarían presuntas irregularidades. Según su informe, algunos graduados no habrían presentado la prueba estatal Saber Pro —requisito obligatorio— o lo habrían hecho después de obtener el diploma. La congresista solicitó investigaciones por parte del Ministerio de Educación, la Procuraduría y la Fiscalía.
En Colombia, tener casa propia no significa poder construir sin límites. La ley urbana es clara y, aunque muchos propietarios lo desconocen, una decisión mal tomada puede terminar en sanciones severas, incluida la demolición de parte de la vivienda. El error más común está justo al frente de la casa: el antejardín.La normativa urbanística busca ordenar las ciudades, proteger el espacio público y garantizar un desarrollo equilibrado. Por eso, conocer qué se puede y qué no se puede hacer en un predio es clave para evitar dolores de cabeza legales y económicos.Ley urbana y función social de la propiedad: lo que debe saberEl ordenamiento territorial en Colombia se rige principalmente por la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Esta norma establece que el uso del suelo debe cumplir una función social, ambiental y urbana, y se articula a través de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Entre sus objetivos están:Garantizar el acceso a vivienda y servicios públicos.Proteger el espacio público y el medio ambiente.Prevenir riesgos y desastres asociados a construcciones inadecuadas.Esto significa que, aunque un predio sea privado, su uso no puede afectar el interés general ni el diseño urbano de la ciudad.Por qué la ley prohíbe construir en el antejardínUno de los puntos más vigilados por las autoridades es el antejardín, definido como el área libre entre la línea de demarcación y la fachada de la vivienda. Aunque hace parte de la propiedad privada, el Decreto Nacional 1077 de 2015 lo considera un elemento del espacio público por su función ambiental, paisajística y vial.Según expertos en urbanismo, en estos espacios no se pueden levantar construcciones permanentes. La razón es sencilla: el antejardín aporta ventilación, iluminación, seguridad vial y continuidad al perfil de la calle.Construir sin autorización en esta zona se considera una infracción urbanística, incluso si la obra lleva años en pie.Demolición y sanciones: cuándo puede intervenir la AlcaldíaLas alcaldías locales y entidades como la Defensoría del Espacio Público pueden ordenar el retiro o demolición de construcciones ilegales en antejardines. Esto aplica sin importar la antigüedad de la obra.En algunos casos, el uso del antejardín puede autorizarse, especialmente en zonas comerciales. Sin embargo, se requiere:Permiso de la autoridad local competente.Licencia de construcción vigente.Cumplimiento estricto de la norma urbana.La recomendación es clara: antes de cerrar, techar o ampliar hacia el frente de la casa, es fundamental consultar el POT y solicitar los permisos necesarios. Ignorar la ley puede salir muy caro y terminar con la demolición de la obra.
Hombres armados del ELN atacan a disparos a un helicóptero que intenta entrar al corregimiento de Guamalito, en zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander, para evacuar a un policía herido tras un hostigamiento contra la subestación de Policía.Según reportes preliminares, un francotirador del ELN hostigó la subestación de la Policía Nacional. En medio del ataque resultó herido el subintendente Andrés de la Hoz. El helicóptero que lo evacuará a un centro asistencial de mayor complejidad, no puede aterrizar porque los subversivos lo atacan desde las montañas.
De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.