La ministra de Educación, Viviane Morales, respondió a las críticas que generó un borrador de decreto publicado por esa cartera y que contempla la posibilidad de que entidades privadas, entre ellas iglesias y confesiones religiosas, participen en la prestación del servicio educativo oficial. Frente a los cuestionamientos, la funcionaria aseguró que no se trata de una nueva figura ni de una decisión que modifique de manera abrupta la relación entre el Estado y las organizaciones religiosas.“Nada de decretazo”, afirmó Morales, quien explicó que el proyecto reproduce disposiciones que, según el Ministerio, están vigentes desde hace más de tres décadas. La ministra señaló que la posibilidad de celebrar contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas está contemplada en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentada posteriormente en el Decreto 1851 de 2015. Además, recordó que la Corte Constitucional ha considerado constitucional este tipo de colaboración entre el Estado y las organizaciones religiosas.La controversia surgió luego de que el Ministerio de Educación publicara para comentarios un borrador de modificación al Decreto 1075, relacionado con la prestación del servicio educativo mediante contratos con entidades privadas. El documento plantea las condiciones bajo las cuales las entidades territoriales podrían acudir a particulares cuando no cuenten con la capacidad para garantizar determinados componentes del servicio.En el caso de las iglesias y confesiones religiosas, el borrador establece que las entidades territoriales aportarían elementos como la infraestructura y el personal con el que cuenten, mientras que las organizaciones contratadas podrían suministrar componentes que la administración territorial no pueda garantizar, incluidos apoyos para estrategias de desarrollo pedagógico. El alcance concreto de esa participación es uno de los puntos que ha generado preguntas, especialmente sobre qué actividades podrían asumir las iglesias dentro de los colegios oficiales y hasta dónde llegaría su intervención en los procesos educativos.La reacción de la ministra se produjo después de que Fecode cuestionara públicamente la propuesta. El sindicato de docentes sostuvo que Colombia ha dado durante años una lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado, particularmente frente a la influencia de las instituciones religiosas en la educación públicaFecode advirtió que esa lucha histórica podría estar en riesgo con la propuesta del Ministerio y llamó a conformar un “gran frente unido” contra la reforma al Decreto 1075. El sindicato calificó el proyecto como una reforma que permitiría ampliar la participación de entidades privadas en la educación oficial.
Médicos del hospital La Inmaculada Concepción, en el municipio de Chimichagua, Cesar, confirmaron el fallecimiento del maestro Edwar José Arias Vanegas, de 34 años, quien según las autoridades fue interceptado este martes por hombres armados en una vereda llamada La Victoria, de esa jurisdicción, cuando se movilizaba en un carro particular junto con su hijo hacia Valledupar, al parecer para asistir a una cita médica que tenía agendada el menor de edad.La Policía informó que el caso ocurrió pasadas las 6:30 de la mañana, cuando el docente salía de su población natal, y se abrió una investigación para determinar las razones detrás de su atentado y quienes lo llevaron a cabo. No obstante, el episodio está siendo ampliamente rechazado en todo el departamento.La gobernadora Elvia Milena Sanjuan entregó sus condolencias a los familiares y “pidió a las autoridades enviar unidades investigativas al lugar, para dar resultados en encontrar al responsable del caso”.Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) dio a conocer que Arias Vanegas era “reconocido y admirado en su municipio y en la región por su trabajo y dedicación”. Escribieron por sus redes sociales que era “docente de Matemáticas, Física y Estadística. Además, fue docente en la institución educativa Santa Teresita y coordinador de la Institución Educativa La Inmaculada y coordinador del SENA, en Chimichagua, Cesar”.“Manifestamos nuestro rechazo y profundo dolor ante el asesinato del compañero docente Edward Arias, cuando se desplazaba desde Chimichagua hacia Valledupar. Exigimos a las autoridades responsables todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido. Enviamos nuestro abrazo solidario a su familia, allegados y comunidad educativa”, se puede leer en sus redes sociales.Luto en el magisterioFinalmente, la junta directiva de Aducesar describió que el crimen “enluta al magisterio cesarense” y exigió mayor celeridad para las investigaciones, garantizando además que los implicados sean llevados ante la justicia evitando así que esto quede en la impunidad”.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) avanzaron en una mesa de trabajo para ajustar la implementación del modelo de salud de los docentes, tras las protestas del 15 de abril que exigían soluciones urgentes a las fallas en la prestación del servicio.De acuerdo con el FOMAG, fue su vicepresidente Herman Bayona, quien presentó un diagnóstico detallado del sistema y anunció medidas para recuperar su funcionamiento. Entre ellas, se encuentran la integración de la red de prestadores de servicios de salud contratadas por el magisterio, mejoras en la plataforma HORUS, que es el principal sistema a través del cual el FOMAG gestiona los servicios de salud de sus beneficiarios, y la adopción de controles más estrictos para garantizar el uso de los recursos.“Dentro de estos compromisos creo que el más importante de todos es un cronograma y una fecha o un periodo que corresponde a dos meses para lograr la contratación, así como un plan para lograr una atención adecuada en los nuevos departamentos”, afirmó Bayona. El vicepresidente del FOMAG insistió en la urgencia de implementar el Acuerdo 003 de 2024, que desde su creación pretende agilizar todas las medidas para garantizar la continuidad del servicio.Uno de los puntos clave en la reunión fue la creación de una subdirección de supervisión que permitirá hacer auditorías más rigurosas al flujo de dinero y a los procesos de contratación. También se plantearon avances en la contratación y en una nueva ruta técnica para mejorar la información del sistema, con énfasis en priorizar la red pública de salud. Además, Bayona anunció posibles cambios en la entrega de medicamentos en regiones como Bogotá, Cundinamarca, Meta y Chocó, donde ya se han asignado nuevos gestores.Resultados de la reuniónComo resultado de la reunión, ambas partes acordaron construir un plan de seguimiento por departamentos, concertando con los sindicatos regionales, para atender también a las diferencias territoriales del sistema. Desde la Fiduprevisora, su presidenta encargada, Roda Dory Chaparro, reiteró el compromiso de mantener el diálogo con los docentes y avanzar en la implementación del modelo.Esta mesa de trabajo se dio después del paro nacional de maestros convocado por Fecode ayer, 15 de abril, que incluyó movilizaciones en varias ciudades del país. Los docentes se encontraban protestando principalmente por las fallas en el sistema de salud del magisterio, como demoras en citas, falta de medicamentos e interrupciones en tratamientos. La jornada también estuvo marcada por reclamos sobre el cumplimiento de acuerdos laborales y la necesidad de ajustes urgentes al modelo implementado desde 2024.
Así como en varias ciudades principales del país, en Medellín habrá movilizaciones este miércoles en medio del paro nacional de maestros promovido por Fecode.En el caso particular de la capital antioqueña, uno de los principales motivos para la concentración tiene que que ver con la preocupación frente a las dificultades que persisten en el modelo de atención de salud implementado por el Fomag y la Fiduprevisora para el Magisterio desde el 1 de mayo de 2024.Kerton Palacios, directivo y veedor de Salud de la Asociación de Educadores de Medellín, aseguró que siguen las demoras en procedimientos, en la entrega de medicamentos y barreras para la cobertura."El modelo no despega. Hoy encontramos las mismas situaciones desde que empezó en el veinte o veinticuatro, que hay inoportunidad en la atención, encontramos las barreras de acceso, los contratos no existen", afirmó el directivo.De igual manera, el cese de actividades de 24 horas está motivado por incumplimientos en materia de prestaciones sociales como pensiones y cesantías, recursos vitales para cientos de educadores."Maestros están pensionados y pasa hasta un año para que le llegue su pensión. A muchos docentes no les han pagado los intereses a las cesantías correspondientes al 2025. Uno hace una solicitud de cesantías faciales y demora un montón de tiempo", explicó Palacios.La movilización en la ciudad está programada para las 10:00 de la mañana a las afueras de la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, desde donde tomarán la carrera Girardot hasta la avenida La Playa y encontrar la avenida Oriental.Posteriormente, la marcha se dirigirá hacia el sur y se realizará un plantón cerca de la iglesia San José. Luego girará hacia occidente tras encontrar la avenida San Juan, para finalizar sobre el mediodía en el Parque de las Luces.Autoridades de seguridad y del Ministerio Público, en cabeza de la Personería, acompañarán el recorrido, así como habrá un Puesto de Mando Unificado para atender cualquier requerimiento durante la jornada.
Este miércoles 15 de abril, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) movilizará a miles de docentes de varias regiones del país. La jornada de paro nacional busca manifestarse en contra del sistema de salud del magisterio y exigir el cumplimiento de compromisos laborales, lo que sería un golpe a la movilidad debido a marchas y concentraciones, especialmente en las principales ciudades del país.La decisión fue tomada luego de la Junta Nacional del gremio, en la que se manifestó la continuidad de dificultades que impactan las condiciones de trabajo y el bienestar de los docentes.¿Cuáles vías cerrarán por el paro nacional de Fecode?De momento no se ha confirmado exactamente dónde serán los cierres viales debido al paro nacional de maestros de este 15 de abril; sin embargo, sí han advertido cuáles serán los focos de concentración en las principales ciudades del país, lo que podría ser útil para la ciudadanía y así evitar afectaciones en la movilidad.Entre los principales puntos de concentración anunciados están:Bogotá: Parque Nacional (9:00 a. m.)Medellín: sede de Adida (10:00 a. m.)Barranquilla: Alcaldía de Soledad (8:00 a. m.)Bucaramanga: carrera 27 con Puerta del Sol (8:30 a. m.)Cali: estación del Ferrocarril y Parque Nacional (9:00 a. m.)Ibagué: Casa del Maestro (8:00 a. m.)Manizales: sector El Cable (9:00 a. m.)¿Colegios tendrán clase este 15 de abril?Las manifestaciones de maestros volverán a afectar el calendario académico de los niños y jóvenes colombianos. La medida surge por las diferencias entre el magisterio y la gestión del Gobierno Petro en el tema de salud.Ante ello, la educación es un sistema regulado por el Estado, en el que se integran las instituciones públicas y privadas. De ese modo, la organización solicitó un cese de actividades durante 24 horas en todo el territorio nacional, lo que implica la suspensión de clases en colegios públicos durante este periodo.De hecho, la concentración en distintos puntos de las principales ciudades del país afectará a más de 6,7 millones de estudiantes en Colombia que reciben educación básica y media.Por su parte, los colegios privados dependen de recursos propios, más que del Estado, por lo tanto su administración es independiente, lo que permite que no estén obligados a acogerse a paros sindicales; en ese panorama, estas instituciones sí tendrían clase con normalidad.Sin embargo, vale señalar que si un colegio en específico decide sumarse al paro, lo puede hacer. De hecho, en oportunidades anteriores, los colegios privados se han visto obligados a suspender clases debido a afectaciones en movilidad ocasionadas por otras manifestaciones.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó su participación en las marchas de este jueves, convocadas en respaldo al Gobierno nacional por todo el revuelo del salario mínimo.El presidente de Fecode, Domingo Ayala, explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la decisión fue adoptada tras una reunión de la federación y sus sindicatos filiales.Según indicó, el objetivo central es defender el concepto de “salario mínimo vital”, una figura que, afirmó, está respaldada por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el marco constitucional colombiano.La movilización en Bogotá está prevista para la tarde, aunque en otras regiones del país algunos sindicatos afiliados realizarán marchas en horas de la mañana. En la capital, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), filial de Fecode, saldrá hacia la Plaza de Bolívar desde las 2:00 de la tarde.¿Por qué saldrá a marchar Fecode?Aunque la mayoría de sus afiliados no devenga el salario mínimo, la organización sindical asegura que su presencia en las calles responde a un principio de solidaridad con los trabajadores que sí dependen de ese ingreso básico.Ayala reconoció que los docentes del sector oficial han logrado mejoras salariales a través de negociaciones colectivas y que ninguno de ellos percibe actualmente el salario mínimo. Sin embargo, insistió en que la federación agrupa no solo maestros, sino también trabajadores administrativos y otros empleados del sector educativo, algunos de los cuales —según afirmó— podrían estar en diferentes condiciones salariales.“Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”, sostuvo el dirigente.El debate surge en medio de la discusión sobre el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno, que fue fijado en 23,7%. Para Fecode, aunque el ajuste representa un avance, no resuelve completamente el rezago acumulado durante décadas. El dirigente sindical aseguró que el propósito debe ser avanzar gradualmente hacia un salario que garantice condiciones de vida dignas, en coherencia con los compromisos internacionales suscritos por Colombia ante la OIT. Actualmente, Fecode agrupa a 34 sindicatos en todo el país y representa aproximadamente a 350.000 afiliados, según cifras entregadas por su presidente.Durante la entrevista también se abordó la participación política de Ayala, quien confirmó su aspiración al Senado por el Frente Amplio Unitario. No obstante, sostuvo que su presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato.
Los padres de familia en el departamento del Chocó se encuentran sumamente preocupados porque aún no saben cuándo iniciará el calendario escolar de 2026, debido a un paro de profesores que hoy tiene en veremos a más de 100.000 niños y niñas.La medida indefinida tomada por el magisterio se debe a que las cuentas fueron embargadas y, por ende, no se pudo hacer el pago del salario correspondiente al mes de diciembre. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, indicó que se buscan soluciones prontas para no afectar el inicio de la temporada escolar.“La crisis que afrontan los docentes del Chocó tiene que ver con el embargo de la Cuenta Maestra de Educación, que, en todo caso, representa para nosotros, para la ley, un escenario de inembargabilidad, precisamente para garantizar el servicio a la educación”, aseguró.Lo que destacan los docentes del departamento del Chocó es que, hasta no tener una solución viable, van a continuar realizando plantones y marchas pacíficas para que las autoridades los escuchen y hagan los pagos correspondientes al mes adeudado.Los maestros aseguraron que van a esperar lo que sea necesario para que las cuentas sean desembargadas y los pagos se normalicen para los más de 4.000 profesores afectados en el departamento.“Están esperando que los juzgados desembarguen las cuentas del departamento. Si no hay una solución, seguimos en pie de lucha. Ciento cuatro mil estudiantes que se van a ver afectados; entonces, más de cuatro mil maestros y administrativos”, manifestaron algunos docentes.De momento, sigue la angustia y la incertidumbre por parte de los acudientes de los menores de edad, pues no se sabe cuánto durará el paro y preocupa a muchos que sea una manifestación prolongada que afecte el normal desarrollo académico de sus hijos o familiares.
Un grupo de docentes adelanta a esta hora una manifestación sobre la calle 26 con carrera 66, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá, lo que ha generado una fuerte afectación en la operación del sistema TransMilenio.Según informó la entidad, desde las 12:35 p. m. la flota troncal no tiene paso por el corredor, lo que obligó al cierre temporal de varias estaciones clave de la troncal Avenida El Dorado.¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio cerradas?Las estaciones El Tiempo - CCB, Salitre - El Greco, CAN, Gobernación de Cundinamarca y Quinta Paredes suspendieron su operación de manera preventiva mientras persista el bloqueo. Entre tanto, los buses troncales están realizando retornos operacionales en Corferias y Avenida Rojas, lo que ha generado retrasos y mayores tiempos de espera para los usuarios que se movilizan entre el occidente y el centro de la ciudad.De acuerdo con la información conocida, la manifestación está relacionada con diferencias entre profesores y el Distrito. Entre las razones expuestas por los participantes se encuentran inconformidades por acuerdos que, según denuncias, no se han sentido desde el paro anterior. También se mencionan temas asociados a incapacidades, seguridad en el aula, seguridad para los estudiantes y asuntos laborales como los compensatorios por trabajos en casa.Mientras continúa el bloqueo, las estaciones mencionadas permanecen fuera de servicio y la operación troncal en la zona se mantiene con desvíos y retornos. El sistema recomendó a sus usuarios prever sus desplazamientos y tener en cuenta posibles demoras hasta que se restablezca el paso por la Calle 26 con Carrera 66. Por el momento, no se ha informado una hora estimada de normalización.
Después del paro nacional del 30 de octubre, la maestra de Fecode Martha Alfonso informó en diálogo con Blu Radio que el Gobierno nacional convocará una reunión interministerial en los próximos días para revisar los avances en el plan de contingencia del sistema de salud del magisterio. En el encuentro participarán los ministerios de Educación, Trabajo, Hacienda y Salud, junto con la Fiduprevisora y el Fondo del Magisterio (Fomag).Según Alfonso, la reunión busca hacer seguimiento a las medidas que se vienen aplicando desde hace dos meses, como la implementación del tarifario dinámico para controlar los costos de los servicios médicos, la contratación de nuevos prestadores de primer nivel y el cambio de auditoría, con el fin de fortalecer los controles en diagnósticos y pagos.La vocera explicó que, aunque se han resuelto algunos aspectos, aún persisten dificultades en la entrega de medicamentos, los reembolsos y los viáticos, temas que motivaron la jornada de protesta del magisterio. “Nuestra exigencia es que haya mucha más funcionalidad en el modelo, porque son seis meses tratando de resolver estos puntos sin una salida definitiva”, señaló Alfonso.Asimismo, recordó que la Superintendencia Nacional de Salud mantiene la intervención temporal del sistema, la cual se extenderá por tres meses más para adelantar acciones de seguimiento y ajustes en la red de atención.Fecode continuará participando en las mesas técnicas con la Fiduprevisora y el Fomag para hacer seguimiento a los compromisos asumidos. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si las medidas implementadas logran estabilizar el servicio de salud para los docentes y sus familias.
En Bogotá y otras ciudades del país continúan las movilizaciones de maestros afiliados a Fecode, quienes exigen soluciones a los problemas del nuevo modelo de salud del magisterio. Aunque la organización sindical responsabiliza a la Fiduprevisora por las deficiencias en la prestación del servicio, desde la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio EDUSalud sostienen que el origen de la crisis está en las decisiones del Gobierno.En diálogo con Blu Radio, Dimas Andrés Arias Núñez, vocero de EDUSalud, señaló que el nuevo esquema ha generado barreras en la atención y sobrecostos en la operación del Fondo del Magisterio (Fomag). Según Arias, entre septiembre y octubre el Fomag registró sobrecostos de más de 450.000 millones de pesos, una cifra que dice supera los promedios informados al Gobierno.El vocero agregó que el modelo actual está afectando la sostenibilidad financiera del fondo y que las decisiones que llevaron a su implementación fueron adoptadas directamente por el Ejecutivo. “Este esquema fue impuesto por el Gobierno. Desde el 18 de octubre de 2023, el presidente anunció que no firmaría los contratos anteriores, y meses después se adoptó este nuevo modelo. Por eso el responsable directo no es la Fiduprevisora, sino el Gobierno”, señaló Arias.Aunque reconocen la representación sindical de Fecode, desde la veeduría cuestionan la postura de su dirigencia frente al tema. “Fecode siempre fue una organización crítica de las decisiones de los gobiernos, pero hoy sus directivos están alineados con el Ejecutivo”, indicó Arias, quien aseguró que el magisterio necesita una respuesta más firme ante la crisis.Sobre un posible paro indefinido, Arias explicó que su organización no tiene la capacidad para convocarlo, pero pidió a Fecode tomar la iniciativa. “Nosotros no podemos hacerlo solos, pero sí exigimos que el comité ejecutivo convoque un paro indefinido para defender nuestro derecho a la salud”, afirmó.En cuanto a las soluciones, el vocero fue enfático: el actual modelo “no tiene arreglo”. Según él, el esquema anterior, aunque imperfecto, podía mejorarse. “El modelo de ahora cambió todo: la forma de contratar, de acceder a los servicios y de administrar los recursos. Los costos administrativos se dispararon y eso afecta directamente la atención a los maestros”, concluyó.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
