De prosperar esta acción, los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio deberán buscar otros mecanismos para escoger a los candidatos de sus respectivas coaliciones, o que todos estos aspirantes lleguen solos a la primera vuelta del 31 de mayo.
La denuncia de Enciso habla de la relación familiar entre dos altos funcionarios y el exdirector de la entidad, Juan Carlos Muñiz; así como lo que sería la firma de un convenio interadministrativo por valor de $22.000 millones.
Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.
Actualmente, la remuneración de los congresistas se compone de un sueldo básico, los gastos de representación y la prima especial de localización, vivienda y salud.
La propuesta sería acogida inicialmente por 17 gobernadores quienes presentarán tutelas, oficios a la Corte Constitucional y no aplicarán los nuevos impuestos decretados por el Gobierno, especialmente en materia de licores.
Entre los proyectos que quedarían sin recursos se encuentran la adquisición y renovación de sistemas de seguridad, arcos detectores de metales, equipos antiexplosivos, sistemas antidrones, entre otros.
Mientras que el senador y hoy candidato presidencial gastó aproximadamente $964 millones de pesos, más que todo en publicidad; la exministra de Salud y hoy cabeza de lista al Senado gastó aproximadamente $1.428 millones.
El congresista también presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso para que convoque, a la mayor brevedad, la sesión de debate de control político sobre el decreto de declaratoria del estado de excepción.
Según la solicitud presentada por el exregistrador delegado y abogado, Nicolás Farfán, las listas presentadas habrían superado el tope del 15 % para realizar coaliciones y, en algunos casos, habrían desconocido los resultados de la consulta del 26 de octubre de 2025.
Mediante varias solicitudes de prórroga por parte del gabinete ministerial, el Gobierno no ha respondido el cuestionario con el que se busca expliquen los motivos para declarar el estado de excepción luego del hundimiento del proyecto de ley de financiamiento.
En el documento, Valencia y Vallejo señalan que con la emergencia se reemplaza la competencia constitucional del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación democrática, el debido proceso, la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las funciones de los congresistas.
La autoridad electoral rechazó por improcedentes los argumentos presentados por el veedor del Partido Liberal quien señalaba que el partido de los hermanos Galán, como el movimiento de Rodrigo Lara (hoy sin personería jurídica), generaban confusión a los votantes al usar el color rojo, así como la palabra "liberal" o "liberalismo" en su nombre.