La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a cuatro exintegrantes del extinto Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP a una audiencia regional de reconocimiento de verdad que se realizará en Bucaramanga los días 10 y 11 de diciembre.
La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, respondió al gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, tras su rechazo a la medida del Distrito que restringe la movilidad de vehículos matriculados fuera de la capital.
Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia (e), Andrés Idárraga, anunciaron una medida histórica para impedir la producción, desvío y tráfico de fentanilo en el país.
El Congreso de la República aprobó la ley que extiende por diez años más la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que cubren 170 municipios del país priorizados en el acuerdo de paz.
Esta madrugada, la Alcaldía retiró a un grupo de indígenas emberá que intentaba asentarse en el Parque Nacional, reiterando que el espacio público no puede ser ocupado y que hay riesgos para los menores.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia en el municipio de Briceño (Antioquia), donde la confrontación entre disidencias de las extintas Farc y el Clan del Golfo ha puesto en riesgo a la población civil.
La resolución fue firmada apenas 48 horas antes de que estallara el escándalo por presuntas infiltraciones de las disidencias en instituciones del Estado. Aún más, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asegura no conocer el procedimiento de esas designaciones.
La entidad advierte que el uso de facultades presidenciales, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar estrictamente ligado al fin de la violencia y no poner en riesgo la transparencia del proceso de paz.
La operación confirma la capacidad operativa y la estrategia interinstitucional para atacar la cadena criminal desde la extracción hasta la comercialización.
Autoridades de Colombia y Brasil desarticularon una estructura criminal que extraía oro por USD 9,3 millones mensuales del río Puré, afectando ecosistemas y comunidades indígenas.
El general (r) Mauricio Santoyo, excomandante del Gaula en Medellín, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se le otorgue la libertad condicional.